Las 70.000 balas de goma que el gobierno de Mauricio Macri envió para colaborar con el golpe de Estado en Bolivia no se usaron ni para defender la embajada ni para que los gendarmes se entrenaran. “Hasta ahora sabemos que no hubo disparos por parte de ninguno de los contingentes de gendarmes durante su estadía en Bolivia”, confirmó a Página/12 la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, después de que la Policía del Estado Plurinacional anunciara que había encontrado en uno de sus depósitos parte de las municiones enviadas por la gestión Cambiemos. “De corroborarse el hallazgo del armamento y las municiones argentinas en el depósito de la Policía Boliviana, se confirmaría el contrabando agravado realizado por el gobierno de Macri, porque se comprobaría que el destino del material no era la custodia de la embajada”, apuntó, por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, en diálogo con este diario.
Este miércoles, el comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, anunció que se había hallado en un depósito de esa fuerza parte del material bélico enviado por Macri el 13 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en el gobierno la golpista Jeanine Añez. Confirmó que se habían encontrado balas anti-tumulto 12/70, granadas y spray de gas pimienta. “En carácter material están esos pertrechos, pero no existe ningún solo documento”, remarcó Aguilera ante la prensa local.
“Vamos a reconstruir qué funcionarios acudieron al aeropuerto cuando arribó el avión de Argentina, donde funcionarios vestidos de uniforme militar entregaron este material sin ningún tipo de documentación a la Policía Boliviana”, añadió el jefe de la Policía de Bolivia. Según informaron fuentes de esa fuerza a este diario, se realizaron inspecciones hasta dar con el material. Este jueves, el jefe de policía irá al depósito donde está el armamento, ubicado en la ciudad El Alto, distante a 20 minutos de la capital boliviana, y el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, dará detalles concretos de la cantidad de material hallado.
Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández logró reconstruir que salieron 70.000 balas anti-tumulto y que llegaron a La Paz el 13 de noviembre de 2019 junto con un contingente de once gendarmes que fue enviado a proteger la embajada argentina. En la sede diplomática, apareció una carta enviada ese mismo día por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, en la que agradecía por el envío de 40.000 balas anti-tumulto. La pregunta, entonces, era qué había pasado con las otras 30.000 que salieron del país. La hipótesis más firme es que hayan sido entregadas a la Policía de Bolivia.
“Macri envió 70.000 municiones anti-tumulto a Bolivia. La Fuerza Aérea agradeció 40.000. Lo hallado en los depósitos de la Policía Boliviana podría ser indicio de lo que sucedió con las restantes 30.000 municiones”, evaluó el ministro Soria en conversación con Página/12. “Para nosotros es muy importante esta noticia. Es una de las piezas que falta para saber qué pasó con las 70.000 balas. Sabemos que no hubo uso de las municiones por parte de los gendarmes. Si aparecen es porque fueron desviadas”, completó Frederic.
A La Paz fueron enviados tres contingentes de gendarmes que pertenecen a la fuerza especial “Alacrán”, a la que se convoca en casos de tomas de rehenes. Los alacranes no utilizan armas ni municiones anti-tumulto porque no se dedican a dispersar movilizaciones, como sí lo hacen otros grupos de la Gendarmería como los "movileros". El grupo “Alacrán” emplea las armas letales. Por eso, es especialmente extraño que hayan pedido llevar tal cantidad de balas de goma para una fuerza especial que no las usa.
La información confirmada a este diario por la ministra Frederic acerca de que los gendarmes no entraron en acción ni realizaron disparos sirve para desacreditar la versión que dio el 15 de julio del año pasado el entonces director de Operaciones de la Gendarmería, Carlos Miguel Recalde. En ese momento, Recalde informó que los alacranes habían vuelto sin una bala anti-tumulto 12/70 porque las habían empleado para realizar entrenamientos y práctica de tiros. Una versión estrambótica, no sólo por la cantidad, sino porque los alacranes no se entrenan en el uso de ese tipo de armamento. “Con el hallazgo de la Policía Boliviana, quedaría en evidencia que el supuesto entrenamiento que alegó la Gendarmería más tarde nunca existió, y que, en realidad, fue un intento de encubrir el contrabando de armas y municiones que se usaron para consolidar un golpe de estado en un país hermano”, resalta Soria.
Tanto Recalde como Rubén Carlos Yavorski (exdirector de Logística de la Gendarmería que hizo las autorizaciones para la salida del material bélico en noviembre de 2019) así como el entonces jefe de los alacranes Fabián Salas fueron puestos en disponibilidad hasta en tanto se termine con el sumario administrativo para determinar qué responsabilidad les cupo en el tráfico de armas a Bolivia y en lo que se entiende que fue su posterior encubrimiento.
Fuentes del gobierno boliviano dijeron a este diario que no sólo analizan los aportes del gobierno de Macri al golpe de Estado junto con los de Ecuador, sino que también hay indicios claros de que Jair Bolsonaro habría prestado su colaboración. Página/12 reveló el año pasado los constantes y sospechosos vuelos que hizo el avión presidencial hacia Brasil durante la dictadura de Añez. Estas revelaciones que se dieron en la última semana, estiman que, aparecerán plasmadas en el informe que prepara el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por el acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La investigación judicial
El hallazgo anunciado por el jefe de la Policía de Bolivia tuvo su correlato también en las investigaciones que se están llevando adelante en el país. El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM), Gabriel González da Silva, pidió informes a la Cancillería y a la embajada en La Paz --a cargo de Ariel Basteiro--. También solicitó que le informen si existen videos de cuando se produjo el aterrizaje del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la descarga del material que envió el gobierno de Macri. Eso podría servir para entender quién se llevó los bultos.
Este jueves, el gobierno nacional aportó la documentación que le había pedido el juez Javier López Biscayart, quien tiene a su cargo la denuncia que presentaron el lunes Frederic, Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. López Biscayart ya le corrió vista al fiscal Claudio Navas Rial para que impulse la investigación. Es probable que el fiscal pida antes del viernes la unificación con la denuncia que presentó el excamarista Eduardo Freiler. Es un expediente que marca el pulso político no solo en el país, sino en la región.
