Fue en un instante inesperado, cuando Cristina Fernández de Kirchner llevaba un buen rato hablando ante el Tribunal Oral Federal 8: de pronto asoció la causa del Memorándum con Irán con una campaña internacional de los fondos buitre contra su gobierno y quedó al borde del llanto, sin perder la vehemencia. "Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué", enfatizó. Su explicación arrancó lágrimas y otros gestos de conmoción entre el puñado de abogados/as e imputados que estaban en el Zoom judicial. Describía cómo la causa en la que había sido acusada de encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA no sólo podía vincularse con una ofensiva política instrumentada a través de sectores del Poder Judicial sino con una rama expandida por medios europeos motorizada por los acreedores que no ingresaron al canje de deuda. En ese momento mostró una publicación en inglés con su foto y la del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. En letras rojas sobre un fondo negro se leía: "Argentina e Irán, alianza vergonzosa ¿Un pacto con el diablo?". Acababa, además, de evocar por los logros sobre reestructuración de la deuda externa a Héctor Timerman, el canciller que falleció imputado en medio de este proceso y a quien el juez Claudio Bonadio impidió viajar a Estados Unidos para tratarse contra el cáncer. A esa altura, había cerca de 23.800 personas mirando por Youtube la audiencia oral y pública prevista para que tanto CFK como el resto de las personas acusadas expliquen por qué piden la nulidad del caso y sus sobreseimientos, algo que el TOF 8 evidentemente está dispuesto a evaluar. 

CFK hizo un relato simple y emocional. Retrató la causa del Memorándum de entendimiento con Irán "desde la más simple lógica" como un "disparate judicial, institucional y político", generado a partir de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero de 2015, que apareció muerto cuatro días después de concretarla, donde les adjudicaba a ella, a Timerman y a Larroque entre otros, el delito de encubrimiento. "Estamos acusados de encubrir el atentado --apuntó-- gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional ni conexión de tiempo y espacio con este delito, aún impune. La impunidad del atentado también fue por este manejo político que se dio a la causa". Las querellas de la DAIA y dos familiares de víctimas  --Luis Czyzewski y Mario Abervuch-- no estaban presentes en el Zoom, tal como lo habían anunciado, en desacuerdo con la realización de una audiencia que estuviera a la vista de toda la ciudadanía, a lo que agregaron el reproche de que estaba agendada poco después del acto central de conmemoración por el aniversario del atentado. 

La vicepresidenta habló desde su escritorio, rodeada de papeles escritos con letra grande en marcador negro y resaltadores de varios colores. Detrás, una imagen suya junto a Néstor Kirchner. En un recorrido ordenado puso en contexto la evolución del expediente y su relación con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia y su política judicial. "Desde los primeros días de su gestión comienzan a producirse hechos institucionales de gravedad inusitada destinados a tomar el control del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos", señaló. En una enumeración categórica pasó por el intento de nombramiento de jueces supremos por decreto, la persecución a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó hasta lograr su renuncia, la creación de un cargo a medida de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción (OA), la puesta a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) de personas ligadas al FMI y al banco HSBC, denunciado en el país por generar cuentas para lavar dinero, el papel de esos dos organismos en el fogoneo de las causas contra el kirchnerismo, la doctrina Irurzun de prisiones preventivas, el uso de la Agencia Federal de Inteligencia, el nombramiento de jueces a dedo por traslado y hasta el intento de armar el Tribunal Oral Federal 9 con ese ardid para que recibiera, entre otras, la causa del Memorándum. Le dedicó un párrafo al operador Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y a la mesa judicial. 

"Jueces de atracción"

En su caso en particular aludió a cómo se articuló el hostigamiento a través de un conjunto de causas que, mostró, siempre recaían en los mismos jueces de primera instancia, que eran Bonadio y Julián Ercolini pero que, además, cuando llegaban al tribunal penal más alto, la Cámara de Casación, intervenían automáticamente los mismos dos jueces, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (pese a que son 13 camaristas). En ese punto del discurso, CFK despertó risas cuando comentó que iba a inventar una "nueva figura" para describir lo que pasaba: en lugar de "fuero de atracción", que es una denominación jurídica usual, dijo que para ella había "jueces de atracción".  

Se detuvo en Borinsky y Hornos porque fueron quienes reabrieron el 29 de diciembre de 2016 el expediente el Memorándum que el juez federal Daniel Rafecas había cerrado por inexistencia de delito el 26 de febrero de 2015. Y lo hicieron en días en que visitaban con asiduidad a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. "Resucitaron una causa que estaba acabada", cuestionó, y recomendó escuchar la entrevista a Macri el día después en una radio de Mendoza "donde los felicita con nombre y apellido" por "sacar un fallo a medida del gobierno". La actuación de ambos camaristas es parte del planteo de nulidad y de lo que el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, pidió investigar como medida previa a evaluar si corresponde hacer o no el juicio oral, algo que el TOF 8 aceptó. Es y será clave lo que opine Colombo, ya que cuando el acusador pone en duda el proceso, como viene ocurriendo, todo se debilita. Su turno de hablar será, posiblemente en una nueva audiencia el 4 de agosto o alguna adicional. Ayer también expusieron Juan Martín Mena, quien también aludió a la cuestión de los casadores; Graciana Peñafort, que trajo, entre lágrimas, la palabra de Timerman y sumó críticas a la Corte Suprema; Andrés Larroque, que fue breve, y también su defensora, la jurista Lucila Larrandart. 

El argumento de CFK y el resto de los imputados es el llamado "temor de parcialidad". Enumeró una por una, con sus respectivas fechas, las visitas de Borinsky y Hornos a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada: 18 del primero y 8 del segundo, contemporáneas las más de las veces con decisiones . Mencionó las causas Dólar Futuro, Hotesur y Los Sauces, Vialidad, y también los intentos por involucrarla en la llamada "ruta del dinero K" (donde no hay exfuncionarios "K" implicados) y le inventaron una reunión con el juez Sebastián Casanello por la que hubo condenas por falso testimonio. "Está claro que quienes hacían esto estaban considerando que una reunión de un presidente con un juez en una causa donde pueda tener interés, es un ilícito", ironizó. Aplicó una cita del jurista alemán Claus Roxin: "el temor de parcialidad se configura cuando el juez va a jugar al tenis con el imputado y después se van a comer juntos". Recordó que el gobierno de Cambiemos incluso ocultó ciertas visitas cuando la organización Poder Ciudadano le pidió acceso a las planillas generales: de la lista de gente que iba a ver al expresidente, fueron eliminados precisamente los jueces. Las planillas completas se conocieron este año.  

También repasó que mientras reinaba el suspenso sobre la posible reapertura de la causa, la DAIA y los familiares querellantes lograron abrir una "causa melliza". "Cuando no te gusta el resultado de un juicio, armás otro. Eso es lo que sucedió", señaló. Refrescó también que se publicó una solicitada que pedía la remoción de Rafecas y que la firmaron, entre otros, Elisa Carrió, "la misma que ahora impulsa al doctor Rafecas" para la Procuración. En Casación, Borinsky y Hornos también avalaron a Bonadio y la causa duplicada que al final se unió con la original. La vicepresidenta mostró cómo ocupaban lugares en dos salas de la cámara (la I y la IV) "pero no es lo más terrible de todo" advirtió: "Se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA" con anterioridad y eso había sido aceptado por sus colegas, y de golpe cambiaron de idea. "Bonadio tenía la mesa servida: confirmado en Casación, empezó otra vez la cacería, me pide el desafuero (sin éxito), encarcela a (Carlos) Zannini, a Luis D'Elía", entre otros. 

Hace 27 años

La vicepresidenta repasó en qué estaba cada acusado al momento del atentado, el 18 de julio de 1994. Larroque tenía 17 años. Mena, viceministro de Justicia, tenía 15 e iba al colegio en Mar del Plata. Oscar Parrilli, bromeó, "por ahí tenía pelo hace 27 años" y tenía un estudio en Neuquén. Zannini era ministro de gobierno en Santa Cruz, pasó por varios nombres, rememoró a Timerman como periodista. "Yo era legisladora provincial", contó.  Los "encubridores", explicó, suelen ser quienes "tienen intereses o conexiones con los autores materiales, o los autores ideológicos o que tienen responsabilidades institucionales en materia de seguridad tratan de borrar la responsabilidad". Ella, contó, tomó contacto con el tema como senadora, a partir de 1996, en una comisión bicameral de seguimiento de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, que funcionó hasta 2001. Hizo un informe final en disidencia: "Me daba daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna y de la política internacional (...) que la investigación no iba a conducir a conocer la verdad". Como paradoja, en el primer juicio por el atentado ella declaró como testigo. La sentencia en 2004 anuló la causa por ser un armado para impedir acceder a la verdad. "Lo que todos seguimos queriendo saber", acotó. 

Fondos buitre

Fue notable que esta vez --a diferencia de la audiencia de Casación por Dólar Futuro-- CFK no fue crítica hacia el tribunal. Sonaba extraño incluso cada vez que ella decía "presidenta" a la jueza María Gabriela López Iñíguez, que encabezaba la audiencia, cuya publicidad habían apoyado los otros dos jueces también, Daniel Obligado y Juan Michilini. Cerca del final, pasados por lejos los 45 minutos sugeridos, CFK dijo que se había preguntado si todo lo ocurrido había sido solo por persecución política. Ahí recordó que "en aquellos años nos habían declarado la guerra los buitres, que querían cobrar de la Argentina". Contó que Timerman había logrado en la ONU "una legislación global que donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países". "Mientras, los fondos buitre hacían campaña con el Memorándum y con la AMIA" y la financiaba un grupo de choque de sus lobistas. Después de mostrar las publicaciones en su contra, exhibió un gráfico de la deuda: "En 2004 debíamos 116 por ciento del PBI. En 2015, cuando termina nuestro gobierno 37,4 del PBI". Cerca de la actualidad, comenzó otra vez la curva ascendente al 72,6 por ciento, mostró. El cierre volvió a generar conmoción, cuando dijo que no puede creer que "a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para ganar elecciones, y para echarle la culpa a los que, mal o bien, podemos decir que cuando nos toco gobernar la Argentina la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor".