Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón aseguraron que sufren"violencia institucional" por parte del Gobierno porteño, ya que la asistencia médica y psicológica que se les debe dar por ley es "desastrosa", y el arrendamiento de los nichos en el cementerio de Chacarita, donde descansan los fallecidos, deben costearlo ellos pese a que el servicio fue establecido en forma gratuita y a perpetuidad.
La denuncia apunta al incumplimiento de la ley de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes del incendio ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando se incendió el boliche "República Cromañón" durante un recital de la banda Callejeros, por el cual murieron 194 personas y más de mil resultaron heridas.
La norma, sancionada en 2013 y refrendada en 2018 por la Legislatura, estableció la obligatoriedad del Estado porteño de dar asistencia integral en materia de tratamientos médicos, salud mental y controles neumonológicos, los que están a cargo del Programa de Salud Integral para Damnificados de la tragedia de Cromañón.
La ley, además, dispuso la entrega de un subsidio económico mensual y fijó la creación de una Comisión de Seguimiento de la aplicación del programa, la cual debe estar conformada por representantes de las organizaciones vinculadas a la tragedia, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores porteños.
De acuerdo a la denuncia, "hay un incumplimiento constante de las normativas vinculadas a la masacre de Cromañón" que se inicia con las falencias en el servicio de asistencia e incluye la falta de reuniones de la Comisión estipuladas en dos por año, así como el olvido de convocar a los legisladores a participar de esos encuentros.
Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, quien murió a los 18 en el boliche de Once, y forma parte de Movimiento Cromañón, dijo que "son reiteradas las situaciones de violencia institucional que viven" ya que "siempre la atención en materia de asistencia a la salud fue desastrosa, no por los profesionales médicos, sino por la falta de los servicios, pero con la pandemia se agudizó todo".
"Presentamos un pedido de acceso a la información pública en el marco de la ley 104, para conocer el espacio físico donde funciona el Programa ya que fue cambiando de sede en la pandemia y preguntamos cómo se podía acceder al mismo y en una nota oficial nos respondieron que están en el primer piso del Hospital Santojanni y que podemos acceder 'por escalera o ascensor'", relató.
Por su parte, Belkyss Contino, sobreviviente, contó que la Comisión de Seguimiento y Control se reunió solamente dos veces desde su creación y precisó que en el segundo encuentro, ocurrido hace poco más de un mes a través de la plataforma Zoom, sufrieron "maltrato", lo que llevó a que las organizaciones participantes emitieran un comunicado conjunto en repudio a la actitud de los funcionarios porteños.
"Fue vergonzoso. Fuimos desoídos por completo al punto de cortarnos el micrófono y terminar la reunión cuando quisieron", subrayó y evaluó que la seguidilla de incumplimientos a las normativas forman parte de una intención de "un desentendimiento silencioso que hacen frente a la masacre de Cromañón".
La situación en el cementerio de Chacarita
En esa sucesión de situaciones, los familiares de las víctimas denunciaron también que en la última semana recibieron notificaciones a través de correos electrónicos desde la Dirección de Cementerios de la Ciudad para pedirles que concurran a la sede de Chacarita, donde descansan los cuerpos de la mayoría de los fallecidos, a fin de realizar el trámite de renovación del nicho.
"Hay una resolución que establece que los nichos son a perpetuidad, que no hay que renovar nada. Algunos padres fueron y pagaron el trámite", explicó Bignami y resaltó: "este tipo de cosas nos dejan muy angustiados porque no sabemos qué pasa con nuestros familiares en medio de la pandemia".
"Desde la Dirección de Cementerios nos dijeron que fue un error de sistema, que ya pasó también hace un año. Queremos que pidan disculpas y que nos garanticen que no va a volver a ocurrir", remarcó.
Consultada por Télam, la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que "hay un destrato y una falta de respeto" desde el Gobierno de la Ciudad con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. "Tienen que hacer lo que la ley les obliga y no desampararlos", enfatizó.
La legisladora encabeza el debate del proyecto presentado por el Movimiento Cromañón para expropiar el edificio donde funcionó el boliche, en Mitre al 3000, y convertir el lugar en un "Espacio de Conciencia".
