La Cámara Comercial le envió a la Auditoría General de la Nación (AGN) todo el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino en su versión original. Esto que puede parecer un mero trámite judicial, podría ser la causa de una nueva dilación de largo aliento y, por ende, implicar que la empresa del Grupo Macri siga sin pagar su deuda, que ronda los 4 mil millones de pesos. Además, es la forma en que se seguirá eludiendo por el momento que tanto la fiscal Gabriela Boquín como el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, puedan opinar sobre la suspensión del trámite del expediente por 120 días. Ese es el lapso que le dio el Congreso a la AGN para hacer una evaluación sobre el acuerdo firmado el año pasado, en el cual el Estado aceptaba condonar el 98,87 por ciento de la deuda que acumuló la empresa postal desde 2001.
La decisión de la Cámara responde a las quejas que la AGN hizo públicas: dijo que pedía documentación a áreas del Estado y de tribunales, y no obtenía respuesta. La AGN tiene que hacer una evaluación de la gestión del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, que fue el que representó al Estado el 28 de junio del año pasado –a través de un funcionario con designación transitoria, Juan Mocoroa– en la audiencia donde se firmó el acuerdo con el Correo; y tiene que analizar el acuerdo en sí mismo. Las camaristas María Lilia Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, en una reacción que puede tener consecuencias, le mandaron el expediente entero, que es inmenso.
Los 120 días de plazo que la comisión revisora de cuentas del Congreso le dio a la AGN para hacer sus informes fueron la excusa con la que el Estado solicitó suspender por ese lapso el trámite de todo el expediente del concurso del Correo, donde el mismo Estado planteó la reformulación del acuerdo ante el escándalo público después de que se conoció el dictamen de Boquín, que decía que era abusivo y ruinoso para las arcas públicas. La prórroga promovida ahora no es otra cosa que funcional al Gobierno y al Correo: al primero, porque apunta a diluir el tema durante la campaña electoral, hasta noviembre o diciembre; y al segundo, porque en las circunstancias actuales quiere eludir la quiebra, que arrastraría a las dos empresas pilares del Grupo Macri, que son sus controlantes, Socma y Sideco.
Antes de resolver si admitía los 120 días de gracia, la Cámara pidió opinión a las partes. Las sindicaturas, excepto la controlante, dieron el visto bueno. Les tocaba después opinar a la Procuración del Tesoro y a Boquín. Pero antes de que eso se produjera se volvieron a mover fichas clave: primero, el Gobierno echó al procurador, que hasta la semana pasada era Carlos Balbín, quien tenía además un informe de auditoría crítico al papel del Gobierno en el asunto del Correo; ahora la Cámara envía todo el mamotreto del expediente a la AGN. Por ahora, mientras esté todo ahí, no dictaminarán ni el nuevo procurador Saravia Frías ni Boquín. Saravia Frías no es una preocupación para el oficialismo, al contrario: representó en su estudio al Grupo Macri. Pero Boquín es el gran dolor de cabeza del presidente Mauricio Macri y su familia empresaria.
Boquín es la fiscal que, una vez más, la semana pasada mostró que el Correo Gate es inagotable y el tema de mayor afectación para la imagen presidencial: denunció maniobras de vaciamiento de las cuentas del Correo en el Banco Ciudad para efectuar desvíos hacia otras empresas y negocios de la familia, que son las empresas pilares del grupo, Socma y Sideco. El monto de dinero retirado es cercano a los 10 millones de pesos. Es poco en relación con los volúmenes de plata que este affaire involucra, pero llegó hasta ahí porque la jueza Marta Cirulli negó los permisos para que siguieran retirando dinero cuando la fiscal presentó su primer dictamen sobre el acuerdo. El principio del vaciamiento se produjo justo cuando estaba el acuerdo por la deuda en camino y después de que se concretó.
Las juezas de la Cámara jugaron a hacer tiempo en este expediente, que tuvieron desde 2011 hasta el año pasado, cuando cambió el Gobierno y las condiciones de aceptación de un pacto. Ahora la excusa es el informe de la AGN.
