De cara a las elecciones legislativas, el poder económico empezó a meterse en terreno político adquiriendo lugares y cercanías respecto del Gobierno y la oposición. Con las candidaturas aún no del todo definidas, el establishment atraviesa un momento de dispersión que responde a diferentes factores: la situación de la economía, la ideología y la memoria fresca de la herencia del gobierno de Mauricio Macri. Este último factor explica que, aun con críticas al gobierno de Alberto Fernández, sobre todo los sectores pyme sigan alejados de la oposición. Pero las relaciones y tensiones no tienen que ver con votos sino con la disputa por los modelos.

Cuentan los que charlan con Luis Betnaza, mano derecha de Paolo Rocca en la Unión Industrial (UIA), que fue él el ideólogo del quiebre de paz de la casa fabril con el Gobierno. “Para Techint, Argentina no es un mercado más, es un proyecto social, político”, les explica a sus colegas cada vez que puede, cuando le preguntan por qué el holding tiene tanta obsesión por discutir poder con la política.

Betnaza, que aún se autocalifica como “radical de la UCR”, fue el cerebro de una UIA combativa, por los fines antes expresados. Comandó, casi en soledad, un armado de cúpula que puso a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) a manejar la central fabril. En esa entidad el 80 por ciento son pymes, pero el poder lo tienen los grandes. Daniel Funes de Rioja, quien reemplazó en el sillón de mando al aceitero negociador Miguel Acevedo, debutó con un discurso que tomo por sorpresa al Gobierno. Criticó la carga impositiva y la imposibilidad de despedir, y no hizo referencia a la ayuda estatal ni al perfil fabril actual. Fue un antes y un después. Varios ministros se juntaron a charlar del tema y respondieron a su manera. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, fue crítico con el mensaje. Lo propio hizo el titular de Hacienda, Martín Guzmán, en una reunión del Cicyp.

El resultado, tensa calma, pero lejos de la afinidad de antaño. Hay quienes en el Gobierno, inclusive, empezaron un proceso de “desarmado” de cámaras empresarias, encarando diálogos directos con cada sector. Tal es el caso de los metalúrgicos de ADIMRA, los textiles de Pro Tejer, la Federación de Madereros (FAIMA), la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) y buena parte de las entidades con pie fuerte en el interior.

En mayor sintonía de idea y modelo con el Gobierno están el sector automotriz y los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Daniel Herrero, titular de la cámara de fabricantes ADEFA y jefe de Toyota, se transformó en el interlocutor perfecto. Juntos armaron un plan de exportación de autos y lograron que se quiten retenciones a exportaciones de excedentes. Con ese perfil negociador, alejado de la guerra que sólo comparten con un sector del agro, entendieron que la dinámica para conseguir cosas debía ser diferente.

El rubro tuvo un cabo suelto curioso que sorprendió incluso a los propios. Pablo Sibila, de Renault, aseguró que “al país le faltan dólares y necesita previsibilidad”. No gustó la posición ni en el Gobierno ni el sector, por lo cual hubo llamados para apaciguar. El mismo dirigente había admitido que los números de los autos son mejores que en la pre pandemia.

Con los constructores la relación es fluida y los datos acompañan. La actividad de los ladrillos se mueven a ritmo récord, aun con retrocesos intermensuales que desde el Gobierno y los privados atribuyen a la segunda ola de pandemia. Entre los ladrilleros hay otro negociador identificable, que se sienta a la mesa: el titular de Camarco, Iván Szczech, que se edificó como un hombre de consulta y participación en las convocatorias del Presidente. 

El autoproclamado "campo", en tanto, sigue en general vinculado a Juntos por el Cambio, pero el Gobierno tiene una visión sobre ese nexo. Un campo partido en dos. Si bien incluso en el Consejo Agroindustrial Argentino -que reúne a los exportadores de CIARA-CEC (la cámara aceitera y los exportadores de cerelaes), parte de la UIA y la Mesa de Enlace, además de economías regionales- hay enojos por demoras en proyectos como la ley de exportación de productos procesados, siguen sentados a la mesa. Ese proyecto en concreto ya está terminado, aprobado y se le está midiendo la potencialidad de ser votado en el Senado. Pero en el resto de los temas siguen con un diálogo más que fluido.

El ejemplo más claro fue el tema del cepo para exportar carne, donde en la mesa de debate con el Gobierno se sentaron casi siempre el titular del consorcio ABC, Mario Ravettino, el jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, y el titular de CIARA, Gustavo Idigoras. Ese grupo que comanda el Consejo Agroindustrial no tiene obsesión de gobernanza, sino de conseguir beneficios en base al diálogo.

El problema que el Gobierno no logra encauzar es el del "campo". La convocatoria a una marcha en San Nicolás el 9 de Julio, armada por la agrupación Campo más Ciudad, del exministro Luis Miguel Etchevehere, tuvo a Patricia Bullrich entrando a caballo y probó ser la plataforma que sostiene la pata ultra de Cambiemos. Con ese sector el Gobierno tiene un diálogo casi imposible de encauzar. Allí domina la oposición.

Pero ese polo de disputa política no sólo es una piedra en el zapato para el Ejecutivo, sino también para la institucionalidad rural. Hablaron el 9 de Julio los cuatro titulares de la Mesa de Enlace, casi obligados por esas bases ultras a endurecer el discurso contra el Gobierno.