Desde el gobierno de Mauricio Macri intentaron despegarse del fallo de la Corte Suprema, pese a las distintas muestras que dieron el Presidente y sus funcionarios sobre qué piensan sobre lo ocurrido en la dictadura. Con cierta incomodidad, y de manera similar a cuando se les pregunta por Milagro Sala, el discurso oficial es que se trató de un fallo de la Justicia independiente. No obstante, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que estaba de acuerdo con el voto mayoritario de la Corte. Luego insistió en que se trata de una cuestión de otro poder del Estado. En Balcarce 50, cruzaban los dedos para no recibir nuevas condenas internacionales a raíz de la liberación de genocidas.

Pese a que ayer buscaban tomar distancia, no fueron pocas las señales que dieron desde el oficialismo sobre un tema al que dicen no querer tocar, para “mirar hacia delante”. El puntapié inicial lo dio el Presidente, quien demoró el recibir a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo hasta que el contexto internacional (las visitas de los presidentes de Francia y Estados Unidos) lo obligó a ceder y hasta tuvo que pisar el Parque de la Memoria. Los organismos de derechos humanos no olvidaron, no obstante, que Macri había hablado en campaña de que se “terminaba el curro de los derechos humanos”, aunque para referirse a la causa de Sueños Compartidos. Puesto a hablar sobre el tema, el Presidente esquivó las preguntas sobre el número de desaparecidos y condenó por igual la “violencia institucional” y la “violencia política”.

Mientras tanto, sus funcionarios recibieron en reserva a representantes de las organizaciones que defienden a los represores, tal como reveló este diario, e iniciaron polémicas sobre el tema. La primera estuvo en manos del entonces ministro de Cultura, Darío Lopérfido, quien puso en duda la cantidad de desaparecidos y aseguró que se había fijado el número para “cobrar indemnizaciones”. Hoy Lopérfido fue pasado a cuarteles de invierno, pagados con el erario público en la agregaduría cultural de la embajada argentina en Berlín. El segundo funcionario fue más allá: Juan José Gómez Centurión negó que hubiera existido un plan sistemático de desaparición de personas. Hoy, aunque delicado de salud, continúa en su cargo como director de Aduana. 

En todos los casos, fue Avruj el que tuvo que ocuparse de hacer el control de daños. Igual que ayer: “Tenemos que ser muy respetuosos. Es un fallo del órgano máximo de la Justicia. Estando en democracia, tenemos que respetarlo”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos, en una actitud del Gobierno que se diferencia de cuando recibe fallos contrarios del fuero laboral: allí se intenta remover a los jueces y se los denuesta públicamente. Aquí hubo un cauteloso apoyo.

–¿Van a acompañar a los organismos de derechos humanos en su denuncia internacional? –le preguntó el periodista Emanuel Respi- ghi en AM 750.

–No se trata de que el Gobierno acompañe. No puede ir el Gobierno en contra del máximo tribunal –fue la finta que eligió Avruj.

No obstante, el secretario de Derechos Humanos terminó por admitir que coincidía con el voto mayoritario de la Corte. “Estoy de acuerdo si este fallo está sustentado, si la normativa que marcan los jueces lo establece”, dijo. “El voto de Rosatti explica claramente que el fallo no deja de lado la gravedad y la inhumanidad que significaron los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares en la dictadura que nos acechó, pero que en un Estado de Derecho hay que juzgar de acuerdo al marco legal”, afirmó. Avruj también le respondió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Me parecen de una gravedad mayúscula los dichos de Estela Carlotto de que esto es un gobierno de ladrones y mala gente. Si el enojo la lleva a adjetivarnos de esta manera, tendría que hacer las denuncias que corresponda a aquellos que son ladrones”, indicó.

En el Gobierno, no hubo otros funcionarios que quisieran comentar el fallo. Primó el silencio. En el Ministerio de Justicia, dejaron entrever una posición diferente, pero en relación a la conmutación de penas: “La ley del 2x1 fue la mayor aberración en materia de política criminal de nuestro país”, dijo una alta fuente. “Nosotros no lo operamos. ¿Qué ganamos con liberar a los genocidas?”, sostuvo uno de los consejeros jurídicos del Presidente ante este diario. “Los jueces más políticos (Lorenzetti, Maqueda) votaron al revés. Esto es un fallo jurídico, no político. No es un tema nuestro. En todo caso, nos hubiera sido más cómodo que no hicieran olas”, argumentó. 

Ante la posibilidad de que el Estado reciba nuevas condenas internacionales, como ocurrió ya con la prisión de Milagro Sala, el discurso volverá a la independencia de la Justicia. “Si nos critican, es gratuito. El Ejecutivo no tiene nada que ver acá”, insistieron.