En la mesa virtual organizada por el partido Igualar sobre el golpe de Estado en Bolivia y el rol de los gobiernos de la región, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro consideró que la decisión del gobernador de Jujuy Gerardo Morales de condecorar a quien cumplía las funciones de embajador argentino durante el levantamiento armado y que hoy se desempeña como ministro de Trabajo en Jujuy, Normando Álvarez García, “es una intención de tapar lo sucedido”. Y agregó que tanto Morales cómo Álvarez, “aún tienen mucho que explicar con respecto a ese contrabando de municiones”.

“Yo creo que el ex embajador sabía lo que sucedió y que Morales lo intenta ocultar”, explicó Basteiro. Y redobló la apuesta al recordar que el mandatario jujeño, apenas un par de meses antes del golpe recibió dos aviones de la fuerza aérea norteamericana y a la hija del ex presidente norteamericano, Ivanka Trump, “con una supuesta ayuda humanitaria”. Ya hay una denuncia contra Morales para que se investigue qué se entregó en ese momento y de qué se habló en esos encuentros. “Yo creo que Morales sabe más de lo que dice y tiene más responsabilidad de lo que parece”, concluyó contundente Basteiro.

El actual embajador tampoco dudó en tildar lo sucedido en Bolivia como un golpe contra el gobierno de Evo Morales y sostuvo que no le cabe duda de que hubo un trabajo coordinado, que “no fue aislado”, por parte de los gobiernos de derecha de la región.

Basteiro hizo un raconto de lo sucedido en esos días y se refirió a la situación en que se dio ese levantamiento de las fuerzas armadas, comandadas por sectores de la oposición y con el aval de los medios de comunicación y de el titular de la OEA, Luis Almagro. El funcionario dijo que habían intentado a través del sufragio y habían sido derrotados, y tampoco tenían mayoría parlamentaria para ejecutar, como en Brasil y Paraguay, “un golpe institucional”, por lo que la única vía que les quedó fue la de “primero generar caos y la idea del fraude, para luego justificar el golpe”. “Y en todo ese entramado fue fundamental el apoyo de los países de la región y de los Estados Unidos”.

Luego detalló cuál fue su papel desde el 8 de julio, cuando se descubrieron los documentos que implican a la Argentina y Ecuador en el envío ilegal de armamentos y municiones, y el posterior hallazgo en una comisaría de restos de las 40.000 balas anti-tumulto que el Ejército argentino entregó al boliviano para reprimir las manifestaciones. Destacó que llamativamente “no había cables entre la Embajada argentina y Cancillería entre el 10 y el 20 de noviembre”, en el peor momento de enfrentamientos.

Mucho más teniendo en cuenta que el 13 de noviembre había aterrizado en La Paz un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), con 11 gendarmes y 70.000 municiones. Días después el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, remitiría una nota en la que agradecía por el envío de municiones. Basteiro celebró las imputaciones de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al ex presidente Mauricio Macri.

Del debate también fueron parte la asesora de la Jefatura de Gabinete, Carmela Moreau, el diputado provincial salteño y presidente de la Copa (Confederación Parlamentaria de las Américas), Manuel Santiago Godoy, el presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, Freddy Mamaní Laura, y el miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fausto Alejandro Jarrín Terán 

La charla virtual tenía como objetivo reflexionar sobre lo sucedido durante el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre del 2019, y los recientes hallazgos de documentos y material armamentístico que demuestran que los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y de Lenin Moreno en Ecuador apoyaron al gobierno de facto de Jeanine Añez. Al respecto hubo coincidencia entre los disertantes en que el apoyo armamentístico que recibió el golpe de Estado en Bolivia por parte de gobiernos como el argentino y el ecuatoriano, fue tramado desde el denominado Grupo de Lima.

El rol de Lenin

El legislador ecuatoriano Fausto Alejandro Jarrín Terán, integrante del movimiento Alianza País y abogado del ex presidente Rafael Correa, pidió perdón al pueblo boliviano como ciudadano de Ecuador por el envío de armas que realizó el gobierno de Lenin Moreno para reprimir los levantamientos populares que terminaron con al menos 38 muertos reconocidos, más de 500 heridos, 2.000 detenidos y centenares de políticos perseguidos y proscriptos.

Jarrín Terán subrayó que Moreno traicionó primero a su pueblo y a sus votantes, ya que llegó desde el riñón del correismo pero se dedicó a perseguir a sus integrantes. Incluso al mismo Rafael Correa, hoy proscripto, y a su vicepresidente Jorge Glas, detenido desde el 2017. Añadió que muchos debieron huir y que centenares de ellos son refugiados políticos en Argentina o Bolivia.

También denunció que el gobierno de Moreno fue cómplice del triunfo del banquero Guillermo Lasso en las elecciones, ya que encarceló o procesó, un mes antes de las elecciones, a unos “70 compañeros”, mientras que otros 400 fueron procesados por denuncias civiles.

Jarrín Terán contó que él denunció el contrabando de armas a Bolivia, y supuso que el cargamento enviado debe haber sido el que Ecuador recibió a su vez de Colombia y Perú para reprimir a los campesinos que mantuvieron sitiadas las principales ciudades en octubre de ese año. Señaló en ese sentido que según consta en las cuentas del Estado, no se realizaron compras entre el 20 de octubre, cuando terminó la revuelta en Ecuador y el 16 de noviembre, cuando enviaron el armamento a Bolivia.

Por último, dijo que los gobiernos de Moreno y Macri utilizaron las mismas metodologías para mentir y ocultar información del golpe en Bolivia y el apoyo que estaban dando a las autoridades golpistas. Y que el Grupo de Lima se dedicó a articular un mecanismo para apuntalar los levantamientos contra sus gobiernos y seguir derrumbando los procesos progresistas en la zona, como hicieron con Lula Da Silva primero y después con Evo.

“En Chile y en Ecuador hubo levantamientos que fueron fuertemente reprimidos y perseguidos, y eso no lo podían permitir, por eso trabajaron en conjunto con la constitución del Grupo de Lima”, relató. “Estas situaciones no pueden quedar nunca más en la impunidad y los gobiernos de derecha deben saber que no nos vamos a callar”, culminó el asambleista.

El golpe en primera persona

Por último, el presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, Freddy Mamani, recordó que en la región en la década de los 70 ya se habían vivido similares procesos bajo el Plan Condor: “Tuvimos gobiernos de facto con crímenes de lesa humanidad y un genocidio en toda la región”.

Explicó que entre el 2000 y el 2003 en su país se dio un proceso en el que se generó el gen del cambio, con levantamientos en contra de las privatizaciones del agua y otros servicios y recursos naturales que terminaron con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Losada. Y posteriormente la llegada de Evo en 2005, “que encarnó ese sentimiento de todo el pueblo boliviano”.

En cuanto a las causas del golpe, indicó que las élites no soportaban que el presidente fuera un dirigente sindicalista indígena. Pero además, les molestaba el avance con cambios profundos a través de un proceso de modelo económico y social comunitario, con la nacionalización de todos los recursos naturales “para que las ganancias se distribuyan entre el pueblo”.

Mamaní ratificó que el golpe llegó primero con la instalación de una idea del fraude de las elecciones de octubre, en las que Evo Morales obtuvo una victoria que finalmente se comprobó que era legítima: “pero los medios, y la complicidad de la OEA, así como los gobiernos de algunos países de la región como los de Ecuador, a través del traidor Lenin Moreno, o en Argentina, Mauricio Macri, instalaron el malestar”.

“Fue un segundo Plan Cóndor, se violentó nuestra Constitución para instituir un gobierno de facto como el de Jeanine Añez en complicidad con la policía y las cúpulas del Ejército”, manifestó el legislador, y posteriormente mostró el documento firmado por Jorge Gonzalo Terceros Lara, a quien llamó “cobarde”, por no hacerse cargo “y plantear que fue un documento falsificado”.

Para terminar, aplaudió ese tipo de conversatorios “que sirven para comprender la realidad regional y los procesos que se viven, que en definitiva son similares”, y dijo que ya están investigando la participación de otros mandatarios como los de Brasil y Chile, de quienes sospechan que también colaboraron con los golpistas, “estamos investigando para conocer detalles y ya se conformó una Comisión para ello”, indicó.

Políticas discriminatorias

El Actual presidente de la Confederación de Paralamentarios de las Américas (COPA), el diputado provincial de Salta, Manuel Santiago Godoy, hizo eje en los lazos fraternos que existen entre los salteños y la comunidad boliviana, tanto por sus costumbres culturales como por las relaciones comerciales y económicas.

Subrayó que durante el gobierno de Mauricio Macri se buscó enrarecer esa relación con leyes xenófobas, como la de la expulsión de inmigrantes. Pero además estigmatizándolos por utilizar el servicio de salud público argentino en la zona de frontera o por la doble ncionalidad que les permite votar. “Es el pensamiento típico de ese grupo de políticos”, sostuvo. 

El legislador provincial además afirmó que lo que sucedió en Bolivia “fue un golpe de Estado”, y añadió que la Justicia de aquel país deberá investigar cada uno de los delitos cometidos en las represiones que desató la policía y el Ejército contra los levantamientos de quienes clamaban por el retorno a la democracia y del presidente electo Evo Morales.

A su turno Carmela Moreau, referenta de Igualar, hizo una breve asociación entre lo sucedido los días previos al golpe en Bolivia con la campaña desestabilizadora de un sector de la política contra la vacunación y el manejo de la pandemia en Argentina. También resaltó el rol que tuvo el gobierno de Macri apoyando la destitución de Evo Morales, y acentuó que apenas asumido Alberto Fernández esas políticas se revirtieron y se abrieron las puertas a muchos bolivianos para que adopten la calidad de refugiados luego del golpe cívico militar vivido.

También recordó las políticas de guerra jurídica o lawfare que se utilizaron durante los últimos años para perseguir a políticos en Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil. Y festejó el proceso de recuperación regional con el retorno de gobiernos populares en Bolivia, Argentina y México. Chile con su proceso de convencional constituyente que estará liderada por una mapuche, y la imagen de Lula subiendo en Brasil.