En diciembre del año pasado se dictó la acordada 13245 de la Corte de Justicia de Salta, que definió como requisito excluyente para ingresar al Poder judicial, la capacitación en materia de perspectiva de género en el marco de la Ley Micaela Nº 27.499. Sin embargo, esas capacitaciones dejaron de efectuarse desde abril con el argumento de que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación no acreditó los nuevos contenidos. Por lo tanto, no es posible su certificación. 

La suspensión del dictado de dichos contenidos causó revuelo entre los movimientos feministas de la provincia, que en un comunicado afirmaron que se están incumpliendo los tratados internacionales y las legislaciones nacionales y provinciales que protegen los derechos de las mujeres y disidencias. 

Desde la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta, contaron a Salta/12 que desde mediados de abril se dejaron de dar las capacitaciones porque "no se podía validar (la certificación) hasta que se validaran los nuevos contenidos". Se aclaró que la cartera nacional debe validar a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que es a través de la cuál se dan los cursos en Salta. Aunque señalaron que ese reconocimiento ya está realizado y se confirmó a este medio que una vez que concluya la feria judicial, que será la semana entrante, se retomará el dictado de estas capacitaciones.  

La Oficina de la Mujer sostuvo que tras el cambio del gobierno nacional también se produjo el cambio de las autoridades de aplicación en relación a estas capacitaciones. Hasta el macrismo, lo fue el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), pero con la creación del Ministerio a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, este organismo pasó a ocupar ese cargo. 

De allí salió la resolución ministerial 64/21, que dispuso un nuevo procedimiento administrativo para la certificación de capacitaciones en el marco de la Ley Micaela. 

No obstante, la cartera de Gómez Alcorta aclaró a Salta/12 que su área "no certifica contenidos de los programas provinciales", sino que "son los órganos de aplicación de cada provincia" quienes lo hacen, definiendo incluso sus contenidos. En el caso de Salta, viene a ser el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mariana Reyes, que no respondió a la consulta de este medio.

Desde el Poder Judicial de Salta confirmaron que los contenidos actuales aprobados se reúnen en cuatro ejes: la perspectiva de género, las violencias contra las mujeres en el ámbito doméstico, la debida diligencia (que refiere a cuáles son los deberes del Estado conforme a las obligaciones que deben tratar en materia de mujeres). Y, como último eje, se encuentra la diversidad sexual. Cada tema aborda las exposiciones teóricas y la comprensión de contenidos en determinados casos mediante actividades prácticas. 

"Este nuevo curso es mucho más ambicioso" en relación a los contenidos anteriores, afirmaron. Su implementación se iniciará a nivel federal mediante un proceso de formación de replicadores y replicadoras para aprender a usar el material. Con la nueva diagramación, el curso de Ley Micaela será de tres semanas, a diferencia de los 4 días que duraban los cursos anteriores. Además, tendrá un taller de cierre que será sincrónico, donde se analizarán casos y se dará la validación, en caso de corresponder.  

Antes de la Ley Micaela, desde 2012 los trabajadores del Poder Judicial de todo el país debían realizar talleres en perspectiva de género. Estos se daba en dos partes. Por un lado, se dictaban los talleres a los integrantes de la Corte de Justicia de Salta, jueces, secretarios, letrados, personal administrativo y de maestranza. 

Por el otro,  la dotación de cuerpos técnicos, como ser los trabajadores sociales y psicólogas de las oficinas de servicios social, de psicología y de las secretarías de Derechos Humanos y Tutelar. Se incluyó también a todo el personal de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta. 

Desde la Oficina de la Mujer de la Corte de Salta contaron que también se dieron los cursos de perspectiva de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que son obligatorios para concursar ante el Consejo de la Magistratura de Salta. Hasta fines de 2018 y con la sanción de la nueva ley nacional, se conoció que en el país se capacitó en género a más de 34 mil personas del Poder Judicial, y que en el caso de Salta, fueron alrededor de 1.500 personas.  

No es inocente

Para la representante del Foro de Mujeres por la Igualdad, Irene Cari, la suspensión de las capacitaciones "no es nada inocente", teniendo en cuenta todas las realidades que viven las mujeres salteñas. Afirmó que son constamente revictimizadas por los trabajadores judiciales, tomando como ejemplo los procesos judiciales para exigir la cuota alimentaria de sus hijos. 

"No es nada de improvisación, es más, es una cuestión política e ideológica de la Justicia contra las mujeres y el avance de las legislaciones nacionales", cuestionó. Por eso, dijo que en Salta no sorprende tal acción porque "vivimos en una sociedad muy avasallada por una pensamiento religioso, directamente vinculado al Opus Dei recalcitrante", que avanza contra los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. 

Aseguró que la disputa ideológica viene desde hace años y un ejemplo de ello es ls lucha por lograr una real aplicación de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas de Salta. 

Los movimientos feministas de la provincia se pronunciaron rápidamente tras saber de la suspensión de las capacitaciones en el Poder Judicial salteño En un comunicado afirmaron que la decisión de los jueces de la Corte de Justicia de Salta, es un incumplimiento a los tratados internacionales y legislaciones nacionales y provinciales que protegen los derechos de las mujeres y disidencias.

"En lo que va del año ya se contabilizan siete femicidios, muchas de ellas no fueron protegidas por los operadores y funcionarios del Poder Judicial, por falta de perspectiva de género", apuntaron. Sin dejar de señalar que la Oficina de Violencia Familiar y Género no atiende los fines de semana ni las 24 horas, aún cuando se sabe estadísticamente que los hechos de violencia se producen en horas de la noche y los fines de semana.

Reiteraron que lo dispuesto "no hace más que reforzar la violencia y desigualdades a la hora del tratamiento de las causas que afectan a las mujeres y a las pobres y víctimas de la violencia de género". "Como movimientos de mujeres feministas de pensamientos plurales nos pronunciamos indignadas y repudiamos esta decisión", manifestaron, agregando que el cumplimiento de la Ley Micaela no es una opción, al igual que el respeto por los derechos conquistados por las mujeres.