El comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó que se encontraron 29.600 balas antitumulto 12/70 en un depósito de esa fuerza ubicado a minutos de La Paz y que corresponden a materiales represivos enviados por el gobierno de Mauricio Macri en los primeros días de la dictadura de Jeanine Añez. “Los cartuchos indudablemente son argentinos”, dijo Aguilera a Página/12.
La aparición de balas de goma, de granadas y de spray de gas pimienta había sido anunciada por Aguilera el miércoles. Después de un análisis preliminar de la fuerza que él conduce, el comandante boliviano sostiene que se trata de 29.600 cartuchos 12/70. Junto con los 40.000 --agradecidos por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara en una carta hallada en la embajada argentina en La Paz--- completarían casi el número total de 70.000 balas antitumulto que el 12 de noviembre de 2019 salieron de la Argentina junto con un contingente de gendarmes.
Según dijo Aguilera ya estaría identificado el funcionario de la Policía de Bolivia que recibió el material, que ya forma parte del acervo de esa fuerza aunque, por el momento, no hay documentación que justifique cómo llegó hasta ahí ni por qué. La Policía de Bolivia continúa haciendo una investigación interna que permita reconstruir el circuito para entender cuáles fueron los canales para que esa fuerza se hiciera con material bélico que la Gendarmería de Patricia Bullrich pidió sacar de Argentina para ir a técnicamente a proteger la embajada en pleno golpe de Estado contra Evo Morales.
Desde Zurich, Macri reapareció este jueves para decir, en una entrevista con Radio Mitre, que le parecía “poco creíble” el hallazgo del material en poder de la Policía de Bolivia. Se suma así a un largo catálogo de justificaciones de dudosa efectividad que incluyen desde negar la veracidad de la carta del excomandante de la FAB hasta sostener que debe ser el gobierno de Alberto Fernández el que dé cuenta del envío de material bélico --que salió de la Argentina un mes antes de que asumiera--.
"Las excusas de Macri se parecen más a las de un niño caprichoso que a las de un expresidente que tiene que dar explicaciones sobre un delito gravísimo en nuestro país", respondió el secretario de Justicia Juan Martín Mena en una entrevista con AM750. “Macri no puede explicar lo que pasó”, continuó el funcionario que secunda a Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia e insistió que él y otros altos funcionarios del gobierno de Cambiemos incurrieron en el delito de contrabando agravado por haber mandado material represivo a Bolivia.
La hipótesis más firme es que las 70.000 balas que salieron de Argentina el 12 de noviembre de 2019 se hayan repartido entre la FAB y la Policía de Bolivia. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, le dijo a este diario que, por la información que maneja su cartera hasta el momento, los gendarmes no emplearon balas en Bolivia. De hecho, los efectivos enviados integraban el grupo “Alacrán”, un cuerpo de élite de la Gendarmería que no utiliza armamento antitumulto sino armas letales. Eso también sirve para descartar la versión que intentaron dar jefes de esa fuerza para justificar el desvío de las municiones hacia las fuerzas golpistas en Bolivia: la justificación fue usaron nada más y nada menos que 70.000 balas para entrenarse con armas que no manejan.
La semana posterior al arribo del contingente de gendarmes con el material bélico se produjeron dos masacres, la de Sacaba y la de Senkata, perpetradas por integrantes de las fuerzas armadas. En la denuncia presentada ante el fuero penal-económico contra Macri, Bullrich y otros altos funcionarios, el gobierno nacional estima que las municiones se hayan empleado allí. Esas represiones serán parte del análisis que efectúa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) --creado por acuerdo entre el Estado Plurinacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-- en el informe que presentará el viernes de la semana próxima. Según fuentes del gobierno boliviano, el informe podría incluir los últimos descubrimientos que dan cuenta de una coordinación con algunos países de la región para apoyar el golpe contra Evo. Entre ellos se cuenta el gobierno de Macri, Ecuador y Brasil.
En los tribunales
Es probable que este viernes el fiscal Claudio Navas Rial dictamine sobre la denuncia que presentaron Soria, Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. La causa tiene como acusados a Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exembajador Normando Álvarez García (ver aparte), el extitular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) Eugenio Cozzi y el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero.
Navas Rial es el fiscal en las dos denuncias que tramitan en el fuero penal económico (la que presentó el gobierno y la que formuló el excamarista Eduardo Freiler). Es factible que los dos expedientes se terminen unificando en algún momento. La denuncia del gobierno está en manos del juez Javier López Biscayart, quien, en las últimas horas, recibió una presentación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) para ser tenida como querellante.
La Gendarmería envió documentación también a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM), que está a cargo de Gabriel González da Silva y de Navas Rial. En esa investigación preliminar se le pidió información a la Cancillería y a la embajada argentina en La Paz sobre los hallazgos en la Policía de Bolivia y que se recabe si existen filmaciones de la base aérea en la que aterrizó el Hércules C-130 con el contingente de gendarmes que llegó el 13 de noviembre con las armas y municiones.
