La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado de Brasil acaba de extender un pedido a las principales redes digitales para que remuevan ciertas producciones del presidente Jair Bolsonaro. El motivo que esgrimieron fue la presunta posición negacionista frente al actual contexto sanitario producto de la covid-19. Se trata de un pedido que recuerda el reciente caso de Donald Trump en el que se cancelaron sus perfiles y conduce a reflexionar sobre quiénes deberían arbitrar la circulación de los discursos en el espacio digital.

La centralidad de las redes sociales en la escena mediática global supone un progresivo aumento y concentración del predominio de unos pocos actores que controlan dichas estructuras de negocio. De forma reciente se han visto las consecuencias del poder de las grandes empresas digitales en situaciones concretas. En el ámbito político, se han puesto de manifiesto casos como la filtración de datos de usuarios para la supuesta influencia en contextos electorales, hecho conocido públicamente como Cambridge Analytica. También surge la investigación iniciada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos contra los CEOs de las principales empresas de tecnología: Google, Amazon, Facebook y Apple (G.A.F.A) por la presunta utilización de su poder económico para neutralizar a la competencia y hegemonizar el control de datos e información.

Sin embargo, la alta concentración también afecta el derecho a la información y la libertad de expresión de las sociedades. Actualmente, ello ocurre bajo un tipo de posicionamiento editorial controlado por quienes gestionan las compañías digitales. Si bien el funcionamiento sobre los algoritmos no es explícito, de un tiempo a esta parte han sido notorias las acciones tendientes a eliminar ciertas publicaciones. El caso más emblemático puede ser el de Donald Trump cuando a fines del año 2020 sus perfiles en redes fueron bloqueados por propagar supuestas noticias falsas y discursos de odio.

En el reciente caso de Brasil es la C.P.I. quien solicitó a Facebook y Youtube retirar contenidos del presidente Jair Bolsonaro por ser considerados negacionistas del contexto sanitario. El vicepresidente de dicha comisión, Randolfe Rodrigues, empleó el ejemplo del caso estadounidense para justificar públicamente el pedido. En este punto, debe realizarse una advertencia explicita: la intención no es defender la propagación de discursos de odio, violencia o desinformación en las redes digitales. Se trata de poner en escena la necesidad de evaluar las facultades que se le pretenden asignar a las empresas digitales.

Por caso vale el interrogante: ¿son las grandes plataformas quienes deben arbitrar bajo un criterio corporativo y unilateral la circulación de los discursos públicos? Si hasta el momento, la presencia altamente concentrada obligaba a repensar nuevas políticas para la regulación de los gigantes digitales a niveles nacionales e internacionales. Casos como los aquí referidos, vuelven necesario repensar las atribuciones que le son dadas en términos de control y acceso a la comunicación. Se debe poner en tensión la dimensión de poder de los actores concentrados que se involucran en la escena comunicacional contemporánea. De lo contrario, unas pocas empresas se pueden convertir, cada vez con mayor intensidad y sin control, en las grandes administradoras de la circulación discursiva.


* Licenciado en Ciencias de la Comunicación – UBA. Maestrando en Periodismo- UBA.