Un grupo de trabajadores que forman parte del Plan Provincial de Escuelas Abiertas, denunciaron que no reciben el pago de sus sueldos desde abril de este año, mes en que comenzó el nuevo período. Las autoridades de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, reconocieron que la situación era cierta, pero aseguraron que los pagos se iban a hacer en las próximas semanas. 

Son 300 trabajadores que están distribuidos en 50 instituciones educativas, ubicadas en 17 departamentos de toda la provincia. En un comunicado que emitieron ante los medios de comunicación reclamaron que están en una "situación crítica", debido a que "un gran porcentaje de quienes trabajamos en este sector no contamos con mayores ingresos". 

El personal que actualmente trabaja se compone de coordinadores de escuelas, talleristas y personal de apoyo, que desempeña las tareas de maestranza en la institución. Todos ellos, ofrecen actividades recreativas y complementarias a los estudiantes los sábados. 

Uno de los principales reclamos de los trabajadores refiere a que deben seguir pagando su monotributo pero sin percibir un sueldo. El grupo de empleados contó a Salta/12 que en algunos casos el pago ante la AFIP resulta la mitad de lo que cobran, generando que la "remuneración se convierte en mínima, precaria y la deuda se acrecienta ya que no contamos con el dinero para dicho pago". 

Según los contratos, el coordinador cobra $8.500; el tallerista $7.300 y el personal de maestranza entre $4.000 y $5.000. 

A ese gasto, sumaron que deben realizar otros, como el trasporte, los materiales para las actividades y los insumos de bioseguridad. Esta situación de precariedad llevó a que algunos de ellos deban dejar sus puestos de trabajo, pero quienes aún permanecen exigen que los responsables del programa "regularicen nuestro sueldo y que no continúe esta modalidad de pago". 

El programa depende de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, y su responsable, Fernanda Dib Torres, confirmó a Salta/12 que sí existe tal retraso, pero que "desde el área contable (del Ministerio de Educación) se está trabajando para que salgan los pagos", asumiendo que hubo demoras y asegurando que los sueldos serán pagados en las próximas semanas. 

Los contratos de este año, dieron inicio en abril y finalizarán en diciembre. Al momento de la firma, se les adelantó a los trabajadores que existiría una demora en los pagos, pero con la promesa de que en julio ya estarían percibiendo lo adeudado. No obstante,  "aún no nos dan los datos para la facturación correspondiente", señaló una de las trabajadoras, que prefirió mantener en reserva su identidad. 

Contaron que se presentaron notas formales ante las autoridades correspondientes, de forma presencial o vía mail, e incluso llegaron a hacer consultas personales por WhatsApp, pero no obtuvieron respuestas. 

Relataron que agotaron todas las vías posibles de comunicación. Un ejemplo de ello es un grupo de WhastApp que integra sólo a los coordinadores de escuelas y donde sus administradores habilitan un intercambio sólo para que los trabajadores envíen las fotos de los talleres. Allí hicieron la consulta sobre su situación, pero al ser cerrado nuevamente, se quitó la posibilidad de seguir manifestando el pedido.

"Ya no tenemos cómo solventar los gastos de los materiales que usamos", lamentaron algunos. Otros, contaron que algunos trabajadores no tienen dinero para hacer uso del transporte público y llegar a las escuelas. 

El desarrollo del programa durante el año pasado fue de manera virtual. La modalidad de trabajo consistió en que los trabajadores recibieran capacitaciones y se dieran algunas actividades a los niños mediante videos con diferentes temáticas. En ese período, precisamente en mayo, se denunció que al menos 120 personas que se desempeñaban como personal de apoyo fueron desvinculadas. Sin embargo, el Ministerio dio marcha atrás y afirmó que se trató de un "malentendido". 

A partir de fines del 2019, el programa de Escuelas Abiertas pasó a depender de la provincia bajo la ley 8.172. Antes dependía de Nación y trabajaba de forma conjunta con los Centro de Actividades Juveniles (CAJ), pero con la llegada del macrismo se cerró dicho programa y pasó a depender de cada provincia, quien debió disponer de partidas presupuestarias propias.

Previo al cierre nacional, desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se envíaban las partidas presupuestadas a las provincias, que eran quienes las administraba. En ese contexto y en reiteradas oportunidades, trabajadores estatales provinciales denunciaron que se daban demoras en los pagos desde Provincia, llegando sólo a saber que se debía a procesos administrativos.