Las experiencias más ambiciosas de desarrollo de obras públicas por actores de la economía popular en tiempos del kirchnerismo quedaron envueltas en sospechas de corrupción. Algunas con justa razón, como en el caso de la construcción de viviendas por parte de Sueños Compartidos y el desvío de fondos orquestado por los hermanos Shocklender que aún permanece impune. 

En otras, las denuncias forman parte de una persecución judicial a líderes populares por parte de poderes fácticos provinciales, como la prisión a Milagro Salas por atreverse a cuestionar el poder de Blaquier y Morales en Jujuy. Al lado de esos casos resonantes, miles de cooperativas de trabajo a lo largo y ancho del país construyen día a día cientos de obras.

Los mentados casos de corrupción resuenan aún hoy en los oídos de los funcionarios públicos como un veto al desarrollo de la obra pública de relevancia por actores de la economía social. Las organizaciones populares se les aparecen como actores poco fiables para grandes obras, manteniéndolas en el puchereo de programas sociales condenados a la mínima subsistencia económica. 

Esa misma vara no se aplica al volcar las grandes obras públicas del Estado hacia grupos empresarios con prontuario que nada tiene que envidiarle a los ya mencionados casos. Así, empresas que se hicieron de por medio de la patria contratista, que estatizaron sus deudas externas volcando sus pérdidas en el Estado y que se beneficiaron con privatizaciones a precio vil de empresas públicas, gozan de la impunidad judicial y mediática, surgiendo impolutas para acceder a cuantiosos fondos estatales. 

Esa impunidad del poder económico corporativo lleva incluso a lavarle la sangre de sus trabajadores desaparecidos en tiempos de la dictadura militar y la apropiación de empresas bajo acuerdos con los altos mandos de las fuerzas armadas en aquellos tiempos.

La moralina anticorrupción para vetar la articulación del Estado con la economía social, limita el desarrollo de nuevos actores sociales y económicos. Sin el apoyo del Estado es casi imposible que el mundo de las cooperativas y pequeñas empresas pueda pegar el salto cualitativo que lo transforme en un actor social y económico de relevancia. Posibilidad que impide el desarrollo de un entramado socioproductivo que se traduzca en un poder económico más democrático.

En consecuencia, se consolida el status quo de un establishment empresarial que, a su peso consolidado en el mercado (logrado, muchas veces, con un pasado non sancto pasado), le suma el acceso privilegiado a los fondos del Estado. 

El consiguiente estancamiento de la cúpula económica en una oligarquía de grandes empresas y grupos empresarios expande su degradación a las instituciones democráticas. El aparato judicial, el poder mediático, los poderes legislativos y las distintas áreas administrativas del Ejecutivo van siendo cooptados por su amplia influencia, que termina carcomiendo las bases de una sociedad democrática.

@AndresAsiain