Desde Roma

El abogado italiano Giancarlo Maniga, que durante años ha seguido en Italia los casos de ítalo-latinoamericanos desaparecidos en América Latina, se declaró satisfecho por la condena definitiva a cadena perpetua de la Corte Suprema italiana para 14 represores latinoamericanos del Plan Cóndor el pasado viernes. Pero advirtió sobre la importancia de aplicar las penas para que sean una advertencia para los futuros dictadores. Entre los condenados estaba el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, único residente en Italia, que el sábado fue arrestado y conducido a la cárcel de Salerno.

“Como profesional no puedo dejar de sentir satisfacción por las sentencias de la Suprema Corte, un resultado positivo de un trabajo que ha durado tanto tiempo. Pero aparte de esta satisfacción personal, lo importante es ver el futuro, ver si estas sentencias podrán ser aplicadas y no quedarán en un simple hecho formal – declaró Maniga en una entrevista con PáginaI12, aludiendo a la mayor parte de los condenados (chilenos y uruguayos) que viven en sus respectivos países- . Me interesa que sean aplicadas para que sean un disuasivo, un impedimento, una advertencia para ese tipo de personajes. Para que sepan que si la justicia no los toca en el propio país, existirá alguno que los perseguirá en otro lado. Y tal vez éste es otro paso para agregar al ya famoso Nunca más”.

Maniga no sólo ha sido distinguido en Argentina como Caballero de la Orden de Mayo al Merito por sus esfuerzos para condenar a militares torturadores y asesinos de Argentina y otros países latinoamericanos, sino que ha defendido a familiares de los 335 asesinados en la “Matanza de las Fosas Ardeatinas”. Realizada - por dramática casualidad - un 24 de marzo como el golpe de 1976 en Argentina, pero de 1944, la matanza fue ordenada por los nazis que ocupaban Roma como venganza por un atentado realizado por la Resistencia el día antes y donde murieron 33 soldados alemanes. Y en ese juicio realizado en Roma fue condenado Erich Priebke, el ex SS de la Gestapo nazi acusado de ser uno de los responsables, y que vivió en Bariloche por más de 45 años.

Originario de la isla de Cerdeña, Maniga vive en Milán desde hace años donde tiene su estudio de abogado. Nunca abandonó su batalla en defensa de los derechos humanos y defendió a familiares de desaparecidos en varias causas como aquella contra el militar argentino Carlos Guillermo Suarez Mason, quien comandaba los centros de detención de la provincia de Buenos aires, y que terminó en el 2000. O el proceso relativo al ESMA (La Escuela de Mecánica de la Armada), transformada en un centro de detención y torturas durante la dictadura, y que concluyó en Roma en 2007. En el proceso Cóndor, que se inició en Roma en 1999 y concluyó la semana pasada con la condena a cadena perpetua de 14 imputados por el trágico Plan Cóndor, Maniga defendió al ex sacerdote chileno Omar Venturelli, a los argentinos Lorenzo Viñas y Dora Landi y a los uruguayos Daniel Banfi y Héctor Giordano.

El proceso Cóndor “llegó después de al menos otros dos, Suárez Mason y ESMA -continuó- en los que pudimos hacer lo que antes ninguno había hecho, es decir usar el artículo 8 del Código Penal italiano que permite enjuiciar a los responsables de delitos cometidos fuera del estado italiano. Los defensores de los imputados siempre decían que los jueces italianos no tenía competencia para juzgar delitos cometidos en el exterior. Pero en cambio se demostró que era posible hacerlo cuando se trataba de delitos cometidos en el exterior contra ciudadanos italianos”. La justicia italiana también puede procesar a italianos que han cometidos delitos en el exterior como el caso Troccoli, que trabajó para el servicio secreto de la marina uruguaya y se le atribuye la desaparición de unos 20 uruguayos.

Las grandes dificultades de este Proceso Cóndor fueron en cambio “la gran cantidad de material que teníamos que examinar (se habla de 160.000 páginas de documentos ) porque teníamos que defender a familiares de desaparecidos de varios países. Por lo cual había que entrar en los meandros construidos por las dictaduras del Plan Cóndor para suprimir a los opositores. Recoger pruebas a distancia de tanto tiempo (habían pasado más de 25 años) y de espacio, porque los países por investigar estaban en otro continente, representaron notables dificultades. El fiscal que llevó a cabo la primera etapa del proceso hizo durar estas investigaciones preliminares muchísimo tiempo. Yo presenté mi primera denuncia en 1992”. Pero el proceso comenzó recién en 1999.

De todas maneras “estas experiencias me han enseñado que los procesos son la única forma gracias a la cual ciertos hechos a los que muchas veces la historia olvida, pueden ser evocados de manera eficaz para hacer que se salve la memoria y que muchas personas sean conscientes de lo que pueden ser capaces las dictaduras. Pueden ser también una advertencia para que se sepa que ciertos hechos terribles no pueden quedar impunes”, subrayó Maniga.

-Una vez conocida la sentencia, ¿el paso siguiente debe ser pedir la extradición?

- Para las sentencias que ya son definitivas, como el caso de los tres militares chilenos del Proceso Cóndor que no hicieron apelación ante la Corte Suprema (Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan), la llamada “Oficina de Ejecución” de la Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma ya se está moviendo en esa dirección. Ahora es posible que se haga los mismo con el resto de los condenados. Para el pedido de arresto se actúa también a nivel diplomático.

-¿Para la extradición se requiere algún acuerdo bilateral entre los países?

-Si existe un acuerdo, todo se será mas fácil. Si no lo hay se puede pedir igualmente pero será mucho mas difícil. Veamos el ejemplo de Francia que por años ha negado a Italia la extradición de terroristas y ahora parece que están dispuestos a hacerlo. Los imputados eran considerados perseguidos políticos y la extradición por motivos políticos raramente es concedida.