La Jefatura de Policía iniciará una investigación administrativa interna ante la denuncia por apremios ilegales realizada por los familiares de un joven de 19 años que fue aprehendido el viernes 16 de julio. Los hechos ocurrieron en un operativo por una denuncia de violación a las restricciones en una reunión en calle República al 700 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

El inicio de las actuaciones internas fue informado hoy por el gobierno de Catamarca, el que indicó que el Ministerio de Seguridad ordenó a la Jefatura policial que lleve a cabo este trámite. 

Según se indicó oficialmente, la investigación se realizará para "determinar la existencia y características de los hechos denunciados, como así también las posibles responsabilidades por parte de los efectivos y el médico de guardia que actuaron en las distintas etapas del procedimiento". Las investigación estará a cargo del Área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

El  joven aprehendido es nieto del diputado nacional Rubén Manzi, quien ayer informó que en el operativo uno de los policías sujetó al joven con "una llave", lo tiró en la caja de la camioneta, le puso una rodilla en la cabeza y le pegó "en forma permanente" durante el trayecto a la Seccional Primera. Una vez en esa dependencia, le quitaron el teléfono celular, "y en una oficina pequeña, el agente que le había pegado le sigue pegando frente a varios policías", además de que lo insultaron y amenazaron. 

La familia se contactó con el fiscal de turno, que ordenó que fuera llevado a Sanidad Policial donde el joven no denunció los golpes por temor a una represalia y el médico tampoco hizo constar las marcas que tenía, aunque luego cambió este informe, cuando el legislador nacional se lo reclamó. Manzi exigió públicamente que la institución policial esclarezca el caso. 

El gobierno informó que con la investigación administrativa "se busca confirmar si hubo algún tipo de exceso por parte del personal policial que trabajó en el lugar como así también, quienes realizaron el traslado" y verificar la actuación del médico de policía, que "es el responsable de controlar el estado de salud de las personas al momento del ingreso y la salida de una comisaria; que según lo relatado por los denunciantes, habría cambiado sus partes médicos luego de haber sido requerido".

Del mismo modo resaltó que "estas mismas medidas fueron aplicadas en otras situaciones donde se puso en duda el accionar policial, como en los casos ocurridos en Capayán, Tinogasta y Andalgalá, cuya investigación avanza a la par de las actuaciones judiciales".

Repudio de Mujeres por la Igualdad 

El Movimiento de Mujeres por la igualdad repudidó ayer "los hechos perpetrados por fuerzas policiales en la persona del joven Luca Manzi Seco, hijo de la compañera Susana Seco, integrante de nuestro espacio a quien abrazamos y nos solidarizamos con toda la familia", informó la organización en un comunicado.

"Nos sumamos a las expresiones de los movimientos y organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos para reforzar el compromiso con la defensa de la vida y los valores democráticos; y el rechazo a toda forma de violencia institucional. El Estado y sus efectores deben estar para acompañar y construir espacios en comunidad", afirmó el Movimiento.

También expresó su "profunda preocupación por las distintas formas de violencia institucional y discriminación por motivos de género que se despliegan durante la persecución penal y la privación de la libertad a través de distintos dispositivos del poder punitivo, que se vieron en los últimos días contra mujeres que se encontraban reclamando por viviendas en una clara muestra de criminalización de la pobreza".

El Movimiento de Mujeres añadió que "debe desterrarse la violencia institucional de manera transversal y que los organismos de seguridad deben respetar los derechos humanos", y solicitó que "se pongan en marcha todos los mecanismos conducentes a que se esclarezca el episodio y que los responsables sean sancionados con las medidas que correspondan". Asimismo, consideró que "estos hechos deben interpelarnos a llevar adelante una agenda de políticas publicas contra la violencia institucional, desterrando patrones culturales naturalizados y formando efectivos policiales con perspectiva para que NUNCA MAS las fuerzas de seguridad cometan violaciones a los DDHH".