El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta lanzó una campaña que pretende visibilizar distintas conductas que se dan a través de las tecnologías de la comunicación y la información (TICs). Está enfocada en la violencia de género digital, es decir, en aquella agresión que se realiza a través de canales como el correo electrónico, sistemas de mensajería y redes sociales, que reproducen situaciones de desigualdad entre los géneros.

El actual escenario de Internet aún cuenta con vacíos legales ya que no todas las conductas violentas que padecen las mujeres y miembros del colectivo LGBTIQ+ están tificadas como delito. Para que esto suceda se debe modificar el Código Penal de la Argentina. 

Inés Bocanera, integrante del directorio del OVcM, djo a Salta/12 que uno de los espacios más recurrentes para el ejercicio de este tipo de violencia son las redes sociales, en el que quienes agreden tienen "un papel muy activo, pero a la vez, muy invisibilizado". Uno de los escenarios que plantea la campaña, que consta de tres videos animados, es la relación de pareja. 

Bocanera señaló que no es muy diferente a lo que sucede en una relación presencial, pero aseguró que las personas que sufren violencia de parte de sus parejas a través de las TICs, "creen que no pueden hacer nada". "Entonces hay una cierta vulnerabilidad en relación a las nuevas tecnologías", precisó. En el primer video se muestra una relación de pareja en la que el agresor es un controlador que además hostiga a su pareja exigiéndole que le informe su ubicación todo el tiempo y que le dé detalles de sus movimientos. 

El segundo, resalta cómo este hostigamiento también se reproduce desde el anonimato, partiendo de comentarios en los posteos de redes sociales hasta el envío de imágenes no consentidas por mensaje privado. Mientras que el tercer video, refleja como rompiendo un acuerdo mutuo, una de las partes difunde imágenes íntimas.

Bocanera consideró importante difundir los distintos tipos de conductas violentas y señalar que se pueden denunciar en los dispositivos ya habilitados. Sin embargo, aquí se presenta un escenario diferenciado porque sólo algunas conductas están tipicadas como delitos. Por eso, desde el OVcM aclararon que las producciones condensan solo algunas de las conductas violentas que se dan en internet que aún no están plasmadas en las legislaciones vigentes.

En la actualidad y de acuerdo a la normativa vigente, son delitos la extorsión, las injurias, el acceso a mails sin autorización y a equipos engañando a la persona, la instalación de programas espías en los equipos de la víctima, el envío y posesión de pornografía infantil, el grooming, las amenazas, la coacción, la publicación de chats o conversaciones privadas, el cambio de contraseñas o limitar el acceso a cuentas y la modificación o eliminación de almacenamiento de información de las víctimas. 

Por el contrario, aún no se contemplan como delitos el acoso virtual en cualquier forma, la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento en redes, la suplantación de la identidad, el uso de imágenes de las usuarias para fines indebidos, la creación de cuentas anónimas, el acceso indebido a cuentas de redes sociales, subir videos privados a portales pornográficos sin autorización y el doxing (publicar información personal de una persona para perjudicarla). 

Vacíos legales 

Para la abogada feminista Patricia Aguirre, estas conductas violentas presentes en las nuevas tecnologías "vienen perfilando a lo que se llamaría como nuevas figuras delictivas que hoy no están sancionadas legalmente". En ese sentido, aseguró que existe un vacío legal "importante" en relación al tema porque "no solamente se producen ciber acosos, sino que está presente la suplantación de la identidad que muchas veces lleva a la trata de personas", que también es delito.

Aguirre tuvo presente que el año pasado, la población estuvo en Aislamiento Social (ASPO), lo que derivó que hubiera mayor interactuación en las redes sociales. Lo que para ella significó un cambio de paradigma, que no sólo habilitó un aumento de hechos de violencia al interior de los hogares, sino que "surgió una nueva forma de violencia psicológica sobre la persona que interactúa" a través de las nuevas tecnologías. 

A modo de ejemplo, dijo que las personas deciden intercambiar diálogos o compartir fotografías y videos de manera privada, pero son difundidas sin su consentimiento; causando perturbación y daño psicológico en mujeres, adolescentes y niños y niñas. Así, "Se ven acorralados en un círculo sin salida" que es aún mayor si no tienen un ambiente de confianza que los contenga.

Aseguró que estas conductas deben considerarse como delitos porque dañan el bien jurídico de las personas junto a su dignidad e integridad psicológica. No obstante, lamentó que "no tengamos un cuerpo normativo que nos permita vivir una vida libre de violencias". 

Por eso, contó que en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 1 de Salta, tienen presentes estas limitaciones y buscan actuar con medidas cautelares. En este caso, cuando se presenta una denuncia de violencia de género, apelan a la prohibición al agresor para evitar que se comunique haciendo uso de las redes sociales o plataformas de comunicación similares. 

"Dentro de las facultades acotadas que nos marca la actualidad podemos decir que dentro del Juzgado se hace lo que se puede, buscando brindar una mínima tranquilidad a la víctima", expresó Aguirre. 

Algo similar sucede por parte del gobierno de Salta, que a través del Polo Integral de Mujeres asistió a víctimas de violencia de género que denunciaron su situación por medio de las redes sociales. El organismo acompaña a las víctimas en el proceso jurídico contra el victimario, en ese proceso los servicios se centran en asesoramiento jurídico, contención psicológica y asistencia social. 

No obstante, Aguirre sostuvo que es necesario que el Congreso Nacional modifique el Código Penal. En ese sentido, sugirió que mientras estas acciones no sean calificadas como delitos, la provincia podría tomar medidas a través de la modificación del Código Contravencional, habilitando sanciones. 

Otra medida que consideró apropiada es la creación de una fiscalía de delitos informáticos, que vendría a "acotar un poco la brecha que nos encuentra en una situación de inestabilidad". "Las abogadas tenemos que ir por los canales que respeten la integridad de las personas", reiteró, indicando que a medida que se vayan sucediendo los casos, se irán encontrando las sanciones. 

Las organizaciones toman la posta 

A pesar del escenario de vulnerabilidad, las organizaciones transfeministas se abocaron a pensar proyectos de prevención y asistencia orientados a las redes sociales. Esto como consecuencia de las medidas de Aislamiento Social que se dictaron el año pasado. Uno de esas acciones fue el proyecto "Nosotras nos metemos", lanzado por Activismos en Red como parte de la Iniciativa Spotlight Argentina. 

Uno de los integrantes de Salta fue Aramis Escobar, de la Fundación Diversa, que contó que ante la nueva realidad tuvieron que modificar los mecanismos de ayuda y acompañamiento ante las situaciones de violencia. Sostuvo que "muches han tenido que convivir con les violentes", lo que derivó en tomar a las redes sociales como un mecanismo directo de intervención. 

Sólo en lo que va de 2021, la Fundación atendió 31 casos de violencia de género, en los que intervinieron junto a abogadas que los acompañan. Allí no sólo evidenciaron que las prácticas se daban en un entorno presencial sino que se trasladaban al ámbito de las tecnologías, sufriendo una doble vulneración. 

"Muchas denunciaban que estaban formando nuevas parejas y sus ex parejas las acosaban u hostigaban" a través de las redes sociales. Aún así, intentan recolectar todas esas pruebas para poder formalizar las denuncias. "Creemos importante educar y deconstruir este sistema patriarcal y machista que vivimos" apelando a una mayor difusión de las situaciones que sufren las mujeres y diversidades, sostuvo Escobar. 

Para asesorías y denuncias, se pueden comunicar a la línea 144 o al Polo Integral de las Mujeres, al teléfono 3875- 719316.