El mensaje que lanzó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde Santa Fe ayer hace prever que, del actual plan económico, todavía falta lo peor: un brutal ajuste para recortar el déficit fiscal que este gobierno alimentó como ningún otro antes. “Sabemos el cuantioso déficit fiscal que tiene Argentina; es un tema que tenemos pendiente de resolver, porque no es sostenible en el largo plazo”, disparó el titular del Ejecutivo. El recorte drástico del déficit es la demanda del grupo de economistas monetaristas en la cual se inscribe el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por quien Macri exhibe cierta predilección. Y para la tarea se supone que fue convocado Nicolás Dujovne, titular del renombrado Ministerio de Hacienda desde enero. Lo que hace insostenible la repetición de este nivel de déficit fiscal es que al gobierno se le agotan las alternativas de reiterar el alto nivel de endeudamiento al que recurrió en 2016 para financiarlo, sin llevar a una zona de riesgo de incobrabilidad esos compromisos.
Aunque al inicio de su gestión, el gobierno de Cambiemos intentó mostrar que había “heredado” un déficit fiscal del 7,2 por ciento, lo concreto es que la combinación de devaluación del peso y la quita o reducción de los derechos de exportación de granos y productos mineros dispuestos a partir del 10 de diciembre de 2015, y la compensación de precios a empresas gasíferas y eléctricas (hasta tanto se concretaran los recortes en los subsidios sobre las tarifas) durante 2016, provocaron una transferencia multimillonaria a favor de los sectores más concentrados.
Adicionalmente, el pago de la deuda a los fondos buitre significó una emisión de deuda externa que cargó aún más la cuenta financiera del fisco, por los intereses que devengaría. La prometida lluvia de inversiones jamás llegó, con lo cual el sustituto para la obtención de dólares fue la emisión constante de deuda, mecanismo que se contagió a las administraciones provinciales.
El pago de intereses al exterior recuperó el protagonsimo histórico. También se benefició al capital financiero con exhorbitantes tasas de interés que se pagaron por los títulos de deuda de corto plazo, en pesos, del Banco Central (Lebacs). El incremento del deficit cuasifiscal del Banco Central lo llevó a una cifra equivalente al 7 por ciento del PBI, aproximadamente.
El déficit fiscal del año 2016 fue estimado en torno a los 544 mil millones de pesos, que representan cerca del 6,2 por ciento del PBI. Los intereses de la deuda representaron más de 160 mil millones de pesos en el año 2016, lo que significa que prácticamente se duplicó con respecto al año 2015. Al mismo tiempo que se incrementaba en esa medida el pago de intereses a acreedores, el gobierno de Cambiemos subejecutaba (gastaba menos de lo presupuestado originalmente) en las áreas de salud, educación y obra pública.
De todo lo descripto resulta que la suma del déficit fiscal y cuasifiscal del primer año de gestión de Cambiemos alcanza a 13,2 puntos del PBI, contra alrededor del 5,5 por ciento del año 2015. Es decir, más del doble. El gobierno presenta la reducción del déficit como una necesidad por considerarlo causal de la inflación y de una excesiva carga tributaria que limita la inversión y el empleo. Por lo tanto, proclama la inevitabilidad de un ajuste sobre las cuentas públicas, sin considerar el fenómeno recesivo adicional que provocaría.
Sin embargo, lo que hace insostenible tamaño déficit fiscal y cuasifiscal es que, con una actividad económica estancada después de un año de declive, el recurso del endeudamiento interno (Lebac y bonos) y externo (emisión de títulos en dólares) va agotando su alcance. Si se repitiera este año el aumento del stock de Lebacs en pesos y la emisión de deuda en dólares en los mismos niveles que tuviera en 2016 (se duplicó el primero, creció 26 por ciento la última), se ingresaría en zona de escasa credibilidad de su repago. El escenario de fuga de capitales especulativos es, para el gobierno de Mauricio Macri, el escenario más temido. Para prevenirse, aplicaría un brutal ajuste.
