"Nada me repara esos 23 años"

María Eugenia tenía una rutina en su cabeza para cumplir con lo que Oscar Racco ordenaba. Durante 23 años vivió sometida y amenazada por su pareja, en una casa de Santiago al 3500, sin poder tener contacto con su familia. Los golpes eran constantes y las amenazas muy precisas: el agresor sabía todos los movimientos del hijo de la mujer, de quien también la había separado. Un día de mayo de 2019, su captor tuvo ganas de ir al baño, y por el apuro, no puso los dos candados con los que aseguraba la puerta. María Eugenia aprovechó y, muerta de miedo, logró escaparse y correr dos cuadras. La semana que viene, ese hombre se sentará en el banquillo, acusado por varios delitos cometidos contra la mujer: reducción a la servidumbre, privación ilegitima de la libertad y abuso sexual reiterado son las figuras penales por las que la fiscal Luciana Vallarella pedirá 18 años de prisión, en el marco de una causa que no tiene antecedentes en la Justicia local. "Espero que la condena sean los 18 años que me prometieron, que no me alcanza para reparar todo lo que me tocó vivir con mi familia, y en mi vida", expresa la mujer de 44 años, que hoy vive en otra ciudad, donde vende pastafrola en la calle, limpia casas, cuida enfermos. Terminó la secundaria. Y sigue estudiando. Es masajista terapéutica, aunque por la pandemia no consigue trabajo. Teme que, si la condena es menor, el acusado tome represalias con su hijo, que sí vive en Rosario.  

María Eugenia valoró "lo que hizo Fiscalía, lo que hizo Género de Rosario" y también el área de género del lugar donde vive, que se reserva porque el miedo sigue operando, después de vivir 23 años de violencia. Para el debate, que comienza el martes que viene, se esperan testimonios de cerca de 40 testigos que hablarán frente al tribunal compuesto por los jueces Nicolás Vico Gimena, Rafael Coria y Nicolás Foppiani.

"Salió con su DNI, algo de plata, las cartas de su padre --que le fueron escondidas por años-- y una foto de su hijo". Así relató la fiscal Vallarella, durante la audiencia preliminar, lo que sucedió aquella jornada del 8 de mayo de 2019, cuando María Eugenia se liberó de Racco. La mujer --que durante los primeros tiempos de encierro quedaba atada a la pata de una cama cuando él salía-- corrió unas cuantas cuadras, se escondió detrás de un volquete porque tenía miedo de que algún vecino la delatara, y la obligaran a volver a la casa y en Oroño y bulevar Seguí se subió a un taxi. Fue a una estación de servicio, donde pidió una guía de teléfono para reconstruir los vínculos con su familia. Una tía le contó que tanto la hermana como la madre se habían ido de la ciudad, a otra provincia. Un primo la cobijó en el primer momento, y luego pasó veinte días en una casa de amparo municipal. En realidad, el DNI de María Eugenia lo tenía Racco, pero un día -después de las elecciones- él le ordenó que lo guardase con otros papeles. Ella se lo escondió en una zapatilla, siempre con temor de que él la descubriera. 

Los sometimientos del acusado de 57 años salieron a la luz una vez que la víctima pudo huir de la casa donde permanecía bajo amenazas, sometimientos, órdenes y golpes, desde muy joven. A María Eugenia le llevó tiempo tomar coraje para completar las denuncias. Las secuelas físicas de los golpes y abusos sexuales están en su cuerpo, y el terror acumulado durante 23 años en su mente. En ese momento intervino el equipo de género de la Municipalidad y la mujer recuperó el contacto con sus familiares y un hijo que tenía de una relación anterior, al que tampoco veía. Cuando Racco la conoció, ella estaba recién separada. El control que él ejerció fue creciendo y, cuando ella quiso romper el vínculo, él se encargó de aislarla de la familia. La encerró en 1996. Antes, la rapó y le puso ropas masculinas, para que -si la buscaban- no pudieran reconocerla. 

La denuncia llegó a la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación, el 17 de mayo de ese año. Racco fue detenido días después y la imputación se hizo en los primeros días de junio, con orden de prisión preventiva, por el delito de privación de la libertad. 

El testimonio de la víctima llevó a que, poco después, también fuera acusado por abuso sexual con acceso carnal y reducción a la servidumbre. De su relato surgió que vivía en la planta alta de la casa de los padres del acusado. Si bien ella llegó a pensar que su familia ya no la buscaba, cuando murió la madre de Racco, encontró cartas de su padre que permanecieron escondidas por años. En el caso también estuvo implicado el padre del agresor, aunque falleció tiempo después de ser imputado como partícipe, con pleno conocimiento de la situación de sometimiento.

"En los primeros años, ella era encadenada a una pata de la cama --cuando Racco no estaba-- en la planta superior de la vivienda, y tenía que golpear el piso con un palo para que la madre del acusado (que aún estaba viva) la llevara al baño", relató la fiscal en una de las audiencias en las que se fueron sumando datos estremecedores. Incluso, que le hacía usar otro nombre. En el barrio creían que se llamaba Lucía. Los vecinos decían que nunca la veían sola; siempre estaba con él. 

Ayer, en diálogo con este diario, la fiscal señaló como antecedente que en Buenos Aires hubo una causa por un hecho de reducción a la servidumbre en contexto de relación de pareja. "Es un hecho muy particular, no tenemos otro similar. Lo que planteamos es que se da una situación de reducción a la servidumbre, que comúnmente aparece en casos de trata. Acá se trata de algo que comienza con una relación de noviazgo, pero que luego se da una cuestión que ella claramente no elige", indicó. Lo que busca la Fiscalía es una condena que permita reparar. "Es una manera muy mínima de darle una reparación, porque no hay forma de que nadie le devuelva los más de 20 años que perdió, donde no pudo decidir nada en relación a su vida y que la alejó de la gente a la que quiere y que la quiere".