La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio para cuatro policías acusados de haber incurrido en los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves y amenazas, por un hecho cometido el año pasado en Rosario de la Frontera. Esta fue de las denuncias de violencia policial que recibió la Cámara de Diputados y por las que se constituyó una comisión especial en la localidad.

Los policías acusados son Guillermo Agustín López (36); David Ricardo Pérez (25); Walter David Peralta (44); y Carlos Alberto Apaza (38), todos se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana, del 911, en Rosario de la Frontera.

Los hermanos José y Pablo Ramis, de la localidad del sur provincial, denunciaron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda cuando escucharon ruidos en la puerta. Cuando se levantaron para ver qué sucedía, observaron que había policías en el comedor de su casa golpeando a un vecino.

José dejó asentado en su denuncia que cuando pidió explicaciones a la policía por esta situación y por haber ingresado a su domicilio, no le contestaron y lo esposaron. En ese momento su hermano Pablo también pidió explicaciones pero tampoco se las dieron. En cambio, uno de los efectivos desenfundó el arma, le quitó el seguro y apuntó a Pablo en la cabeza, diciéndole "quedate quieto o te quemo". Los hermanos y el otro vecino fueron esposados y golpeados, y los subieron al patrullero.

José indicó en su denuncia que los golpearon en "la espalda, el pecho y la cara" con "cachiporras, piñas, patadas y rodillazos". Relató que uno de los oficiales les decía "muchachos, cómo se van a caer en el canal machados" para justificar la paliza, y los amenazó con que la próxima vez los llevarían "a un descampado y no la contarían".

José detalló que a su hermano lo golpearon en todo momento preguntándole si le gustaba mirar. Indicó que después de ese hecho, había policías que pasaban por su casa "en reiteradas oportunidades", por lo que pidió en su denuncia que se tomaran medidas para garantizar su integridad física. Después de la golpiza, el hombre dijo que vio afectada su salud, "con vómitos y fiebres e infección respiratoria", un traumatólogo le diagnosticó una fractura de costilla. Agregó que esto le ha generado perjuicios de salud y también económicos porque tuvo que pedir dinero prestado para comprar medicamentos.

La esposa de Pablo también denunció el año pasado que los hechos de violencia policial fueron cometidos en presencia de su pequeña hija de 2 años. 

La fiscalía logró la identificación de los policías implicados, quienes se trasladaban en el móvil 1858. Simesen de Bielke determinó que los policías cometieron un exceso de sus funciones, “acometieron en contra de la integridad física de los tres hombres, a quienes causaron lesiones en distintas partes del cuerpo”.

La fiscala aseguró que los hermanos fueron heridos por golpes dados por los policías al momento de la detención y en el traslado. Además, resaltó que los efectivos ingresaron al domicilio sin una orden judicial y sin que hubiera un motivo suficiente autorizado por la ley.

Asimismo, sostuvo que para avalar la restricción ilegal de la libertad, los policías armaron una causa penal, según surgió de las copias de una denuncia en la Subcomisaría El Mirador, realizada por el efectivo Carlos Apaza, que acusó a los detenidos por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de medidas sanitarias.

Simesen de Bielke determinó que los policías profirieron amenazas en la Comisaría 31, en las que "anunciaron la posibilidad de un mal futuro, inminente y probable, que generó un temor serio y fundado en las víctimas”.

El año pasado, los vecinos Julio Padilla y Pablo Arroyo, se presentaron ante la Cámara de Diputados, y expusieron sus denuncias y de otras personas de Rosario de la Frontera, entre las que se encontraban también las de la familia Ramis. 

En la comisión de Derechos Humanos los vecinos pidieron a lxs legisladorxs que intervengan ante la violencia policial que estaban sufriendo de forma sistemática durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19 en la localidad. A raíz de esta acción luego se constituyó una comisión especial de diputadxs que viajó hasta la ciudad del sur provincial para relevar más denuncias y escuchar a las víctimas. Además, fueron hasta allí dos trabajadorxs de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.  

Padilla contó a Salta/12 que sigue esperando justicia. El hombre detalló que tuvo que migrar a otra provincia luego de la violencia policial sufrida. Dijo que ese hecho lo perjudicó mucho, y que nada ha vuelto a ser lo mismo, estuvo un mes sin poder trabajar, con muchos gastos médicos, tuvo que pedir dinero prestado e hizo un esfuerzo a pulmón para viajar a la Capital y exponer la violencia institucional sufrida. 

El vecino trabajaba como chofer, el 2 de mayo de 2020 alrededor de las 20.30, se encontraba frente a su casa atendiendo a un compañero de trabajo por cuestiones laborales y cuando se estaban despidiendo llegó un móvil policial. Se bajaron tres policías, quienes les advirtieron que les iban a labrar una infracción. Les pidieron los permisos para transitar. Padilla buscó los papeles en su domicilio y los presentó.

El hombre relató que cuando fue a hablar con los efectivos se "bajó el barbijo", y le llamaron la atención. Luego de un "entrecruce de palabras", dijo que "lo tiraron al suelo, le colocaron las esposas, comenzaron a patearlo" y le tiraron "gas pimienta en la cara". Su esposa, su hermana y sus sobrinos presenciaron los hechos. Los policías lo "metieron en la caja del móvil policial, donde continuaron las agresiones verbales, físicas y le tiraron más gas". Padilla dijo que luego lo llevaron a la Comisaría 31, lo metieron en una celda donde los policías lo hicieron arrodillar y que se quedara con las manos en la nuca. Allí lo dejaron y después volvieron para llevarlo a la revisación médica en el hospital. Al regreso lo volvieron a encerrar y después lo soltaron sin mostrarle "ningún papel" sobre su privación de la libertad. El hombre denunció que fue amenazado por los efectivos, y dijo que sentía miedo porque le advirtieron que "donde lo vean lo van a agarrar".