El 73 por ciento de las mujeres y niñas de Ecuador criminalizadas por abortar fueron denunciadas por profesionales de la salud, y el 99 % fueron interrogadas por personal policial, en ausencia de sus abogados. Los datos surgen del informe “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador”, elaborado por Human Rights Watch, donde se detallan las consecuencias de la judicialización y criminalización de quienes interrumpen sus embarazos por diferentes motivos, y permite observar en proyección la onda expansiva antiderechos sobre Latinoamérica. El documento releva 148 historias de mujeres y niñas, en gran parte judicializadas por interrumpir sus embarazos. De los casos analizados, sólo el 58 % recibieron el consejo de una defensoría pública, “para declararse culpables y se acojan a un proceso abreviado”. Y de esa cifra, el 81 % de las mujeres y niñas sufrieron penas de entre seis y cuatro meses de cárcel. La criminalización del aborto afecta especialmente a las mujeres indígenas, negras y afrodescendientes; a las más jóvenes y a las más pobres, dijo Ximena Casas -investigadora de las Américas y parte de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights- a Wambra Medio Digital Comunitario. “De los 78 casos de mujeres y niñas en los cuales se pudo determinar su edad, el 61 % (48) tenían entre 18 y 24 años, el 21 % (16) tenían entre 25 y 29 años, el 6 % (5) entre 30 y 39, y el 12 por ciento (9) eran niñas de menos de 18 años", agregó. "Una cantidad desproporcionada procedían de zonas rurales del país." En abril de este año, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación, y la Defensoría del Pueblo, por su parte, presentó el 28 de junio un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación. Ahora, la Asamblea Nacional tendrá seis meses para tramitarlo.