La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, negó haber tenido responsabilidad en la filtración de un libro de actas que envió a la justicia federal de Lomas de Zamora mientras se investigaba allá el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante la indagatoria ante la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano de este viernes al mediodía, Caamaño dijo que, tras la filtración, no existió peligro para ninguno de los agentes. La causa surgió después de una denuncia de exintegrantes de la AFI, a la que se sumaron varios dirigentes de la oposición, como Cristian Ritondo, Jorge Enríquez, Fernando Iglesias y Waldo Wolff. Desde el macrismo siempre se usó la filtración como un caballito de batalla para torpedear las investigaciones sobre el espionaje durante la gestión Cambiemos.

Un grupo de cuatro exagentes presentó el 28 de septiembre del año pasado una denuncia contra Caamaño por abuso de autoridad y violación de secretos. Todo se produjo a raíz de la divulgación en portales de internet de una copia de un libro de actas que ella había mandado a la fiscalía de Lomas de Zamora, que conducía la investigación sobre el espionaje en el Instituto Patria. En ese expediente están procesados el exdirector general Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz.

“La información suministrada por la AFI no sólo fue determinante para conocer la existencia de esa actividad ilegal en el propio seno de la Agencia, sino para desentrañar su estructura orgánica al momento de los hechos”, planteó Caamaño en un escrito que presentó Servini, al que Página/12 tuvo acceso. De hecho, la causa del espionaje en el Instituto Patria se inició a partir de una denuncia que la propia Caamaño presentó en Lomas en febrero del año pasado.

Por Zoom, la interventora en la AFI hizo una breve explicación de su rol en la Agencia y su colaboración en causas judiciales desde que Alberto Fernández la designó al frente de la exSIDE y respondió a las preguntas de la jueza y del fiscal. Según pudo reconstruir este diario, Caamaño sostuvo:

  • Que la denuncia no tenía fundamentos;

  • Que jamás había estado en riesgo ningún agente en el exterior o en el país tras la divulgación de la copia del libro de actas;

  • Que ningún otro país se quejó porque peligrara un acuerdo con otra agencia, según informó la Cancillería al juzgado;

  • Que ella tomó todos los recaudos a la hora de enviar la copia del libro de actas, que fue en papel y que pidió no reproducirla y que sólo fuera consultada en la sede de la fiscalía;

  • Que ella prestó 40 veces colaboración con la justicia federal de Lomas mientras se investigaba allá la megacausa de espionaje y que la filtración se produjo 70 días después de que ella mandara el documento;

  • Que en todo caso fue en Lomas donde se decidió subir la copia al sistema y desde allí se produjo la filtración;

  • Que no tenía obligación de testar la información, que eso no surge de ninguna disposición interna, y que, en cambio, sí tiene obligación de colaborar con la justicia.

Caamaño pidió su sobreseimiento. Su situación deberá ser definida por la jueza Servini probablemente después de la feria de invierno que comienza el lunes. 

Los hechos

Coste, que ocupó un alto cargo en la AFI durante la última etapa de la gestión Arribas, terminó denunciando a sus exjefes por las maniobras para encubrir el espionaje contra CFK. Lo hizo primero ante la Bicameral de Inteligencia el 26 de junio del año pasado. Lo ratificó el 10 de julio del año pasado ante el juez Juan Pablo Augé cuando tuvo que presentarse a indagatoria, pero pidió declarar cuando tuviera leída la causa. Augé fijó una nueva audiencia para exactamente una semana después. El defensor de Coste pidió, entonces, acceder a las resoluciones que había firmado Arribas para que su defendido pudiera explicar, entre otras cosas, por qué no podía denunciar lo que sabía internamente porque los cargos claves en la AFI estaban ocupados por amigos o parientes del entonces Señor Cinco.

El 16 de julio del año pasado, a las 18.30, llegó a la fiscalía de Lomas un cuaderno de 135 hojas anilladas con las actas que hacían referencia a las resoluciones que Arribas había firmado entre 2016 y 2018. la interventora pidió a los fiscales que el material se consultara únicamente en la fiscalía para evitar filtraciones. Coste declaró al día siguiente. Estuvo más de seis horas en el despacho del juez Augé. La audiencia terminó porque se cortó la luz en la zona. Al lunes siguiente, el exdirector operacional de Contrainteligencia avisó que estaba con síntomas de covid. Aun así, la fiscal Cecilia Incardona y el secretario del juzgado fueron hasta la casa de Coste para que firmara el acta que no se había podido firmar al final de la indagatoria por el corte de luz. La declaración terminó con cinco personas con covid. La fiscal estuvo once días internada. El fiscal Santiago Eyherabide también se contagió, aunque lo transitó sin síntomas severos. Augé debió guardar reposo estricto.

En ese ínterin, Arribas y Majdalani pidieron acceder al libro de actas, como había podido hacerlo Coste para defenderse. El material se terminó subiendo al sistema y, desde allí, se filtró. Cuando los fiscales advirtieron la filtración, le pidieron a Augé que lo bajara y denunciaron los hechos ante el juez. Caamaño también presentó una denuncia, pero en los tribunales de Comodoro Py.

Las denuncias de filtración de datos fueron constantes por parte de los funcionarios del macrismo e incluso del propio Mauricio Macri, como una forma de contrarrestar las investigaciones que estaban saliendo a la luz y mostraban que el espionaje había sido tan extendido que hasta había tenido como víctima a la propia hermana del entonces presidente Florencia Macri. Las actas, que envió Caamaño a pedido de los fiscales, eran fundamentales para entender, nada más y nada menos, la estructura de la AFI, desde donde se orquestaron las tareas de inteligencia ilegal.

A priori, con el llamado a indagatoria, termina Caamaño colocada en el lugar de investigada después de haber promovido más de media docena de pesquisas sobre el rol de los espías durante la gestión de Macri. Entre otras, Caamaño denunció el espionaje en el Instituto Patria, la vigilancia en el marco de las cumbres mundiales del G20 y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el control sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan -- por el cual fueron indagados en la última semana los exjerarcas de la AFI macrista.