La Dirección General de Aduanas abrió una investigación para determinar si existió delito en el envío de armas de Argentina a Bolivia, durante la presidencia de Mauricio Macri, en apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales. La pesquisa fue iniciada a luego de que el canciller Rogelio Mayta denunciara la colaboración del gobierno de Macri en la represión de las manifestaciones de respaldo a Evo. Durante el fin de semana, en el organismo que depende de la AFIP estuvieron reuniendo datos sobre las operaciones de envío de los pertrechos, que se sabe salieron desde el aeropuerto de El Palomar, en un avión Hércules, con la pantalla de que un grupo de once gendarmes iba a proteger el edificio de la embajada argentina. La Aduana inició además un segundo expediente para controlar la regularidad de los procedimientos administrativos internos. Fuentes del organismo dijeron que este lunes, después del mediodía, podrían estar las conclusiones de los primeros informes.  

"Acá es evidente que hubo un contrabando agravado por haber falseado con engaño el destino de las municiones que enviaron a Bolivia. Hubo un contrabando agravado y por eso interviene Aduana", explicó el ministro de Justicia, Martín Soria. “Por primera vez, vemos como un presidente argentino colabora con una represión y un golpe de Estado en un territorio hermano”, lamentó el funcionario, y adelantó: “Estamos coordinando las actuaciones y seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo”.

El vuelo que llevó las armas salió de Argentina el 12 de noviembre de 2019, 48 horas después del golpe. Desde el mismo día del derrocamiento de Evo, la policía, reforzada por bandas parapoliciales, reprimía las manifestaciones contra el régimen de Jeanine Áñez. Según la denuncia del actual gobierno de Bolivia, el armamento enviado desde Argentina fue utilizado en la represión de una masiva marcha de campesinos en Sacaba, Cochabamba, así como en la ciudad de El Alto, La Paz. En los dos casos, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, con un saldo de 27 muertos y cientos de personas heridas. Los hechos hoy son nombrados como las matanzas de Sacaba y Senkata.

Desde la Aduana nacional indicaron que "la pesquisa se inició a partir de la divulgación de la carta de agradecimiento de autoridades militares del Estado Plurinacional de Bolivia por el envío de 'material bélico'". La carta fue escrita por el entonces jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, al ex embajador en La Paz, Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo de Jujuy. El abogado del ex jefe de la Fuerza Aérea alegó que la carta es falsa, pero las autoridades bolivianas ratificaron la existencia de la nota original. Además, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, confirmó que el vuelo existió y que lo están investigando.

La carta señaló que entre los pertrechos que llegaron a Bolivia hubo proyectiles antidisturbios y gases lacrimógenos. Sin embargo, luego de conocida su existencia, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic se informó que el material bélico remitido fue mayor al detallado en esa carta. Un día antes de la partida del Hércules, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó el envío de pistolas semiautomáticas, escopetas de repetición, carabinas automáticas, ametralladoras, fusiles, chalecos antibalas, cascos y escudos balísticos, visores nocturnos y más de 8 mil municiones de distintos calibres. 

Por otra parte, existe un documento de la Gendarmería argentina que confirmaría que fueron enviadas 70 mil municiones, reveló Frederic. La ministra calificó a esa cantidad como algo "totalmente extraordinario". Consultada sobre si podría hacerse un envío de esta magnitud sin el conocimiento del Presidente, respondió que no sería posible. 

Los once integrantes de la Gendarmería que viajaron a Bolivia integran un cuerpo de élite conocido como “Alacrán”, un grupo especial que no suele trabajar para prevenir manifestaciones, como lo hacen los destacamentos móviles antitumultos, ni tampoco suelen utilizar armamentos de dispersión, como los que figuran que Argentina envió a Bolivia. Los integrantes del grupo Alacrán y quienes pidieron las autorizaciones van a tener que declarar en la investigación administrativa que ordenó Frederic. En el Ministerio de Seguridad esperan que, para lunes o martes, esas declaraciones se hayan tomado o estén avanzadas.

Por otra parte, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, informó que está en curso una investigación interna, tal como había anticipado Página/12, para saber cuál fue el rol que jugaron los agentes de enlace apostados en Bolivia y qué información manejaron del golpe y de la denunciada entrega de material bélico. Los avances, dijo Caamaño, serán informados al Presidente para que decida qué medida tomar. Todo indica que formará parte de la denuncia que está preparando el Gobierno, tema en el que Alberto Fernández trabaja con el ministro Soria, que está centralizando la información recabada por las distintas agencias estatales.