Los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) de la ciudad de Salta fueron denunciados penalmente ante la Procuración General de la provincia por incumplimiento de los deberes de funcionario público en torno a situaciones que pueden configurar delito y en las que, según consignan los expedientes que se acompañan, el organismo de control no actuó para determinar daños fiscales y perseguir a los funcionarios responsables.

La denuncia está formulada contra los vocales del TCM Socrátes Constantino Paputsakis, Rafael Segundo Estrada, Jorge Martín Diez Villa, Oscar Arnaldo Blasco y Fernanda del Valle Yanaquis y contra el entonces Procurador General de la Municipalidad, Juan Agustín Pérez Alsina, actual fiscal de Estado.

La acusación fue presentada por el diputado provincial Carlos Zapata, del partido Ahora Patria, con el patrocinio del abogado Gonzalo Guzmán, que es a su ve, titular de la entidad civil Salta Transparente, que brega por la transparencia y el acceso a la información pública para la acción ciudadana.

La denuncia ante el procurador general de la provincia se basa en dos actuaciones que se tramitan ante juzgados federales con asiento en Salta, con acciones iniciadas por la AFIP ante la Unidad Fiscal Federal de Salta por el delito de evasión fiscal, contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta (Juzgado Federal N° 1) y contra el Concejo Deliberante (Juzgado Federal N° 2).

Esas denuncias por evasión tributaria tuvieron origen en el Impuesto a las Salidas No Documentadas, gravamen que se aplica a quien realiza una erogación que carece de documentación, o que la documentación se considere apócrifa.

El denunciante sostiene en este sentido, que “el Estado Municipal efectuó erogaciones de dinero sin identificar al beneficiario y sin el correspondiente respaldo documental”.

Indica el texto de la denuncia que “como consecuencia de ello, la Municipalidad de la Ciudad de Salta resolvió acogerse a planes de facilidades de pagos (identificados bajo el código L202.853 y J956941) por cifras millonarias lo que evidentemente comprometió seriamente el patrimonio de la Municipalidad”.

Los fondos públicos que la Municipalidad pagó sin respaldo, es decir, sin detallar quiénes eran los beneficiarios o destinatarios, pertenecían a la partida presupuestaria 1.3.1 (Transferencia Corrientes al Sector Privado – Subsidios, Subvenciones y Becas).

El planteo explica que esos fondos “fueron ejecutados por el Departamento Ejecutivo Municipal y la Presidencia del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta como partida presupuestaria 1.3.1.02 'Becas, Subvenciones y subsidios CD', correspondiente a los Ejercicios 2011, 2012 y 2013".

La presentación ante el procurador señala que, según expresó la AFIP en su acción judicial, “la excepción de efectuar la rendición de cuentas" no excusa "la obligación de todo funcionario público de emitir el respectivo comprobante o documentación de respaldo de toda salida de fondos 'públicos' o en su defecto la presentación de la correspondiente declaración jurada”.

Añade que en las actuaciones de fiscalización realizadas por la AFIP "se pudo detectar la existencia de erogaciones realizadas sin documentación respaldatoria que permitiera identificar a los destinatarios de tales fondos, como así también la existencia de operaciones efectuadas con contribuyentes de perfil apócrifo o sin capacidad económica”. Ello motivó que "el organismo nacional formulara denuncia penal por encontrar prima facie configurado el delito previsto en el articulado del Régimen Penal Tributario, por la participación de funcionarios públicos, a partir de la omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las salidas no documentadas”.

Expresa el diputado denunciante que “frente daño al erario público municipal descripto, correspondió de acuerdo a la normativa vigente que los vocales del Tribunal de Cuentas y el entonces Procurador General de la Municipalidad de Salta, inicien una serie de medidas tendientes a determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos vinculados a la evasión”.

Asimismo, destaca que “para evitar la persecución penal se realizaron planes de pagos millonarios que son o fueron abonados con fondos municipales y no con fondos propios de los funcionarios responsables de los ilícitos investigados”.

“Con el pago pretendieron neutralizar la acción penal tributaria, obteniendo con ello un beneficio en cuanto a la extinción de la sanción penal, para evitar así la responsabilidad patrimonial y penal personal que les cabe”, asegura.

Zapata aclaró que el 27 de enero de este año puso en conocimiento de la situación a la titular del Ejecutivo Municipal, Bettina Romero, a quien hizo conocer la irregularidades denunciadas y dijo “tener conocimiento que su presentación a la intendenta fue remitida al Tribunal de Cuentas”.

La denuncia describe luego todas las atribuciones y responsabilidades y deberes que tienen los miembros del TCM y sostiene inmediatamente que “Las conductas desplegadas por los funcionarios municipales denunciados, encuadran en los delitos tipificados por el art. 248 y 249 del Código Penal".

Para el legislador, “los funcionarios públicos denunciados al encontrarse ante el deber jurídico de actuar de un modo determinado", como dispone la ordenanza 5.552, "no lo hicieron, con la finalidad clara de que se consume una exacción o sustracción del patrimonio estatal que tenían a su cargo custodiar. Concretamente, tenían la obligación de investigar y perseguir el recupero de los fondos evadidos por los funcionarios públicos que generaron la ruina de la administración pública en varios millones de pesos”

Otras causas

En la denuncia se cita también otra causa con intervención de la Justicia Federal, que investiga una maniobra de evasión fiscal con facturas apócrifas de las empresas SECSA y Arcadio, adjudicatarias de obras públicas municipales y provinciales.

De esa causa federal surgieron una serie de delitos atribuidos a los imputados, muchos de los cuales dan cuenta de la emisión de facturas apócrifas.

Algunas de esas facturas fueron emitidas desde la dirección de IP de los mismos servidores de la Municipalidad, y además fueron pagadas por las arcas municipales a proveedores como SECSA que se comprobó resultaban apócrifos, sin capacidad operativa para prestar el servicio u obra abonada por el municipio.

Se recuerda en el texto ante el procurador que la AFIP determinó que la empresa SECSA no poseía personal, no registraba domicilio operativo, no poseía bienes, sus socios carecían de capacidad económica, tenía domicilio en el estudio jurídico de un ex empleado municipal, que se desempeñaba como funcionario público provincial y sin embargo, ante tan grave situación tampoco el TCM ejerció el control que le correspondía, siendo que el Municipio realizó pagos por más de $ 12.000.000 a esa empresa fantasma.

Pan Solidario

Se incluye como parte de la denuncia la causa denominada Pan Solidario, caratulada, con el detalle del expediente Nº 38496/18, correspondiente al Juzgado Federal Nº 2 de Salta.

Se trata de fondos pagados por la empresa estatal con cheques a proveedores apócrifos y que terminaron siendo acreditados en cuentas de personas registradas como empleados públicos de la provincia y el municipio.

“Una sociedad del Estado utilizó facturas falsas para ocultar una erogación de dinero del Estado, con destino, en muchos casos a cuentas particulares de funcionarios públicos, que habrían utilizado dicho respaldo documental falso para distraer fondos estatales”, sostiene la denuncia.