La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa en la que once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2, de Orán, están imputados por privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos. 

Al oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo "Caimán" Páez y Carlos David Morales, la fiscal les atribuye los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal. Igual que al sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, que fueron detenidos posteriormente, el 29 de abril. 

El hombre que denunció las torturas, contó que fue citado a la Brigada el 8 de abril, para que prestara declaración testimonial en el marco de la investigación por el robo al Supermercado Comodín, de Orán. Cuando el ahora denunciante se presentó a declarar, en "claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente", estos policías lo "privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria", sostuvo la fiscala. 

El denunciante estuvo retenido en la Brigada desde las 18 del 8 de abril último hasta la madrugada del día siguiente. En ese tiempo estuvo esposado. Y fue golpeado y sometido a tortura para obligarlo a firmar una declaración apócrifa. 

Por eso el oficial Anagua también fue imputado por falsedad ideológica, porque "insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara", indicó el Ministerio Público Fiscal que consignó la fiscala en el requerimiento de elevación a juicio de la causa contra los policías.

Para Simesen de Bielke, se configuró el delito de torturas, "ya que (los policías) infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa".

La fiscala describió que el denunciante fue golpeado reiteradamente, le colocaron bolsás plásticas en la cabeza para ahogarlo, en un intento por "quebrantar su voluntad". También encendieron un taladro con el que lo amenazaron, luego lo subieron a un móvil y lo llevaron a dar vueltas por el barrio 20 de Febrero, donde lo amenazaron con llevarlo al basural diciéndole que en ese lugar lo iban a matar, y también le advirtieron que

Omisión de evitar delito

Los otros imputados terminaron involucrados en la causa porque estaban en la sede de la Brigada la noche en que el testigo fue torturado, y no hicieron nada para detener este delito. 

Es el caso del oficial auxiliar Pablo Ferrufino, que en el momento del hecho estaba a cargo de la dependencia policial; del oficial Jesús Tárraga, que era oficial de servicio; del sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, jefes de guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, cabos de guardia. 

A estos seis se los acusa de omisión de evitar el delito de tortura. Su presencia en la Brigada la noche y la hora en que se cometieron estos delitos surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial. Lla fiscala aseguró que no pudieron desconocer lo que estaba ocurriendo porque otros detenidos que estaban alojados en la Brigada 2 contaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre a la habitación de atrás que está en el patio interno, luego "escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona".

"En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron", recriminó la fiscala.

Pineda y Martínez también fueron imputados por falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, porque ambos firmaron el acta de declaración como testigos.

Estrés postraumático 

En esta investigación la Unidad de Investigaciones del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) logró identificar a los acusados, además de recopilar información para esclarecer los hechos.

En los fundamentos del pedido de elevación a juicio de la causa, la fiscala Simesen de Bielke, recordó que la pericia psicológica realizada a la víctima concluyó que presenta un cuadro de “stress post traumático” por los hechos de violencia que sufrió.

La fiscala también recordó que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes "se encuentran estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", y su incumplimiento genera responsabilidad internacional del Estado argentino respecto de los agentes estatales que lleven a cabo esos actos.