En medio del reclamo por el mejoramiento de los caminos y de las condiciones de habitabilidad, habitantes del Valle de Acambuco, en el extremo norte de Salta, recordaron el caso de una niña que hace 11 años perdió el brazo debido al mal estado de los caminos, que impidió a sus padres llevarla a un centro sanitario con la urgencia que requería su caso luego de que fuera mordida por una víbora. 

Luis Rivero, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), recordó que hace 11 años, Noelia Alvarado, una niña, que en aquel momento tenía 3 años, fue mordida por una yarará, “y como era verano y estaba lloviendo, las rutas estaban intransitables”. “Allá caen dos gotas y ya no entra ni sale nadie”, acotó.

El dirigente detalló que para salvarle la vida, la madre de la niña debió practicarle un “torniquete”, “y como tardaron horas y horas para llegar al hospital, debieron amputarle el brazo para salvarle la vida”.

Rivero contó que ya desde ese momento comenzaron los reclamos para mejorar esos caminos “y la empresa (Panamerican) se comprometió a llevarla a Estados Unidos para hacerle una prótesis, pero nunca más aparecieron ni dieron una respuesta”. El referente denunció a su vez que tampoco ayudaron a la familia de la niña para trasladarla a hacer los controles médicos de rutina, ni en los medicamentos que necesitó.

“Ella terminó séptimo grado de abanderada y ahora va a segundo año y sigue portando la bandera”, dijo orgulloso Rivero, que conoce a la niña porque su pareja es su madrina, “es re estudiosa, y su sueño es ser enfermera, aunque en estas condiciones y sin clases le va a ser difícil”, lamentó.

Rivero explicó que la mayoría de los lugareños son pequeños productores, pero que debido a las condiciones de la ruta provincial, “no pueden sacar sus productos a la ciudad para vender”, y describió cómo algunos de ellos lograron cultivar y cosechar hasta 10 hectáreas de choclo, “y no pudieron sacar a vender ni una docena a Tartagal, porque los caminos están imposibles”.

El referente de la UTT local resaltó que a pesar de todo lo sucedido, y de más de 15 años de reclamos, “hoy los caminos están peor que en aquella época”. “No sé por qué le dicen ruta”, sostuvo. “Ese camino lo hicieron los madereros hace 30 o 40 años atrás, y la empresa lo usa, pero solo le mete una niveladora cada tanto, que sirve para sus camionetas cuatro por cuatro, pero no pasa otro vehículo”, agregó.

Además, contó que Panamerican necesita cada vez menos operarios en la planta, “porque a través de la fibra óptica, que utilizan solo ellos, la hacen todo con computadoras”. También señaló que muchas veces, para transitar esos cerros se necesita permiso, “si es una ruta provincial ¿por qué tenés que pedir permiso a la empresa para circular?”, preguntó.

Por otro lado, aseguró que la empresa no respeta los acuerdos con el municipio, que tampoco hace mucho para que cumpla, “está comprometida a aportar un porcentaje de lo que produce para salud, caminos y educación”, asintió, “pero les dan guita para los intendentes, que no hacen nada”.

“La plata de Salta sale de nuestro departamento, que es el único que produce hidrocarburos, y, sin embargo, somos los más pobres y olvidados”, reclamó el dirigente de la UTT. Y con respecto a la posible salida al conflicto, afirmó que no será ningún político el que lo destrabe, “ahora quieren aparecer todos para ganar votos, y acá la gente está re caliente con eso”.

“Les dijimos a todos que no vayan, que no los vamos a dejar pasar, nadie va a pasar, porque cada uno quiere llevar agüita para su costal”, espetó Rivero, y añadió que a todos los habitantes les cayeron muy mal las declaraciones de Zigarán apuntando a que una pelea entre vecinos terminó con el incendio de los dos vehículos. “Él no estuvo en la represión, así que no puede hablar, además son todos familias, algunos estaban en la protesta, y otros no estaban en el lugar, no se pueden quemar los autos entre ellos”, explicó.

Por último, Rivero confió en que ahora se van a reparar tanto la escuela como los caminos, pero quieren que “quien corresponda se haga cargo de la devolución de los vehículos, porque acá la gente se la pasa trabajando y juntando sus pesos para poder llegar a comprarse un autito”.

“Se van a tener que hacer cargo entre la empresa y la provincia”, expresó, y describió que en diálogo con el fiscal Armando Cazón, éste le reconoció que él había pedido el desalojo el miércoles, “pero el juez ordenó el desalojo 24 horas después, es decir, reprimieron el miércoles, pero la orden salió el jueves”.

Según Rivero, en su visita a la zona, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, se llevó las imágenes que registraron las cámaras de la empresa, “ahí está la verdad y sabemos que se va a aclarar, y que la policía fue la que provocó los incidentes y quemó los autos", aseguró.

Ausencia estatal 

Los más de 3.000 pobladores de aquellos parajes del Valle de Acambuco, que integran el municipio intervenido de Aguaray, en el departamento San Martín, reclaman por décadas de ausencia estatal. Allí, el lunes pasado tomaron la decisión de volver a cortar la ruta provincial 46, en el ingreso a la petrolera multinacional Panamerican Energy, como lo habían hecho en abril, para reclamar que la provincia haga las refacciones necesarias en el establecimiento educativo y mejore los caminos de acceso, para de esa manera poder dar inicio al año lectivo.

El corte en el ingreso de la petrolera recibió la represión como respuesta del gobierno y la justicia, que enviaron Infantería dos días después para que la empresa pueda seguir produciendo, y mientras los vecinos manifestantes huían para esconderse en el monte y luego refugiarse en la escuela, dos automóviles se incendiaron completamente, un policía fue herido de gravedad en uno de sus ojos, y fue detenido un habitante de la zona.

En principio, el parte policial apuntaba a los manifestantes como quienes habían prendido fuego los vehículos. Pero los pobladores del lugar aseguran que fueron los mismos efectivos los que lo hicieron, “fue la policía, como represalia por negarse a retirarse del corte”, afirmó convencida la vecina Vilma Muñoz. “Delante de todos les prendieron fuego y todos lo vimos”, añadió. Y luego explicó que uno de los dos autos es de propiedad de su hermano, que estaba en el reclamo, y razonó que es poco probable que alguien decida atentar contra su propiedad.

Tras lo sucedido, primero visitaron la zona algunos políticos para intentar calmar un poco los ánimos pero sin éxito. Uno de ellos, el concejal de Aguaray Sergio Nieva, dijo a Salta/12 que quienes estaban en la zona ya no querían escuchar promesas, sino respuestas concretas por parte de los funcionarios municipales y provinciales. Y el viernes recorrieron el lugar el fiscal a cargo de la investigación, Armando Cazón, junto a integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el comisario local. “Pero del gobierno solo vino gente del Ministerio de Seguridad”, relató el edil.

Mientras tanto, el interventor de Aguaray, Adrián Zigarán, sigue apuntando a que es un conflicto provocado por la política y que los pobladores de Macueta y Acambuco “están siendo víctimas de una operación”. Pero los vecinos dicen que el interventor ni siquiera fue hasta allá, por lo que no conoce los hechos de primera mano.