La Asamblea de Articulacion Plurinacional Regional Norte Salta, que reúne a comunidades indígenas, se votó iniciar desde ayer la segunda marcha histórica hacia la ciudad de Salta, en reclamo a las promesas inclumplidas del gobierno de Gustavo Sáenz. En el marco de la Campaña Plurinacional de Reparación Histórica, piden por el derecho a la salud, el agua, la vivienda y la educación en sus comunidades. 

Consideran que la actual gestión de Sáenz se caracteriza por un"mal desempeño", pues sostienen que priva a los pueblos originarios de los derechos humanos esenciales, siendo "responsable directo por el aumento de la desnutrición, muertes de niños y niñas, y la emergencia sanitaria y social en pandemia". En ese marco, aseguran que no se cumplió el acta acuerdo que firmaron junto al gobernador y el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz, en noviembre del año pasado. 

El dirigente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, dijo a Salta/12 que la marcha es para que se cumplan los derechos indígenas, y solicitó además que se garantice una participación real y se brinden herramientas para "paliar esta crisis del hambre", especialmente en las comunidades wichís de Misión La Paz, San María y La Puntana.

"Es muy triste el abandono total del Estado hacia los pueblos originarios", afirmó Mendoza. Dijo que por eso anhelan que se concrete una inclusión efectiva de estos pueblos en las políticas de los gobiernos de turno. 

El primer pedido que encabezó la marcha fue por el urgente suministro de agua en las comunidades. Por eso, reclamaron que se acelere la construcción de los 5 pozos de agua que se aprobaron desde provincia y Nación, y que se brinde la información correspondiente de su plan de obras. Es para "el cumplimiento de nuestro derecho esencial, ante la gravísima falta de agua ya denunciada", expresaron los más de 90 dirigentes movilizados. 

También exigieron la reglamentación de la Ley provincial N° 7.856, de Salud Intercultural, para que puedan contar con un presupuesto y una atención intercultural que permita un mejor acceso a la salud pública. Para eso también reclaman contar con facilitadores bilingües entre los profesionales de la salud y los miembros de las comunidades. 

En esa línea, Mendoza contó que otra de las promesas incumplidas es el curso de formación de agentes sanitarios en los territorios, lo que de cumplirse permitiría el nombramiento de agentes interculturales de las comunidades. También reiteraron el pedido de más trabajadores para los centros de salud y los hospitales locales, más ambulancias e insumos hospitalarios prometidos por el ministro de Salud Pública provincial, Juan José Esteban.

Además, las comunidades exigieron que se suspenda el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), ya que aseguran que no se informó ni invitó a las comunidades ni organizaciones. Esta acción convocada por el Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, busca tener hasta noviembre un proyecto que les permita actualizar el mapa de ordenamiento para establecer qué bosques pueden ser desmontados y cuáles no. 

En ese sentido, reiteraron el reclamo de inclusión y participación transparente e intercultural en dicho proceso, y con ello, tener acceso a toda la información "para que las comunidades originarias seamos actores necesarios en la elaboración de los nuevos mapas, que permitan defender nuestros territorios y a la Madre Tierra de los desmontes sin control". 

A ello sumaron el pedido de entrega de tierras de acuerdo a las carpetas técnicas elaboradas en cumplimiento de la Ley nacional N° 26.160, de Emergencia Territorial de la Propiedad Comunitaria Indígena; como también la urgente demarcación territorial de los territorios de uso ancestral de las comunidades faltantes. También reclamaron que se frene el desalojo de comunidades a causa de los desmontes ilegales, y se elabore un plan de viviendas que las incluya. 

Otro de los ítems tenía que ver con la seguridad, en el que instaron a que el gobierno de Salta establezca controles más estrictos en las rutas, ya que "son tierra de nadie". Desde las comunidades ven una excesiva circulación de bebidas alcohólicas y estupefacientes entre los más jóvenes, y señalan que la escasez de control entre las fronteras con Paraguay y Bolivia es una de esos causantes. 

"Vamos a estar pidiendo nuevamente para que el día de mañana todas estas promesas se cumplan", manifestó Mendoza, quien junto a sus pares emprendió el camino de más de 314 kilómetros que los separan de la Capital de Salta. Ademá, cuestionó que ningún funcionario, sea provincial o municipal, se haya comunicado con ellos. La "reparación histórica es la garantía de los derechos", aseguró.