La decisión de la Corte Suprema de declarar aplicable el beneficio del 2x1 para delitos de lesa humanidad generó la reacción de abogados constitucionalistas, incluso aquellos más cercanos a la línea política de Cambiemos. “Es un grave retroceso injustificado”, criticó duramente Andrés Gil Domínguez el fallo de la Corte, para quien la sentencia significa una “contrarreforma constitucional de hecho” que se opone a los valores de la convención constituyente del 94. Para Daniel Sabsay el fallo de la Corte fue "errado" y abre la puerta a que se aplique este nuevo criterio a otros genocidas.
“Me parece un grave retroceso injustificado en la jurisprudencia desarrollada por la corte y en el cumplimiento de los tratados que ratificó la Argentina y tienen jerarquía constitucional. Pero fundamentalmente para las víctimas y sus familiares que vuelven a ser revictimizados por órganos estatales que en vez de hacer cumplir la sentencia condenatoria en el marco de un grave delitos como es el de lesa humanidad genera un nuevo marco de insatisfacción”, criticó Gil Domínguez el fallo.
Para el abogado constitucionalista, la Corte cometió un “grave error” al considerar que los delitos comunes son iguales estructuralmente a los de lesa humanidad y por ende debe aplicarse las mismas garantías. “Los delitos de lesa humanidad por la gravedad y por los bienes que afecta y por la afrenta a la dignidad humana tienen un régimen particular de garantías que impide que sean amnistiados y que se conmute la pena. Son imprescriptibles y se pueden juzgar en cualquier lugar del mundo porque son tan graves que no importa el tiempo ni el lugar donde sean juzgados que la justicia debe llegar”, sostuvo el abogado en diálogo con Radio Continental.
Gil Domínguez explicó, además, que cuando se legisló la norma del 2x1, con el efecto de adelantar la libertad, fue pensada para delitos comunes. “Tuvo un plazo limitado y en ese momento la sociedad argentina no pensó que era para los delitos de lesa humanidad. Es un grave retroceso en la postura que asumió la corte frente a la comunidad internacional”, volvió a criticar el letrado.
A Gil Domínguez, el fallo de la Corte no lo sorprendió. “Esta misma Corte dos meses atrás dictó en el fallo Fontevecchia, que lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos –después de revisar una sentencia y condenar a la República Argentina por violar derechos humanos- que si la Corte no quería no cumplía. Esto va a impactar en los juicios de lesa humanidad y en las condenas. Y no pasaron ni dos meses”, ratificó el abogado.
“Sigo sin entender las razones de estos cambios porque esta mayoría está Elena Highton de Nolasco, una de las grandes constructoras de la jurisprudencia anterior. Rosatti fue ministro de justicia de Néstor Kirchner y convencional constituyente y en ningún momento sostuvo lo que hoy está sosteniendo como juez de la Corte”, opinó Gil Domínguez sobre los magistrados que avalaron la aplicación del 2x1.
Para Gil Domínguez, la decisión de la Corte significa una “contrareforma constitucional de hecho”. “No podemos entender por qué dos de los grandes constructores de esta jurisprudencia tan notable han cambiado. Con este razonamiento no se hubiese considerado como inconstitucional la ley de Obediencia Debida y nunca se hubiese derogado, nunca hubiese llegado los juicios”, finalizó, escéptico.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay también criticó la decisión de la Corte la que consideró como una “posición errada”. “Me llama la atención la sentencia sobre todo teniendo en cuenta que la norma del 2x1 no está vigente y si bien es aplicada la ley penal más benigna en este caso es una ley que no estaba vigente. Además del hecho de que se trata de un delito de lesa humanidad”, opinó.
En acuerdo con lo que sostiene Gil Domínguez, para Sabsay, los delitos de lesa humanidad “no se puedes beneficiar por la amnistía ni por otras conmutas de la pena, como tampoco por el 2x1 que se aplica a delitos comunes”. Sobre si es posible que este nuevo criterio aplique para las condenas de otros represores y genere como un “efecto cascada” Sabsay reconoció que esto podría suceder. “Me imagino que la mayoría actual va aplicar la misma jurisprudencia en otros casos similares”, finalizó.
