Al menos 21 personas detenidas murieron en dos cárceles de Ecuador y otras 50 quedaron heridas durante motines que luego fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales. La versión oficial habla de “enfrentamientos entre internos” en los que también hubo algunos policías heridos e intentos de fuga.

Los hechos ocurrieron en la prisión ubicada en la provincia costera de Guayas, al suroeste del país, y en la de Cotopaxi, al centro de Ecuador. En la primera prisión se registraron 8 muertos y en la segunda 13.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) señaló que grupos élite de la policía "retomaron el control" en ambas prisiones, tras los intentos de fuga en que fueron recapturados al menos 45 internos.

La noche anterior, en Cotopaxi, hubo otro intento de fuga, cuando al menos 70 presos se apostaron en la puerta principal del complejo carcelario y fueron contenidos por operativo policial que evitó escapes durante la revuelta.


Las cárceles de Guayas y de Cotopaxi fueron dos de las cuatro prisiones en las que se produjeron sangrientas revueltas simultáneas en febrero de este año. Por esos días hubo 79 reclusos muertos y una veintena de heridos.

Esos incidentes dejaron escenas aterradoras, como cuerpos decapitados. Luego de esto, la semana pasada la Policía Nacional ecuatoriana detuvieron a una persona que intentó ingresar a la cárcel de Guayaquil fusiles, pistolas, explosivos y municiones.

La situación carcelaria en Ecuador


Ecuador tiene alrededor de 60 cárceles con capacidad para albergar a 30 mil personas, pero en la actualidad aloja cerca de 39 mil reclusos bajo la custodia de unos 1.500 guardias. Según expertos, se necesitan 4 mil agentes para ejercer un control efectivo de las cárceles.

El índice de hacinamiento en las prisiones del país bordea el 30 por ciento. En 2020, según la Defensoría del Pueblo, hubo 103 asesinatos en las cárceles.

En medio de la pandemia y para reducir la población carcelaria, Ecuador aplicó medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42 a 30 por ciento la sobrepoblación de las prisiones.