Impedidas de seguir pagando altos alquileres, unas cien familias -la mayoría a cargo de mujeres, con niños- mantienen una toma en un sector de la Villa 31 conocido como La Containera. La fiscalía Nº 11 de la Ciudad, a cargo de Valeria Massaglia, les notificó el viernes de una orden de desalojo que se haría efectiva en 72 horas hábiles. Esta mañana, cuando se cumplía ese plazo, la Policía de la Ciudad movilizó efectivos, que permanecen apostados junto a la ocupación, con refuerzos sobre la entrada del barrio.

El alquiler de una pieza en la villa de Retiro pasó a costar hasta 20 mil pesos por mes, aseguró a Página/12 Mónica Zárate, referenta del Movimiento Popular La Dignidad y vecina del barrio Mugica. “Por eso hay tantas familias que no pudieron seguir pagando y están en la calle”. La suba en los precios afectó especialmente a inquilinas mujeres, con niños a cargo y sin otro ingreso que el propio. Por la crisis económica vinculada la pandemia, muchas perdieron las changas con las que llegaban a fin de mes. 

La toma fue instalada el 30 de junio, en una franja de terreno que venía siendo usado como basural, que las mujeres limpiaron y sobre el que las armaron carpas muy precarias, con tablas y bolsas de nylon. Debido al frío y la situación de intemperie, contaron a Página/12, parte de los chicos se enfermaron. Y desde que iniciaron el acampe la ayuda alimentaria que recibían del gobierno de la Ciudad les fue reducida drásticamente. 

Durante el fin de semana, tras recibir la orden de desalojo, decidieron escribirle una carta al gobierno porteño y el nacional. “Muchas de nosotras venimos atravesando situaciones de violencia de género, lo que nos llevó a tomar estas tierras para tener un lugar donde vivir”, señalaron en el texto dirigido al Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, al Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat así como a las áreas porteñas de Hábitat y Mujer y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Todas vivimos y nos mantenemos con trabajos precarios, independientes o por hora, e incluso muchas estamos desempleadas. La no disponibilidad de alquileres dentro del barrio para mujeres con niños y sus elevados costos nos dejan en una situación de abandono por parte del Estado y de todos los organismos a quienes les corresponde subsanar nuestras necesidades”.

Con la difusión de la carta, llamaron a una reunión de solidaridad para este lunes, junto al acampe. La convocatoria consiguió una buena respuesta y al mediodía, apoyados por militantes y diputados porteños hicieron una asamblea.

"Este no es un problema sólo del barrio Padre Mugica, sino de todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, donde los inquilinos quedan afuera de los planes de vivienda", sostuvo en el encuentro Marina Joski, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Walter Larrea, docente del Polo Educativo Mugica, agregó que el conflicto surgió "porque Horacio Rodríguez Larreta viene haciendo las cosas mal: la ley de urbanización (de la Villa 31 y 31 bis) dispuso la construcción de 3500 viviendas para relocalizaciones, pero solamente construyeron mil y no van a construir más. Eso denota que el gobierno porteño no tiene el deseo real de hacer una urbanización que radique definitivamente a los vecinos. La sospecha es que busca introducir al mercado inmobiliario en la villa".  

También estuvieron en la reunión Mercedes Mendieta y Amanda Martin, legisladoras porteñas del FIT, junto a la ex diputada porteña Alejandrina Barry. 

Las vecinas que tomaron la palabra señalaron que los enviados del gobierno porteño sólo les han ofrecido, en algunos casos, un subsidio habitacional para buscar otro alquiler. "Un subsidio no resuelve nuestra situación", señaló Andrea (el apellido se reserva a su pedido), una de las protagonistas de la toma. "Con un subsidio en dos meses estamos en la calle, de nuevo. Lo que queremos es una vivienda y pagarla en cuotas. Necesitamos que la solución sea de fondo, por nuestros hijos".     

La situación de los inquilinos de la 31 se agravó en momentos en que la Ciudad avanza con un nuevo protocolo de regularización dominial rechazado por la Mesa de Urbanización Participativa del barrio. Los vecinos denuncian que el Gobierno porteño aprobó un modelo de certificado de dominio que permitirá a quienes lo reciban transferirlo automáticamente. Esto habilitará a las inmobiliarias a vender las viviendas sin restricciones, con lo que el mercado terminará ocupándose de desplazar, mediante la presión económica, a quienes vienen resistiendo desde hace décadas su relocalización.