Al cumplirse dos mil días de detención de la dirigente Milagro Sala, una comitiva de varios organismos de Derechos Humanos encabezada por integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre el “grave nivel de violencia institucional" que se verifica en la provincia y deploró la aplicación del código contravencional local “para controlar o reprimir cualquier manifestación que se organice”.
Las organizaciones llegaron a la provincia el jueves para denunciar los dos mil días que Sala lleva detenida, situación por la que la consideran como "una presa política", al igual que otros integrantes de la agrupación Tupac Amaru. “Hemos identificado como marca específica en esta provincia el uso del código contravencional para controlar o reprimir cualquier manifestación que se organice”, relató el director del CELS Diego Morales, tras encabezar una última jornada de trabajo junto con representantes de ATE-CTAA, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y del Movimiento Villero Alberto Balestrini. En la reunión se recibieron denuncias por parte de distintos sectores políticos y sociales de Jujuy.
Morales agregó que “hay situaciones en las cuales vecinos que se organizaron para defender su territorio fueron criminalizados y reprimidos, como sucedió en el barrio de Campo Verde, donde se ejerció violencia institucional contra ciudadanos que intentaron defender un espacio de encuentro”. Y lamentó que en esos hechos se haya intentado involucrar a Sala, quien recibió una imputación por una supuesta instigación “cuando en realidad fue un episodio de represión y lo que hay que investigar son los abusos policiales”.
También detalló que hay situaciones de violencia institucional contra comunidades indígenas al intentar desalojarlas de sus territorios ancestrales, así como contra vendedores ambulantes y trabajadores a los que se les aplicó el código contravencional o el silencio. “Lo que vemos es que los resortes institucionales de protección de derechos tienen debilidades, eso algo importante de destacar y será importante lo que podamos generar”, resumió Morales al exponer volverán a la provincia para relevar más testimonios y solicitar reuniones con autoridades.
María José Cano de ATE-CTAA afirmó además que la comitiva se lleva una lectura de "un avance violento del Gobierno local sobre el pueblo jujeño" y que "se debe frenar esa violencia institucional”. Y Berta Lozano, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseguró que “hay una sistematización de la violencia en Jujuy", no solo contra Sala: "Existe un avasallamiento de los derechos humanos, sobre el cual el Gobierno nacional tiene que intervenir y dar una respuesta", sostuvo Lozano.
“Se están atacando de diferentes formas todas cuestiones que puedan salir a la luz. Hay una clara decisión política por silenciar a todo aquel que piense de forma diferente. Esto se tiene que visibilizar a nivel nacional”, exhortó finalmente, Miguel Meira, referente de APDH La Matanza.
