El ministro de Justicia, Germán Garavano, salió a despegar al Gobierno del apoyo que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dio al fallo de la Corte Suprema que benefició con la ley del 2x1 a un represor. Calificó a esa legislación como “perversa” aunque se expresó “respetuoso” por la decisión, y sostuvo que lo que ahora debiera analizarse es “el dilema moral” que existe “entre quienes consideran que el fallo es un retroceso en materia de derechos humanos y quienes consideran que es una consagración, porque aún las personas que cometieron delitos aberrantes también tienen esos derechos”.

“El Gobierno no tiene nada que ver con los pronunciamientos judiciales”, aseguró el funcionario durante una entrevista por radio Rivadavia, durante la cual negó con el fallo del máximo tribunal que hubiera “un cambio de época” en materia de juicios por delitos de lesa  humanidad. “Mi rol como ministro frente a los fallos de la Corte es cumplirlos, no criticarlos”, subrayó.

No obstante, defendió a los jueces que fallaron a favor de la morigeración de la pena para un represor y que con ello abrieron la puerta para que otros 740 pudieran obtener el mismo beneficio, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; los dos últimos, nombrados por la gestión de Mauricio Macri. “Son tres jueces prestigiosos, más allá de quién y cómo se los haya nombrado”, aseveró.

Las críticas de Garavano se centraron en la derogada ley que computa dobles los días de detención de los procesados que no tienen sentencia firme. “Es la peor ley que se dictó en nuestra historia en materia de política criminal, y hoy estamos pagando sus consecuencias”, calificó el ministro, quien se autodenominó como “un detractor muy profundo” de esa legislación. En su opinión, esa norma “muestra cómo los argentinos hacemos experimentos normativos y no analizamos las consecuencias de las leyes que dictamos, y las consecuencias que después tienen”.

Respecto de los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos que vincularon al Gobierno con ese fallo, el titular de la cartera judicial negó que desde la gestión de Cambiemos “se quiera borrar la historia”. Y aunque dijo “entender el dolor y la posición” de las víctimas del terrorismo de Estado, insistió en que “lo que hay que discutir es el dilema moral que plantea Rosatti en su voto”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos de que, aún por una causa justa y por hechos aberrantes, no se violen los derechos humanos de los victimarios. Ese es el debate moral”, planteó.

Por otra parte, relativizó también la posibilidad –concreta y objetiva- de que el fallo de ayer pudiera sentar un precedente para que al menos 750 represores condenados pidan la reducción de sus penas. “Según nestras estimaciones, el impacto sería prácticamente nulo”, dijo. “Tendrían que ser personas que tuvieron más de dos años de prisión preventiva entre el 1994 y 2001 –fundamentó-. En ese momento no había tantas personas vinculadas a delitos de lesa humanidad.”

Por otra parte, consideró como “muy difícil” que haya una “reconciliación” entre las víctimas y los victimarios del terrorismo de Estado, tal como lo propuso la cúpula de la Iglesia Católica, y sostuvo que “la única reconciliación es hacia el futuro” porque “hacia el pasado, la Justicia es la que tiene que resolver”.

En tanto, añadió, “a los fallos, sobre todo a los de la Corte, hay que tratar de respetarlos, tanto cuando nos favorecen como cuando consideramos que están mal”. “Obviamente se los puede criticar”, dijo, “pero mi rol como ministro es cumplirlos, no criticarlos”.