La solución argentina a los problemas de Argentina está, en parte, en los debates internos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Puertas adentro del organismo que conduce Kristalina Georgieva se trabaja en la creación de alternativas crediticias que den mayores plazos de pago a países, una línea que le permitiría al Gobierno Nacional, una vez renegociado el préstamo millonario que tomó Cambiemos, tener una especie de puente que le permita pagar a mayor plazo.
Hoy en día, el Fondo ofrece dos variantes: el stand by que tomó Mauricio Macri, y el Facilidades Extendidas que eligió el Gobierno argentino y que da diez años de plazo para pagar. Pero hace unas semanas, la propia Georgieva mencionó el debate sobre un crédito intermedio con nuevos plazos y tasas, que se nutriría de fondos provenientes de los DEG que donarían algunos países con excedentes. Ese crédito estaría destinado a países con problemas de acceso al financiamiento y no estará terminado antes de los tiempos para que Argentina pague al FMI.
Lo que sí podrá ocurrir y se analiza en el Ejecutivo es que haya una cláusula en el pacto con el FMI, una especia de asterisco que, una vez renegociada la deuda de 45 mil millones de dólares, le permita a Argentina adherir a esa modalidad y lograr así agregar más plazo para saldar la deuda con el organismo. El punto no es menor, dado que el presidente Alberto Fernández y todas las patas de la alianza de Gobierno han expresado la imposibilidad de saldar la deuda en solo diez años. Algunos, como el diputado Máximo Kirchner, intentaron incluso sumar a la oposición a una proclama sin grietas, dado que los pagos siguientes de la deuda leonina de Macri comprometen a gestiones de corto y mediano plazo.
Naturalmente, el denominado Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad no estará terminado para su aplicación antes del 31 de marzo, plazo en el que debería haber ya una renegociación cerrada. Por eso, se busca una ventana que posibilite la prórroga. Cabe aclarar que este crédito intermedio ayudaría, además, a que países en situaciones críticas de la región, que hoy tienen muchos problemas para financiarse, accedan a líneas más amigables y saldables sin resignar cuestiones de soberanía.
En el entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguran además que este mayor plazo es relevante porque los sobrecargos por mora que aplica el FMI suman peso fuerte al pasivo. El Gobierno de Cambiemos, de hecho, estaba al tanto que tomar un stand by le significaría a la Argentina unos 950 millones de dólares extra anuales, y aún así el crédito fue tomado.
En el Gobierno consideran que ese punto es central, pero ven positivo que tanto en el G20 como en diferentes foros se esté conminando al FMI a rever los cargos. Fue este uno de los asuntos que se debatieron en la gira reciente de Guzmán por Venecia, Italia, donde habló en G20 y se reunió con líderes de potencias, como la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Para el Gobierno, el ámbito del G20 fue relevante porque allí se dan las reuniones más trascendentales para resolver el frente de deuda, dado que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, que redundan en apoyos y voluntades favorables para cambiar el estatus quo. “Allí se consigue el apoyo de los accionistas para crear condiciones para refinanciar la deuda”, cuentan desde el ámbito oficial. Diferencian esta renegociación de la que, por caso, se dio con los bonistas privados, con los cuales se operaba con ofertas y contra ofertas.
La pregunta del millón es si, en este escenario, Argentina podrá cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario este año. Con viento a favor y debates actuales que antes parecían imposibles en las finanzas globales, en el entorno de Guzmán repiten que no hay apuros por alcanzar un acuerdo. Y que se está trabajando desde el minuto uno en cuestiones técnicas que posibiliten un pacto que no afecte la política y las condiciones sociales y económicas internas.
