El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se contenta con el avance sobre Costa Salguero y anunció un acuerdo con el Grupo IRSA para construir edificios de hasta 98 metros de altura en más de 24 hectáreas de Costanera Sur. El acuerdo deberá ser remitido a la Legislatura y, de aprobarse, la empresa dueña de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors podría avanzar allí con uno de sus principales anhelos: un barrio de lujo frente al río, en una de las zonas más caras de la ciudad. Las organizaciones que trabajan en defensa del espacio publico rechazaron el convenio y señalaron que "de avanzar esta propuesta se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común".

El acuerdo con IRSA fue incluido en el anuncio del nuevo "Plan de Desarrollo Urbano Sostenible" por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano. En el documento del plan, además de volver a insistir con la privatización de Costa Salguero, cuya venta fue declarada inconstitucional por la Justicia, el Gobierno de la Ciudad presenta el proyecto para avanzar con la urbanización en el predio de IRSA de Costanera Sur, donde se construirían "viviendas, locales comerciales y gastronómicos, y diferentes espacios de recreación".

El trato fue alcanzado en el marco de la convocatoria de convenios urbanísticos de la Secretaría y una vez que ese convenio esté sellado deberá ser enviado a la Legislatura para pasar por el mecanismo constitucional de doble lectura. "El Gobierno elaboró por decreto este esquema abierto para presentar proyectos, nosotros cuestionamos que para llegar al convenio había que tener capacidad de lobby y al día de hoy tenemos pedidos de informe para saber quienes se presentaron", dijo a Página/12 Matías Barroetaveña, legislador porteño por el Frente de Todos (FdT).

"El proyecto de ley otorga ajustes a la normativa vigente del predio para ampliar su mixtura de usos", es lo que se lee en el documento, que agrega que el proyecto contemplará ampliar "el plano límite de 12 metros a 98,4 metros". De aprobarse, quedaría habilitada la posibilidad de construir torres en ese predio de la Costanera Sur. Además, según el documento, el proyecto buscará un cambio de usos permitidos de los terrenos, que aún están catalogados como "usos deportivos", para ampliarlo a "viviendas, comercios, oficinas, hoteles".

Según informó la Secretaría, IRSA, el holding empresarial de Eduardo Elsztain, que ya tiene otros emprendimientos inmobiliarios cuestionados, como la "Ciudad Palmera" de Caballito, cedería 47 de las 71,6 hectáreas -- 716.180 metros cuadrados totales -- que constituyen el predio a cambio de poder construir sus torres en el terreno restante. Al igual que lo ocurrido con el predio de Costa Salguero, el Gobierno porteño justifica el proyecto en conjunto con IRSA argumentando que se trata de una "recuperación" de terrenos a través de la cesión empresarial.

Sin embargo, es el propio Código Urbanístico el que estipula que en los emprendimientos urbanos superiores a 1,5 hectáreas la empresa desarrolladora está obligada a ceder gratuitamente entre el 25 y el 50 por ciento del total del predio. Si se toma como base el 50 por ciento, "la Ciudad sólo estaría logrando un beneficio del 17 por ciento -- 121.750 metros cuadrados -- para autorizar el incremento en 8 veces la altura permitida y el cambio del uso deportivo del predio a complejo mega inmobiliario suntuoso", advirtieron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización que presentó el amparo que terminó con la declaración de inconstitucionalidad de la venta de Costa Salguero.

Es que, según lo informado por la Secretaría, el porcentaje cedido por IRSA alcanzaría el 67 por ciento del predio, porcentaje incluso menor que el 74 por ciento que, según la versión del Gobierno, estaría destinado a espacios públicos de concretarse el proyecto de Costa Salguero. "Después siempre hay que hacer la cuenta, porque hay que ver cómo miden ese terreno. Uno se imagina una plaza y al final cuentan dentro de ese porcentaje hasta las calles o las veredas", afirmó Barroetaveña.

"Además hay una cuestión que tiene que ver con la política general del Gobierno. Dicen 'vamos a hacer un nuevo Puerto Madero' y lo cierto es que Puerto Madero está ocupado en una pequeña parte, el resto es todo inversión financiera en espacios vacíos. Tenemos una ciudad con déficit habitacional, con gente que no puede pagar el alquiler o que es desalojada, y ellos en lo único que están pensando es en poder construir más como reserva de valor", agregó el diputado porteño.

Un anhelo millonario y con historia

Las ansias del Grupo IRSA por construir un "Puerto Madero 2" vienen de larga data. La empresa adquirió los terrenos en 1997 por la módica suma de 50 millones de dólares, en una zona donde hoy el precio del metro cuadrado supera los seis mil dólares. Desde entonces, IRSA presentó reiterados proyectos de edificación que fueron rechazados una y otra vez por la Legislatura. El último intento fue en el año 2016, cuando el Ejecutivo porteño firmó un convenio urbanístico con IRSA para construir la obra denominada "Solares de Santa María".

En ese caso, el plan consistía en levantar torres con acceso exclusivo al río, centros comerciales, hoteles y oficinas para unas 15 mil personas. El proyecto fue votado el mismo día en que se aprobó la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, vecina del predio en cuestión, y terminó siendo rechazada al no contar con el acompañamiento de la Coalición Cívica, que, según fuentes legislativas, ahora sí estaría dispuesta a acompañar los planes de IRSA.

El origen de la historia del predio se remonta a 1964, cuando el Congreso nacional aprobó la donación de 40 hectáreas de costanera a Boca Juniors, con el objetivo de construir allí una ciudad deportiva y un estadio para 140 mil espectadores, plan que nunca se concretó. En 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó una ampliación de la cesión que terminó de cerrar las 71,6 hectáreas que lo componen hoy en día, y en 1993 el club vendió los terrenos a la empresa Santa María del Plata, que planeaba construir una Villa Olímpica, pero fracasó en el intento. Fue allí que el Grupo IRSA hizo su ingreso.

Es en este sentido que desde el Observatorio señalaron que "de avanzar esta propuesta se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común. En este proceso histórico, el Estado perdió 71 hectáreas a cambio de nada y ni siquiera se respetará el destino por el cual cedió estas tierras estratégicas. La donación y posterior cesión de estas tierras no se realizó para que se desarrolle un complejo inmobiliario suntuoso", alertaron en un documento firmado también por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de los Laburantes.