El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió a la Legislatura porteña el proyecto de ley para ratificar el convenio con el Grupo IRSA que busca construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur. De aprobarse el convenio, IRSA concretará uno de sus históricos anhelos: levantar un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors bajo el nombre de "Costa Urbana". Para ello, necesitará que la Legislatura dé el visto bueno a los cambios de uso del terreno que todavía mantienen el uso deportivo y autorice a construir torres de hasta 145 metros. Desde la oposición porteña adelantaron a este diario que rechazarán el proyecto: "Privatizar el acceso a la Costanera es inconstitucional e ilegal", advirtieron.

El convenio estipula que IRSA, dueña desde 1997 de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva, cederá poco más del 67 por ciento del predio para espacios públicos, a cambio de construir sus torres en el terreno restante. Al igual que lo sucedido con la venta de Costa Salguero, el convenio entre IRSA y el GCBA fue presentado por ambas partes con el eje puesto en esta "cesión" privada para construir un parque público.

Sin embargo, de la letra chica del proyecto se desprende que el porcentaje concreto destinado a "Urbanización Parque", figura con que el Código Urbanístico define a los parques públicos, es solo del 36,7 por ciento. El resto del 67 por ciento "cedido" se compone, en primer lugar, de un 14,13 de la segunda zona propuesta por IRSA en el convenio: "bañados y/o espejos de agua existentes de uso público", es decir, agua del río que ya llega a las costas del predio o que IRSA podría hacer llegar a los terrenos de forma artificial.

La tercera zona propuesta por el holding empresarial de Eduardo Elsztain es la de urbanización. Como era de esperar, se trata del sector más amplio de los tres, y abarca el 49,10 por ciento de las más de 71 hectáreas del predio. Según el proyecto, el área de parcelamiento de esa zona abarcaría el 66,13 por ciento y el área pública el 33,87 por ciento, pero no se especifica a qué estará destinado este último porcentaje y si es eso lo que terminará de cerrar el 67 por ciento para espacio público.

Además, es el Código Urbanístico de la Ciudad el que estipula que en los emprendimientos urbanos superiores a 1,5 hectáreas la empresa desarrolladora está obligada a ceder gratuitamente entre el 25 y el 50 por ciento del total del predio. De hecho, el propio convenio enviado a la Legislatura dice de forma explícita que, del 67 por ciento "cedido", el 50 forma parte "de lo dispuesto por el artículo 4.1 del Código Urbanístico". Si se suma el porcentaje destinado a "Urbanización Parque" y a los "espejos de agua", apenas se supera ese 50 por ciento.

"También está el tema de las alturas de los edificios, se incrementa a 145 metros en el 11 por ciento de la superficie a construir, lo cual es un aumento del 50 por ciento de lo que habían anunciado", dijo a Página/12 Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Es que en el primer anuncio del acuerdo se había informado que la altura máxima de las torres sería de 98 metros, mientras que el proyecto actual establece una ampliación hasta los 145 metros en el 11 por ciento de la urbanización.

"Permite que un privado multiplique a miles de millones de dólares una inversión modificando un uso deportivo para consolidar el modelo de Larreta de priorizar la construcción de grandes torres, de 45 pisos en este caso, cuyos destinatarios son especuladores inmobiliarios y que luego quedan vacías", señaló a este diario Matías Barroetaveña, legislador porteño por el Frente de Todos. El diputado adelantó: "Nos vamos a oponer y esperamos que la movilización de la opinión pública los haga retroceder como lo ha hecho hasta el momento con la venta de Costa Salguero".

En este sentido, la diputada nacional (FdT) por CABA, Gisela Marziotta, señaló que "lejos de escuchar nuestro reclamo por la venta de la Costanera de Costa Salguero el gobierno local avanza con un nuevo proyecto costero que da la espalda a las necesidades de los vecinos y vecinas de la Ciudad. Claramente nos vamos a oponer y proponer alternativas sustentables para tener más espacios verdes de acceso público". Tanto Marziotta como Barroetaveña indicaron que el proyecto es inconstitucional: "Viola el artículo 8 de la Constitución que garantiza el uso público de la Costanera y la ley del Plan Urbano ambiental que prohíbe los barrios cerrados", dijo el legislador.

Desde el FdT relacionan el convenio de IRSA y el GCBA con las modificaciones a la Ley de Catastro aprobadas hace dos semanas en la Legislatura porteña, y que fueron cuestionadas por la oposición por tener artículos tendientes a posibilitar la existencia de barrios cerrados en la Ciudad. El punto del convenio que genera preocupación en este sentido es que en el texto solo se habla de la apertura de una "servidumbre de paso", pero no se especifica cómo serán las calles internas del barrio: "Al hablar de servidumbre de paso están hablando de un acceso que va a estar permitido para pasar al parque ¿y el resto no?", se preguntó Barroetaveña.

Por su parte, el vicepresidente del bloque del FdT y de la Comisión de Planeamiento Urbano, Javier Andrade, recordó a través de su cuenta de Twitter una de las preguntas realizadas al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en su última exposición ante el cuerpo legislativo: "Le preguntamos si podía garantizar que no iban a existir barrios cerrados y dijo que no tenían intenciones de avanzar con esos proyectos. A 21 días de eso, presentó el proyecto para el barrio cerrado de lujo de IRSA en la Costanera Sur", alertó el legislador.