Tras meses de negociaciones y tensiones en torno al destino de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el que pujaban, por un lado, aquellos que pretendían que volviera a estar bajo la órbita del Estado, y por otro, sectores concentrados que esperaban que siguiera en manos del sector privado, el Gobierno nacional optó por una tercera vía y cedió, por un año, su gestión y control a la Administración General de Puertos abriendo un espacio de debate y reflexión para pensar que hacer cuando venza ese plazo.

Como intendente de Zárate, uno de los municipios costeros de la provincia de Buenos Aires, emplazado en el corredor del Río Paraná, celebro la decisión del Gobierno nacional, plasmada en el decreto Nº427/2021, de avanzar en recuperar la soberanía sobre un río que es la principal vía de navegación y comercio exterior del país.

Vale la pena recordar que en el Paraná-Paraguay se moviliza el 82 por ciento de los despachos de exportación argentinos de granos, harinas y aceites y se mueven, por año, más de 100 millones de toneladas de cargas, por lo tanto, el paso dado permite encauzar todo el daño que se hizo en materia económica y social en los últimos cinco lustros donde las fallas, los abusos y la falta de controles públicos fueron moneda corriente.

Fueron 25 años en los cuales el Estado concesionó la administración, sin ejercer el control, a una empresa multinacional que junto a un pequeño grupo de exportadoras establecieron las condiciones al resto de los actores del sector y se apropiaron abusivamente de los ingresos que allí se generaron.

Además, perjudicaron simultáneamente a las poblaciones costeras que sufrieron las intervenciones en los ríos y afluentes, por el tránsito de grandes barcos, a las economías regionales y a la biodiversidad.

Ahora, con esta decisión, están sentadas las bases para repensar su rol en el desarrollo productivo de nuestro país, como también, para repensar el papel que jugarán el Estado nacional, las provincias y municipios. El trabajo coordinado entre los tres estamentos será fundamental para mejorar la competitividad de la producción nacional y con ello garantizar el bienestar de todas las argentinas y argentinos.

En esta nueva etapa, tanto las provincias como los municipios costeros deberían tener un rol preponderante. Diversas provincias han reclamado ser parte del contrato y control de la vía navegable, amparadas en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, donde se reconoció que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Lo mismo corre para los municipios, según la autonomía consagrada por el artículo 123 de la carta magna.

Por eso, el siguiente paso debería ser avanzar en formar un organismo de derecho público integrado por el Estado nacional, las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe y los municipios costeros, el cual debería ejercer la función de coordinación, gestión y control de la vía navegable.

En esta nueva etapa, los municipios y las provincias tenemos mucho para decir y hacer. Garantizar que el río Paraná esté al servicio de los intereses nacionales es un compromiso que debemos asumir entre todos y con todos.

* Intendente del municipio de Zarate.