El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo fue contundente cuando afirmó que "el tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando". Lo dijo durante la conferencia de prensa en la que mostró el armamento hallado en bodegas de la policía boliviana. Esos pertrechos son parte de lo que envió el gobierno de Mauricio Macri en los días del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Si las 26.900 balas de gomas encontradas en ese depósito policial cercano a la ciudad de La Paz se suman a las 40 mil que recibió y agradeció por carta la Fuerza Aérea boliviana, prácticamente se completa el número de 70 mil cartuchos antitumultos. Pruebas y datos que dejan a Macri y a sus ministros a la puerta de una acusación en la justicia boliviana que, por un lado, los puede considerar autores del delito de contrabando pero también como partícipes de la sedición que derrocó al gobierno democrático de Evo Morales.
La confirmación del hallazgo le permitirá al gobierno de Alberto Fernández ampliar la denuncia ya presentada en la justicia argentina. Esto lo están trabajando los ministerios de Justicia, de Defensa y de Seguridad. Según confiaron a Página/12, esta ampliación no será la última. Aseguran que están recolectando información de otras áreas del gobierno argentino donde también hubo participación en este contrabando agravado que, entienden, cada día que pasa también parece ser parte de un complot que incluye a otros gobiernos de Latinoamérica.
No es para menos, parte del armamento argentino encontrado en Bolivia estaba junto a a una treintena de granadas de gas lacrimógeno de origen norteamericano en una bolsa negra que tenía un cartel que decía "guantes". Esto es lo que lleva a los investigadores bolivianos a profundizar la tarea para determinar la participación de otros gobiernos como el de Brasil y Colombia. Una tesis que de confirmarse avalará la figura del Plan Cóndor 2 que utilizó el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, cuando dio cuenta de la contribución de Macri con el golpe de estado.
Durante la conferencia de prensa, Del Castillo mostró documentación y los pertrechos encontrados. Lo acompañó el actual embajador argentino Ariel Basteiro. El ministro confirmó que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada argentina en La Paz. Algunas de estas balas --de Fabricaciones Militares-- estaban escondidas en bolsas y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.
Según información aportada por el ministro de Gobierno de Bolivia, los gendarmes argentinos llegaron al hangar de los Diablos Negros del aeropuerto de El Alto con el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Allí el personal diplomático, que había sido escoltado por la Policía de Bolivia abordó el avión, y se comenzó la descarga de las cajas con armas y municiones. A las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019, los gendarmes y los pertrechos fueron trasladados a la embajada y allí se hizo entrega del material bélico, como se había convenido con el entonces comandante de la Policía de Bolivia Yuri Calderón.
"Gran parte también fue enviada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y debemos determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata", afirmó Del Castillo. El faltante al que hizo referencia el ministro de Gobierno son las 40 mil balas de gomas que el 13 de noviembre de 2019 agradeció, a través de una carta remitida al embajador Normando Álvarez García, el jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.
Si bien puede resultar extraño que la Fuerza Aérea boliviana recibiera armamento antitumultos, lo cierto es que la dictadora Jeanine Añez emitió el 15 de noviembre un decreto donde autorizaba a las Fuerzas Armadas a participar de la represión de las protestas contra el golpe de estado y las eximía "de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad".
Del Castillo también denunció que la dictadura de Áñez también pidió autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada del contingente argentino, para que un Hércules de la Aviación boliviana entrara a Ecuador para recoger municiones --en su mayoría balas de goma y gases-- que también fueron hallados en poder de la Policía de Bolivia. La única diferencia con el armamento argentino es que los ecuatorianos entregaron el material "en calidad de préstamo".
El ministro afirmó que "existía un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando sin fundamento alguno el subsecretario de Estado de Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya se tenía un manual para un golpe de Estado".
Basteiro, que estuvo especialmente invitado a la conferencia de prensa, aseguró a Página/12 que "el gobierno de Bolivia ha tomado el tema con seriedad y se puede ver que buscan la verdad de lo ocurrido en el golpe contra Evo Morales. Hay por ahora dos causa que se investigan. Por un lado el contrabando pero también la sedición y el golpe. En ambas causas aparece el apellido Macri", indicó.
Trascendió además que el gobierno boliviano realizará una denuncia contra el jefe policial Yuri Calderón, el comandante Terceros Lara y también al entonces embajador Álvarez García. En ese contexto se planea realizar un entrecuzamiento de las llamadas que pudo haber tenido este trío.
Entre los colaboradores de los ministros argentinos encargados de llevar adelante la denuncia hay tranquilidad por la calidad y la cantidad de las pruebas que presentaron ante la justicia. Es más, sostienen que la floja respuesta de Macri es una demostración de que la denuncia lo golpeó. Algo similar dicen de Patricia Bullrich y su floja y errática defensa de su responsabilidad con el envío de tropas y armamentos a Bolivia.
