En octubre de 2017, R.R. denunció que su hija de 14 años fue abusada sexualmente por la pareja de su hermana. La causa cayó en la Fiscalía de Instrucción N° 7, hoy a cargo del fiscal Alejandro Gober, pero la mujer aseguró que aunque fue a consultar varias veces sobre el proceso nunca le informaron y desconoce qué sucedió, y pidió justicia para su hija.

En conversación con Catamarca/12, R.R. contó la difícil situación que vive con su hija, quien fue víctima de abuso sexual desde sus 12 años hasta los 14, cuando pudo contarle lo que su tío polìtico le hacía.

“Fue el jueves 12 de octubre de 2017 cuando ella me cuenta que su tío la tocaba cada vez que estaba a su cuidado. Tenía miedo, y me pidió por favor que no se lo cuente a mi hermana, que es su pareja, por lo que podía suceder", contó la mujer. Añadió que lo denunció, pero "lo único que sé es que le hicieron el protocolo y las pericias en la cámara Gesell porque tuve que llevarla. Desde entonces, y aunque fui a preguntar muchas veces, el fiscal siempre encontró excusa para no darme información”.

La causa, según consta en las notificaciones de los protocolos, permanece en la Fiscalía de Instrucción N° 7, que al momento de la denuncia, y hasta 2019, estaba a cargo del ahora fiscal de la Cámara Penal Nº 3, Miguel Mauvecin, que fue reemplazado cuando dejó esa función por Alejandro Gober.

Preocupada, R.R. refirió que nunca tuvo dinero para pagar un abogado como sí pudo hacerlo el agresor quien, además de ser profesional, trabaja como docente en una reconocida escuela ubicada en el centro catamarqueño. “Como nunca quisieron darme información llegué a pensar que todo estaba manipulado por el abogado de él. Me preocupa que hayan más víctimas porque él trabaja con chicos”, señaló.

R:R. aseguró que su hija le reclama la falta de acceso a la justicia, pero que ella sigue imposibilitada de pagar un abogado. “Es violento ir a la Fiscalía a consultar. Nunca tratan bien, ni te dan información. No tengo idea de qué pasó con la causa y no puedo darle una respuesta a mi hija”, dijo.

Como suele suceder en los casos en los que el abusador forma parte del entorno familiar, los allegados tienden a rechazar lo sucedido. “Tuve mil problemas en mi familia tras esta denuncia. Y si la Justicia no da respuestas es aún peor, porque la vulneración a los derechos de mi hija es casi completa”, aseguró.

Revictimización

La Ley 27372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, fue sancionada hace cuatro años con el objetivo principal de “Reconocer que las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

La misma norma establece el derecho de la víctima a “examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado. También y cuando presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada”.

El caso de R.R. no es el único denunciado ante este diario. La semana pasada, dos mujeres víctimas de abuso sexual cargaron contra el fiscal de Instrucción Nº 4 por “no querer investigar sus denuncias” y no darles la información adecuada sobre el proceso.

“Se supone que el Ministerio Público Fiscal representa a las víctimas, pero si no tenemos abogados y nos saben pobres, no nos escuchan y vulneran”, aseguró R.R.

Catamarca sólo cuenta con una defensora de víctimas y fue puesta por el gobierno nacional. La abogada Astrid Acuña entró en funciones en el marco de la ley nacional 27210 que creó, en 2017, el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La Ley provincial 5434, de Violencia Familiar y de Género, sancionada en 2015, crea el fuero especial y la figura de una Fiscalía y un Juzgado especializado en violencias en la órbita de la Corte de Justicia de la provincia. A seis años de sancionada esta norma se anunció que comenzaría funcionar finalmente a fines de este año.