La Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) lanzó un duro comunicado, titulado –con toda la vehemencia que implica- “Otra vuelta de Obligado”, donde cuestiona fuertemente la falta de pago a los autores y creadores del país por parte de las plataformas digitales extranjeras, en tiempos en que el reinado de Netflix no ocupa el trono en soledad. “La soberanía audiovisual argentina está atravesando un momento crítico, debido a que muchas plataformas extranjeras que brindan servicios, tanto de video como de audio, en nuestro país, desconocen las leyes nacionales, entre ellas, el derecho de autor”, comienza el comunicado de la Junta Directiva de Argentores.

La excusa por la que las plataformas no pagan el derecho de autor a los autores argentinos es que al no tener domicilio legal en el país, no están obligadas a cumplir con sus leyes “y siguen moviéndose en un limbo legal que pretenden eternizar porque resulta muy conveniente a sus intereses”, según manifiestan desde la entidad. Argentores denuncia que “rechazan cualquier clase de regulación por parte del Estado que implique una pérdida de beneficios económicos”. Y, a la vez, advierte que, a raíz de esta falta de regulación, “son muchos los creadores y creadoras que no reciben pago alguno de estas plataformas por la comunicación pública de sus obras”.

“Así, injustamente, estas empresas internacionales multimillonarias, con miles de usuarios premium que les permiten remitir a sus países de origen ganancias fenomenales contadas en millones de dólares anuales se nutren, gratis, de los contenidos de nuestros creadores y creadoras, empobreciéndolos, apropiándose indebidamente de su trabajo y obturando la posibilidad de que se fortalezca la industria nacional audiovisual”.

Pero la denuncia de Argentores también interpela al Estado argentino: “Consideramos que el Estado debe tomar como política pública la defensa de las obras argentinas y sus creadores, haciendo cumplir las leyes nacionales a las plataformas extranjeras, a las que debe exigirles tener domicilio en el país”, subrayan desde la entidad. Por eso entienden que se deben generar nuevas leyes y marcos regulatorios que permitan desarrollar, fomentar y proteger la industria local, “dado que la situación actual produce daño tal como si se abriera, indiscriminadamente y sin gravamen alguno, la importación de productos que se fabrican en el país”.

¿Qué significaría y qué implicaría regular a las plataformas?, es la pregunta que se desprende. Para Argentores significaría, en primer lugar, “eliminar las asimetrías que existen entre los distintos actores de la cadena de valor del audiovisual, impidiendo a los más poderosos imponer su voracidad e implicaría, en consecuencia, otorgar a los creadores las herramientas necesarias para que puedan ejercer sus legítimos derechos”.

Pero además el comunicado señala que esta situación no sólo comprende lo económico y legal sino que también afecta “la identidad cultural de nuestro pueblo”, dado que no proteger a quienes son más vulnerables “es, en sí mismo, un atentado a la cultura de hoy, pero sobre todo a la que nos espera en el futuro. Nada quedará si el Estado no cuida a sus artistas”, vuelve a reclamar la entidad. “Argentores, firme en la defensa de los derechos morales y económicos de autoras y autores argentinos, está empeñado en conseguir, de manera urgente y necesaria, esta regulación por parte del Estado Nacional”.

Y el comunicado concluye sin medias tintas: “Sabemos que ese es el camino para lograr que autoras y autores puedan cobrar por la utilización de sus obras -que no es otra cosa que su salario por ser trabajadores y trabajadoras de la cultura- como les corresponde por ley y así terminar de una vez por todas con la ilegalidad a que nos vemos sometidos”.

El comunicado de Argentores se suma a una extensa lista de reclamos de la comunidad audiovisual argentina preocupada, entre otros aspectos, por la falta de implementación de un impuesto a las plataformas que, de concretarse, podría significar un incremento considerable del presupuesto del Fondo de Fomento Cinematográfico, que administra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Sin embargo, el FFC está en peligro por leyes derivadas de la administración macrista, según vienen denunciando diversas asociaciones. “La Comunidad Audiovisual manifiesta su apoyo al Fondo de Fomento Cinematográfico que se encuentra en peligro de caducidad”, señalaba el comunicado en apoyo al FFC, de hace unas semanas, que firmaban Cecilia Roth, Cristina Banegas, Vanessa Ragone, Mempo Giardinelli, Mirta Busnelli, Lucía Cedrón, Osmar Nuñez, Pablo Rovito, María Seonae, Gustavo Fontán, Diego Lerman, Ana Katz, Jazmín Stuart, Diego Velázquez, Liliana Mazure, Lorena Muñoz, Julieta Zylberberg, Rita Cortese y Sandra Gugliotta, entre otras personalidades y numerosas entidades vinculadas al quehacer cinematográfico. El apoyo cuenta con más de dos mil firmas de actrices, actores, músicos, guionistas, directoras y directores de cine, productores, técnicos audiovisuales, representantes de la cultura y público en general, a modo personal y con cuarenta asociaciones y agrupaciones de cine y audiovisual de todo el país.

¿Cuál es la problemática? La Ley 17741 establece que el Fondo de Fomento Cinematográfico se nutre principalmente de dos impuestos: uno a la exhibición en salas, a cargo del espectador, y otro proveniente de lo recaudado por el ENACOM, a cargo de los licenciatarios, entre otros ingresos como donaciones o recupero en la devolución de créditos a la producción y el alquiler de videos. “En diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo escabulló un artículo en un proyecto que tuvo tratamiento express en ambas Cámaras, la Ley 27.432. En el marco de la aprobación del Presupuesto General para 2018, se incluyó entre los incisos del artículo 4° la voluntad ajustadora para arremeter con lo que venía siendo una bandera de la política de Estado de Argentina: la asignación específica de fondos para sostener producciones audiovisuales, imponiéndose por primera vez un plazo de vencimiento”, señalaba el comunicado.

Vale destacar que de no derogarse estos incisos o prorrogarse el plazo establecido para diciembre de 2022 los gravámenes seguirán existiendo, pero ingresarán en adelante a Rentas generales del Estado y no de forma directa al Fondo de Fomento Cinematográfico. “El Incaa quedaría sin recursos propios para funcionar dependiendo de lo que cada año se le asigne en la Ley de Presupuesto y perdiendo su carácter de autarquía definido en su ley fundante”, subrayaba aquel comunicado que puso en estado de alerta a toda la comunidad audiovisual argentina.

En ese contexto, el colectivo argentino denominado Espacio Audiovisual Nacional (EAN) presentó un nuevo proyecto de Ley para la Producción Audiovisual, que grave a las nuevas tecnologías y plataformas digitales. Según el EAN, "no se trata aquí de un texto 'cerrado' sino y, por el contrario, de un punto de partida para abrir el diálogo, escuchar nuevas propuestas e ideas, colaborar y trabajar en conjunto para lograr el necesario consenso que una normativa como esta requiere". En los considerandos el EAN también señala: “Existen gran cantidad de negocios comerciales multinacionales que facturan cifras millonarias a los usuarios locales, a través de las nuevas tecnologías digitales de oferta y exhibición de contenidos audiovisuales. Estas empresas no contribuyen, en la real medida en la que deberían, a fortalecer la producción local".