El culto a la inversión extranjera no se funda en su efecto sobre la productividad y el empleo, sino en la hegemonía política. El 80 por ciento de la inversión extranjera en Argentina es especulativa (en cartera). La Inversión Extranjera Directa (IED), que aumentaría el stock de capital en el territorio, es ínfima. 

Durante la orgía de los '90, en el año de la privatización de YPF, la IED alcanzó un record histórico desde la recuperación de la democracia: el 8 por ciento del PIB. Pero no aumentó el stock de capital. No se crearon compañías nuevas, sino que las existentes cambiaron de mano: pasaron del Estado a las transnacionales.

A la vez, el capital extranjero tomó la conducción de los recursos estratégicos para el desarrollo nacional. La pregunta es si se ha aprendido de esa experiencia. Sobre todo, en lo referido al complejo granario y oleaginoso, origen del 43 por ciento de las exportaciones y como tal, principal fuente de dólares del país.

Privilegios a la Inversión Extranjera

En la actualidad la IED oscila en 2 por ciento del PIB. No obstante, el marco legal es obsecuente con la inversión extranjera. Le otorga ventajas sobre el capital nacional. La ley 21.382 (promulgada en dictadura, tuneada en los '90) protege al capital extranjero, aun al golondrina. Así garantiza la remisión de utilidades al exterior (fuga) y facilita el abuso de la personalidad jurídica (sociedades comerciales que solo existen en el papel).

Considera que las filiales de transnacionales localizadas en el país son sociedades distintas de sus casas matrices ubicadas en el extranjero. Las últimas no tendrán que hacerse cargo de las tropelías de las primeras. A la vez, se puede manipular los precios de transferencia, que son los valores que se consignan ante el fisco por las compraventas que hacen las filiales con su propia matriz. Como si se trataran de dos empresas diferentes. 

Al jubileo se suman los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que le dan al capital extranjero la opción de ir a litigar en el Ciadi de Washington (árbitro bombero del Banco Mundial) cuando algo no le guste. Como corolario, la tradición de la judicatura local, fundamentalista de la ficción de la personalidad jurídica (como si las sociedades anónimas caminaran solas por la calle y no las manejaran hombres y mujeres de carne y hueso) siempre dispuesta a convalidar que los dueños del capital escondan -en innumerables matrioshkas societarias- sus activos financieros.

El desembarco de Glencore

El complejo granario oleaginoso está transnacionalizado en las empresas ABCD (Archer, Bunge, Cargill, Dreyfus) y Cofco en su eslabón más lucrativo: el comercio exterior. 

A la vera del río Paraná, estas firmas oligopolizan las exportaciones ante un Estado que no tiene el control ni territorial ni fluvial para siquiera ver que hacen. Y ahora, hay un nuevo invitado a esta liga del privilegio: Glencore. 

Desde el año pasado, Glencore viene fagocitándose a Vicentin, a sus cuotas de mercado y a su planta extrusora de granos de Renova, la más eficiente del mundo. De4 este modo, la transnacional suizo-británica ya se posicionó como la principal exportadora de harinas y aceites vegetales del país.

Con sede en la guarida fiscal de Jersey, Glencore no es como las ABCD, que hace un siglo están en el comercio de granos. Glencore es otra cosa. Se dedica al comercio de minerales y su creador en los '70, Marc Rich, hizo fortuna negociando con la Sudáfrica del apartheid, la Rumania de Ceausescu y el Chile de Pinochet. 

Procesado en los Estados Unidos por crimen organizado, asociación ilícita y evasión fiscal, Rich huye a Suiza, siendo finalmente indultado por Bill Clinton el último día de su presidencia. 

Soborno, evasión y daño ambiental

La empresa, que cambió de dueños en 1993, siempre usó el endeudamiento como estrategia para adquirir a otras compañías y expandirse. Lo que casi la lleva a la bancarrota en el 2015. Acusada de sobornos, evasión de impuestos, daño ambiental y reducción a la servidumbre de sus trabajadores en África y Latinoamérica, Glencore adquirió en el 2012 a Viterra.

A través de ella, se expande en los agronegocios. Hoy es investigada por parte de la Serius Fraud Office (agencia contra el fraude del Reino Unido) y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aparece en los "Paradise Papers" y en los “Fincen files”, investigaciones periodísticas sobre transacciones sospechosas con sociedades cáscaras en guaridas fiscales.

Hay quienes fantasean con un rescate a Vicentin (en concurso preventivo y con un patrimonio negativo de 400 millones de dólares) a través de un aporte de dinero fresco que vendrá del exterior y por parte de Glencore. Estas cosas no ocurren en el mundo corporativo transnacional, donde se busca rentabilidad extraordinaria y veloz (rendimiento alfa). 

Las fusiones y las adquisiciones (a precio de remate de activos en crisis) son vía para hacerlo. Se trata de la centralización del capital. No se crea nada nuevo, sino que lo ya existente es apropiado por un otro que intenta pagar lo menos posible. O nada. Conlleva la desinversión: el comprador conserva lo superrentable y se deshace de lo que no lo es. No crea empleo. Lo destruye.

Mientras se siga otorgando privilegios a la Inversión Extranjera, como si se fuera agua bendita, sin entender su escaso aporte al capital territorial, su conducta depredadora y los canales que abre para la fuga de la renta nacional, el resultado solo podrá ser la consolidación de la dependencia económica. Máxime, cuando este filibusterismo financiero golpea hoy las puertas de las exportaciones agropecuarias argentinas.

* Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente Universidad Nacional de Avellaneda.