El Consejo de la Magistratura trató hoy un dictamen que desestimaba el pedido de juicio político presentado por el Ministerio de Trabajo contra los jueces laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes en enero pasado habían convalidado la paritaria bancaria firmada en noviembre de 2016 y le habían ordenado al Ejecutivo que se abstuviera de intervenir en la negociación colectiva entre el sindicato y las cámaras del sector.

Lejos de desestimar el planteo del Ejecutivo y aceptar el dictamen de los consejeros Luis María Cabral y Leónidas Moldes, que rechazaban el pedido de jury, el Consejo aceptó un nuevo planteo de la cartera laboral, que solicitó pruebas adicionales.

 En primer lugar, se envió un oficio a Facebook para averiguar si los magistrados hicieron comentarios contrarios al Poder Ejecutivo Nacional en la red social, que demostraría una supuesta animosidad contra el Gobierno por parte de los jueces. Además se solicitó analizar si existe retraso en la sentencia (si los jueces hicieron alguna maniobra para demorar el fallo de fondo) y se pidió una declaración testimonial a la titular de la Dirección de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo.

Fuentes cercanas al caso criticaron el nuevo pedido del Gobierno, por considerar que “no tiene relación con el planteo original”, que giraba alrededor de un supuesto mal desempeño de los jueces, y advirtieron que la investigación de las redes sociales de los magistrados es “una medida persecutoria, ya que no se busca saber si había expresiones de odio, sino hacer un seguimiento de las opiniones de los jueces". "El Gobierno defiende intereses generales, pero acá parece tener un interés particular", añadieron.

En su dictamen a favor de Arias Gibert y Marino, Moldes y Cabral consideraron que “no surge ninguna irregularidad en la actuación de los magistrados cuestionados” y que la denuncia de Trabajo –representado por el abogado Horacio Lambardi- “reposa en la mera discrepancia con la decisión adoptada por los jueces cuestionados, especialmente en la referida a la falta de participación del Ministerio de Trabajo”.

Moldes y Cabral rebatieron, en su dictamen,  cada uno de los seis puntos del pedido de juicio político, y afirmaron que “carece de total fundamento”. “En definitiva, el denunciante (el Poder Ejecutivo) sólo cuestiona la interpretación de los magistrados”, agregaron.

Los consejeros además remarcaron que el “Consejo de la Magistratura no puede constituirse en una nueva instancia cuando la pretensión del denunciante no ha encontrado el resultado deseado dentro del proceso”.

Además, Moldes y Cabral recordaron que el 16 de febrero de 2017, la Asociación Bancaria y las distintas cámaras del sector hicieron efectivo el acuerdo original, con lo cual el planteo del Ministerio de Trabajo podría, incluso, ser declarado abstracto.