Desde los cambios introducidos por la dictadura cívico-militar, la economía viró a una de carácter bimonetario, en la que la moneda nacional restringió parte de su uso como medio de pago y unidad de cuenta, y lo perdió como reserva de valor.
De esta forma, clases medias y altas recurren permanentemente al dólar ya no solo para las importaciones o el turismo al exterior, sino también para el atesoramiento.
Luego del boom agroexportador de principios de este siglo, que permitió una importante entrada de dólares, el propio crecimiento del país, con su consecuente suba de importaciones, turismo y sobre todo atesoramiento, llevó a que las divisas se tornen paulatinamente insuficientes.
La economía entonces recurrió en 2011 al mal denominado “cepo” cambiario, que refiere a una herramienta que inmoviliza a su objeto. A partir de ese año, los dólares se podían seguir adquiriendo aunque bajo estrictas regulaciones.
Formación de activos externos
Durante el gobierno de Macri se dio un fuerte giro a esta política, y comenzó a utilizarse el endeudamiento externo para generar un ingreso de dólares, ya no genuino, y de esta forma volver a desregular el mercado cambiario.
Técnicamente, esto se llevó adelante a través de la Comunicación A 5850 del BCRA con fecha 17 de diciembre de 2015, que dejó sin efecto la consulta y el registro de operaciones cambiarias. Se autorizó la compra de hasta dos millones de dólares por persona y por mes, lo cual luego se amplió a cinco millones y más tarde se liberó de forma ilimitada.
Todo esto facilitó la denominada “formación de activos externos”, es decir la fuga de capitales. De esta forma, durante 2017 se fugaron 19.164 millones de dólares; en 2018, 29.079 millones; y en 2019, 34.818 millones.
La imposibilidad de seguir abasteciendo con endeudamiento externo estos niveles de fuga, record a nivel mundial, produjo una corrida cambiaria que hizo subir el dólar 62 por ciento en 2019, variación que se trasladó a la inflación. Ello llevó al gobierno macrista a incumplir una más de sus promesas de campaña, como lo era el acceso libre al dólar. A través de la resolución A 6770 del 1° de septiembre de 2019 se fijó un monto máximo de extracción de 10 mil dólares mensuales por persona, lo que se profundizó al mes siguiente, con la nueva resolución A 6815 del BCRA, que reducía este monto a solo 200 dólares.
Regreso del control de cambios
Frente a una dinámica ya iniciada de constante sangría de dólares, el control se profundizó llevando al nuevo gobierno de Alberto Fernández a sancionar la ley 27541. Entre otros puntos esa norma incluyó un recargo impositivo del 30 por ciento para la adquisición de dólares, lo cual se probó insuficiente para frenar la fuga de dólares. Entonces en septiembre de 2020 se emitió la resolución 2020 de la AFIP que agregó un 35 por ciento de recargo para la compra de los 200 dólares o de su gasto con tarjeta de crédito en el exterior, a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
Estas acciones llevaron a que en 2020 la fuga se redujera a 10.155 millones de dólares y que incluso en el primer trimestre de este año se verificara un superávit en dicho rubro.
Por eso, la evidencia histórica muestra que el país no puede desarrollarse sin algún tipo de control de cambios, pues cuando durante el gobierno macrista se intentó, finalmente, tuvo que dejarse de lado esas desregulaciones, debido a la fuerte fuga de capitales.
La fuga junto con la pandemia explican el delicado presente económico, sin financiamiento externo y tensión cambiaria, que sólo está amortiguada por un elemento fortuito de la suba de commodities y de la administración del comercio exterior.
* Doctor en Economía (UNLaM).
** Magíster en Economía (Flacso).
