La justicia argentina espera la llegada de pruebas desde Bolivia para avanzar con la investigación sobre el envío de municiones durante el gobierno de Mauricio Macri en apoyo al golpe contra Evo Morales. El expresidente terminó la semana imputado por contrabando agravado junto con altos funcionarios de la gestión Cambiemos, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador en La Paz Normando Álvarez García y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero.
Al momento de imputar a Macri, el fiscal Claudio Navas Rial pidió que se recabe información desde Bolivia. Quiere conocer todos los detalles que rodearon la llegada del contingente de gendarmes en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 y por qué se trasladaron 70.000 balas antitumulto 12/70. Ese tipo de munición es la que se usa para dispersar movilizaciones y no es el que emplean los gendarmes del grupo Alacrán que Bullrich había destinado a Bolivia. De acuerdo a la información recabada por el gobierno nacional, la Gendarmería había pedido inicialmente autorización para llevar 3600 balas de goma. Pero, al día siguiente, el oficial a cargo cambió de opinión y amplió el pedido para sacar del país 70.000 balas.
Navas Rial quiere conocer también los detalles de la carta que se halló en la embajada argentina en la que el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara le agradece a Álvarez García por la entrega de 40.000 balas antitumulto y de granadas. Una copia de esa nota se encontró en el Ministerio de Defensa de Bolivia, según anunció su titular, Edmundo Novillo, días atrás.
Actualmente existen dos causas abiertas en el fuero penal económico por el envío de armas a Bolivia. El expediente en el que Navas Rial imputó a Macri y compañía se originó a partir de la denuncia que presentaron el lunes pasado el ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. Esa causa está en manos del juez Javier López Biscayart, que debe definir si la investigación continuará durante las dos semanas de la feria, como le pidió Navas Rial. Hay otro expediente, que surgió tras la denuncia del excamarista Eduardo Freiler y tramita en el juzgado de Alejandro Catania. Navas Rial, que es también el fiscal de esa causa, pidió que se unifiquen las dos denuncias.
La primera investigación judicial se abrió el 9 de julio pasado, un día después de que este diario revelara la existencia de la carta de Terceros Lara. Estuvo hasta el viernes en manos del fiscal Gabriel González da Silva, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI ARM), que decidió remitir el expediente al juzgado de López Biscayart. En esta semana, González da Silva reunió información de la Gendarmería, AFIP, Aduana, los ministerios de Justicia y de Defensa, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) --que es la que autorizó la salida de las municiones-- y de la Policía Federal, que respondió sobre el tipo de material bélico que había salido hacia Bolivia. También llegó información de la Cancillería. Según pudo saber este diario, desde la embajada en La Paz, informaron sobre el vuelo que llevó a los gendarmes --que salió a las 23.40 de la base aérea del Palomar-- y sobre los permisos para llevar pertrechos a Bolivia. González da Silva consideró que, al haber un juez natural de la causa, todo lo recabado debía ir a ese juzgado para no entorpecer la producción de la prueba y para que no se terminara configurando una investigación paralela.
La principal hipótesis es que, de las 70.000 balas de goma que salieron del país, 40.000 quedaron en manos de la FAB y el resto en manos de la Policía de Bolivia. El comandante de esa fuerza, Jhonny Aguilera, anunció la semana pasada que se habían encontrado 29.600 cartuchos argentinos en un depósito cerca de La Paz. Se espera que los detalles del hallazgo se comuniquen finalmente este lunes en una conferencia de prensa. El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo el sábado que se estaba investigando si el Brasil de Jair Bolsonaro y el Chile de Sebastián Piñera también cooperaron con el golpe. En diálogo con PáginaI12, Evo Morales denunció que el embajador brasileño participó del golpe.
Se espera, además, que en los próximos días se conozca el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), originado a partir de un acuerdo entre el Estado Plurinacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fuentes del gobierno boliviano esperaban que el capítulo sobre la cooperación regional con la desestabilización del gobierno de Evo esté incluido en esta investigación. Según publicó este domingo la Agencia Boliviana de Información (ABI), el GIEI recabó más de 360 testimonios sobre la represión durante el régimen de Jeanine Añez. El GIEI entregará primero el informe al gobierno de Luis Arce, que tendrá, al menos, diez días para responder y luego lo hará público.
