En mi computadora portátil tengo una carpeta que se llama “Mesa de Trabajo OTBN”. La sigla OTBN, como casi todos saben en Salta, quiere decir Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, una exigencia de la Ley Nacional 26.331 (Ley de Bosques). Esta ley fue sancionada en 2007 con la idea de regular la protección, enriquecimiento, restauración, utilización y manejo de los bosques nativos y de los servicios ambientales producidos por ellos. La idea de la Ley de Bosques, como su nombre lo sugiere, era proteger nuestros bosques nativos del avance indiscriminado de la mal denominada “frontera” agropecuaria, un eufemismo con el que muchas veces se camuflan los desmontes, la especulación inmobiliaria, la dependencia de los mercados externos, el desplazamiento de comunidades indígenas, la expulsión de familias criollas y la degradación ambiental.

La Ley de Bosques obligaba a las provincias a realizar procesos participativos para clasificar sus bosques de acuerdo a tres categorías de conservación: categoría I (alto valor de conservación), categoría II (valor de conservación medio) y categoría III (bajo valor de conservación). Las categorías se debían representar en un mapa mediante los colores rojo, amarillo y verde, respectivamente, y al mapa había que actualizarlo a los 5 años. El proceso de OTBN de Salta fue complejo y polémico, pero esa es otra historia[1]. Como Salta aprobó su mapa en el año 2009 (mediante Decreto 2.785, reglamentario de la Ley Provincial 7.543 del 2008), la primera revisión tocaba en el 2014.

Ese año el gobierno de Salta convocó con mucha pompa a una Mesa de Trabajo para la Revisión del OTBN. Como miembro del sistema nacional de ciencia y técnica fui invitado a participar y aquí volvemos a mi computadora, porque lo primero que hice fue crear la famosa carpeta, con una sub-carpeta que denominé: 2014. En esa sub-carpeta languidece todavía el email de la invitación, las contribuciones que hicimos en aquel entonces con varios colegas, una que otra presentación de Power Point y mapas de Salta, ya muy desactualizados, que muestran el avance de los desmontes hasta esa fecha. De esa primera mesa no surgió ningún mapa revisado porque, como decían los funcionarios de aquel entonces, “el mapa no se toca”. La contradicción entre esa consigna y el nombre mismo de la mesa, cuyo objetivo era precisamente revisar tal mapa, no parecía incomodarlos demasiado.

Cuando la semana pasada recibí la ya clásica invitación anual para participar de la última edición de la mesa, me apresuré a crear una nueva sub-carpeta a la que le puse un nombre muy evocativo: 2021. Esta nueva sub-carpeta se suma a 2014 pero también a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Mi injustificado optimismo, siempre en lucha con mi escepticismo profesional, me decía al oído izquierdo: la séptima es la vencida. Decía séptima y no octava a pesar de las 8 sub-carpetas que ya tengo en mi computadora porque la del 2020 quedó vacía por las razones globales que no vienen al caso invocar.

La primera reunión, hecha de manera virtual por las mismas razones, no empezó bien. Por empezar, una importante organización ambientalista internacional decidió no participar aduciendo que no están dadas las condiciones, que los desmontes ilegales, que ellos ya lo habían advertido, que esto y que lo otro. Todas razones muy atendibles que puedo compartir, pero un poco incoherentes teniendo en cuenta que en el 2009, junto a otras organizaciones también supuestamente ambientalistas, terminaron adhiriendo al mapa elaborado por el gobierno de Salta de aquel entonces, el que permitía desmontar más de un millón de hectáreas, abandonando sin sonrojarse su intensa campaña previa en la que reclamaban cero desmontes y se negaban a aceptar ni una hectárea más.

Cuando tomó la palabra el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, engalanado como siempre por su poncho salteño al hombro y ahora con barbijo al tono, lo primero que pidió fue abandonar los “fanatismos” que, según él, enfrentarían sin esperanza de reconciliación a conservacionistas con productivistas y amenazarían lo que él considera el objetivo de su gestión: “producir conservando” o “conservar produciendo”. No digo que no haya ningún fanático suelto con acceso a los medios de ambos bandos, pero nosotros no lo encontramos y eso que lo buscamos con tesón científico en un estudio que hicimos en el año 2019. Por el contrario, luego de entrevistar a funcionarios del gobierno, productores grandes y pequeños, académicos, ambientalistas y organizaciones que trabajan con comunidades indígenas y familias criollas, llegamos a la conclusión de que en Salta no existen dos posiciones irreconciliables en relación con la deforestación, la producción agropecuaria y el desarrollo. Por el contrario, identificamos cuatro perspectivas sociales diferentes entre sí, ninguna tan simplista como parecen creer el ministro y apuesto que también los de la organización ambientalista que no apareció, sino todas bastante complejas, con elementos de producción y conservación, de acceso a mercados locales y exportación sustentable, de protección ambiental y preservación de la diversidad cultural.

Luego de la arenga del ministro arrancó el sufrido equipo técnico que, sabiendo o sospechando que sus cargos penden de un hilo, se apresuró a alertarnos de que lo único que podemos hacer en realidad, dadas las circunstancias etcétera, son sólo algunos “retoques” al mapa aprobado hace más de una década. Mi escepticismo profesional se reía en mi oreja derecha: te lo dije. Como demostramos en otra publicación realizada en el 2017, en el Chaco salteño hay conflictos por la tenencia o el uso de la tierra que ocupan casi el 40% de toda la superficie. En ese trabajo decimos que es muy cuestionable pintar los bosques de distintos colores y autorizar usos y abusos antes de saber quiénes son los legítimos dueños de la tierra, tal como sucede en cualquier juicio sucesorio que se precie, en el que los herederos no pueden hacer uso del bien en cuestión mientras dicho juicio no termine. Mi optimismo injustificado no podía creer que se vaya a desperdiciar otra excelente oportunidad para incluir por fin estos conflictos en el mapa, siendo que la Ley de Bosques pide considerar el “valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura”.

Finamente, y más allá de todas las consideraciones técnicas o metodológicas, creo que la pregunta del millón es y siempre fue: ¿hay voluntad política en el gobierno de Salta para proteger los bosques nativos de la provincia? En el 2017 unos investigadores extranjeros lo creyeron así y publicaron un trabajo con supuesta evidencia de que los desmontes en Salta y otras dos provincias (Chaco y Santiago del Estero) habían disminuido como consecuencia de la buena gestión de los respectivos gobiernos provinciales. Extrañados por esta conclusión que a nosotros nos parecía más bien traída de los pelos, publicamos otro trabajo refutando esos argumentos y demostrando que la deforestación no se redujo por la acción gubernamental, sino más bien por efecto de variables globales como el precio de los commodities agropecuarios (básicamente la soja). La voluntad política se demuestra en los hechos y los hechos muestran que los desmontes continuaron incluso en zonas pintadas de rojo porque la estructura de control que tiene el gobierno provincial para garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques es, siendo muy generosos, insuficiente. ¿Mejoró sustancialmente esa estructura de control? No que yo sepa y esa me parece la muestra más contundente de cuál es la voluntad política que tiene el gobierno de Salta sobre este tema.

Yo, que no soy fanático sino científico, estoy convencido de que son los fanatismos los que nos llevaron hasta acá y que seguir agitando esos fantasmas sólo sirve para perpetuar la situación actual. Y ahí, me parece, perdemos todos. También pierden aquellos que creen que un emprendimiento agropecuario basado en la deforestación o el monocultivo se puede sostener más allá del corto plazo. El mundo ya está yendo para otro lado y no sea cosa que en poco tiempo nadie compre los productos que salgan de las zonas que estamos deforestando ahora. Sería un pésimo negocio para todos, además de una vergüenza, que nos pongan en la frente el sello de depredadores seriales y nos dejen caer del mapa para siempre.

Una vez más se nos convoca para debatir sobre el mapa tricolor entre todos, ahora en tres idiomas para no dejar a nadie afuera y parecer realmente inclusivos. Me encanta el debate y por eso participo, participé y seguiré participando. Pero si en la mesa falta gente y al mapa sólo le podemos hacer pequeños retoques, la solución no será nunca inclusiva sino sólo un circo, como dicen los ambientalistas que se niegan a participar. Sería una pena que catorce años después de la aprobación de la Ley de Bosques y con la revisión del mapa vencida hace siete años, el debate de verdad siga ausente mientras vemos con desesperación cómo los bosques se siguen ausentando día a día, árbol a árbol. Sería una enorme lástima que esta iniciativa fracase otra vez y que el año que viene tenga que abrir una nueva sub-carpeta llamada 2022 para luego sentarme a la incesante Mesa de Trabajo con el optimismo un poco más abollado y el escepticismo en alza, como está ahora el precio de la soja en el mercado internacional.

*Investigador Independiente del CONICET - Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). Profesor Adjunto de Sociología Ambiental - Universidad Nacional de Salta (UNSa).

[1] Ver detalles de todo el proceso de OTBN en: Seghezzo, L., Somma, D.J., Volante, J.N., Buliubasich, C.E., Rodríguez, H., Paruelo, J., Gagnon, S., y Hufty, M. (2011). Bosques nativos y agricultura en Salta (Argentina): visiones de desarrollo en conflicto. Journal of Environment and Development 20(3), 251-277.