Buena parte del arco opositor repudió la acordada de la Corte Suprema que habilitó para los delitos de lesa humanidad el derogado artículo 7 de la ley 24.390, conocido como el 2x1. Dirigentes políticos y sindicales coincidieron en señalar como “aberrante” y “vergonzosa” la decisión de los supremos Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En tanto,la ex presidenta Cristina Kirchner, indicó que los jueces “equiparan el Terrorismo de Estado con delitos comunes” (ver recuadro).
El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ aseguró que el fallo tiene un solo significado: “Es llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas”. En tanto, sus pares del senado de la provincia de Buenos Aires indicaron que además de significar “un claro retroceso en materia de derechos humanos” también “constituye un mensaje desalentador para la sociedad y un triunfo para los defensores de la impunidad”.
La mesa nacional del Movimiento Evita se sumó al repudio al sostener que “es una clara muestra de facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más atroces crímenes en la última dictadura cívico militar porque acorta las penas a los genocidas y se suma a las diferentes avanzadas del gobierno y de los sectores conservadores en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. El Instituto Patria expresó que “la verdadera cara de este gobierno está expresada en este fallo de la Corte” y tras repudiar la sentencia convocó “a todas las instituciones a manifestar su preocupación por estos retrocesos que atentan contra la democracia y el legítimo funcionamiento de sus poderes”.
Por otro lado, el ex diputado del FPV, Agustín Rossi manifestó su descontento al sostener que la decisión de la Corte es “indignante y vergonzosa”. El actual ministro de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla e integrante de HIJOS, calificó de “horrorosa” la decisión de los supremos y aseguró que “no dicen donde están los restos de los desaparecidos, quiénes son los 200 nietos que siguen apropiados, pero la Corte los beneficia con el 2x1”.
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, destacó que el fallo de los supremos “no hacen más que abrir la famosa ‘puerta giratoria’ para todos aquellos que cometen delitos de cualquier índole, una manera de fomentar la inseguridad y la violencia en nuestra sociedad”. En tanto, el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, indicó que “para este tipo de cosas quería Macri tener mayoría en la Corte. El fallo es aberrante, vergonzoso y es una afrenta a la memoria de las víctimas y una señal de impunidad espantosa”.
El bloque del Frente Renovador que lidera Sergio Massa aseguró, a través de un comunicado, que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”. Mientras tanto, el diputado que integra esta bancada, Facundo Moyano, presentó un proyecto de resolución donde repudia el fallo de los cortesanos por entender que “si la Justicia beneficia genocidas ¿qué garantías puede dar el Estado a víctimas y testigos como Julio López? El fallo de la Corte marca un precedente muy peligroso, los beneficios y garantías no deben ser para los criminales sino para las víctimas”, señaló Moyano.
El partido GEN, que responde a la diputada Margarita Stolbizer, destacó que la medida “desconoce la política de Memoria, Verdad y Justicia” y rescató como positiva la fundamentación del voto disidente de los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes sostuvieron que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad” y que “se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”.
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja,la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), advirtió que “el carácter permanente de la ejecución y consumación del delito” de lesa humanidad “bajo ningún punto de vista puede ser un motivo que habilite la aplicación de una ley anterior, la cual no se encontraba ni vigente al momento del hecho, ni al momento de su detención. Por lo tanto, no existen razones ni válidas ni lógicas para sostener su aplicación en estos casos”.
Los referentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman y Nicolás del Caño, también se manifestaron en contra. La primera indicó que “la Corte está indultando” y Del Caño expresó que “mientras el gobierno de Macri niega a los 30.000 desaparecidos, la Corte beneficia a los genocidas”.
Desde el mundo gremial, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, repudió la decisión de los supremos y manifestó que se trata de “un retroceso sin precedentes en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. También recordó que el antecedente inmediato a esta acordada fue el otorgamiento de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz.
El economista y dirigente del partido Patria Grande, Itai Hagman indicó que el polémico fallo permite “entender el apuro y la prepotencia en la designación de los Jueces de la Corte Suprema apenas iniciado el gobierno de Cambiemos. Dos de ellos fueron promovidos directamente por el macrismo. La Corte Suprema vuelve a ser una vergüenza”.
