A partir de la semana pasada, el Ministerio de Salud de la provincia inició la convocatoria a tutoras y tutores de pacientes pediátricos oncológicos para recibir un subsidio de 7 mil pesos que se otorga a cada familia. Según se señaló desde el Programa de Oncología de la provincia, la ayuda económica alcanzará a 30 niños y niñas, aunque no descartan que pueda llegar a más personas.
La instrumentación de este subsidio está prevista en el artículo 18 de la Ley 7886, que fue promulgada en 2013 y reglamentada en 2017. Luego de 8 años y ante un agravamiento de las condiciones de las familias a raíz de la pandemia, desde el año pasado la Fundación Hemato Oncología Pediátrica (HOPe) impulsó protestas para lograr esta ayuda económica.
La presidenta de la Fundación, Guadalupe Colque, dijo a Salta/12 que se enteraron de la convocatoria por una comunicación desde el Ministerio de Salud a los padres que forman parte de la Fundación. Aunque ya hubo comunicación entre HOPe y la provincia, “no vimos aún la resolución” para el registro, sostuvo. Estimó que podrían llegar a incorporar para el subsidio a unos 300 chicos en los próximos 5 años.
Por su parte, la responsable del programa de Oncología, Belen Franzini, sostuvo que en principio la reglamentación de la ley deja fuera de la cobertura a todos aquellos pacientes que cuentan con obra social. “Pero se evaluará cada caso en particular para que accedan en vista a la situación económica de cada familia”, agregó.
Quienes precisen acercar los papeles para que se tome en cuenta su solicitud de un subsidio, deben concurrir a Sarmiento 625 (en las oficinas del Programa), de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 18, con el DNI de la persona que cursa la enfermedad y las personas que están legalmente a su cargo, también deberán llevar la copia del informe médico que indica que es un paciente oncológico, y el informe del médico que lo asiste por tratamiento.
Las consecuencias de la pandemia
Colque advirtió que durante la pandemia pudo ver a personas que no pudieron dar una correcta continuidad del tratamiento por la falta de cobertura de los gastos de transporte. Sucede que con la suspensión de los colectivos de pasajeros el año pasado, y las restricciones que incluso se pusieron entre departamentos de la provincia, muchas personas no pudieron llegar a Salta Capital, donde se encuentran los centros sanitarios de referencia.
“Lo más duro fue el deambular de los padres que pedían ayuda para llegar. Venir en remis particular era muy oneroso”, contó Colque. Estos gastos también los padecieron familias que viven en la ciudad de Salta, porque el abono del remis para ir y venir de la casa al hospital implicaba una erogación importante.
Para la referente de la Fundación es importante conocer cómo contener a las personas con obra social. Señaló el caso de una mujer que es ordenanza en un establecimiento de Tartagal, en el norteño departamento San Martín, que cobra el salario mínimo pero cuenta con obra social. La entidad social cubre la estadía en un hotel, pero “se debe pagar todo lo demás y no alcanza”.
Colque destacó que el gobierno provincial finalmente haya puesto en práctica la ley luego de 8 años de promulgada y, al igual que Franzini, ponderó el hecho de que Salta sea la pionera en una norma de estas características. Afirmó que padres autoconvocados están solicitando una ley nacional con objetivos similares a los planteados por la normativa salteña.
