La Legislatura porteña inició este jueves el tratamiento del convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA para construir un barrio de torres de lujo en la Costanera Sur. En reunión informativa de comisiones, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano insistieron en presentar el proyecto como una "recuperación de tierras" gracias a la "cesión" privada, como ya lo habían hecho con la venta de los predios de Costa Salguero. En tanto, desde la oposición cuestionaron varios puntos de lo que consideran una "nueva privatización del acceso al río": denunciaron que el porcentaje de los terrenos "cedidos" para un parque verde es menor al que se publicita y advirtieron sobre la posibilidad de que las calles internas del barrio estén cerradas al acceso público.
El acuerdo entre IRSA y el GCBA fue anunciado durante la segunda semana de julio. El pasado lunes se firmó el convenio formal, el martes ingresó a la Legislatura y este jueves ya se realizó la primera reunión informativa. Mientras se desarrollaba el plenario de comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, a las casillas de correo de los legisladores llegaba la citación para una nueva reunión el próximo lunes, donde el oficialismo buscará dar dictamen al proyecto. "Es una cargada, mientras están informando nos convocan para el lunes. Saben que la opinión pública está en contra y lo tratan de hacer a las apuradas", advirtió durante la reunión Matías Barroetaveña, legislador del Frente de Todos (FdT).
Antes de iniciar el plenario, se leyeron 16 correos electrónicos enviados por organizaciones sociales y vecinos de la ciudad: todos ellos estaban en contra del proyecto. "Vamos en camino a que se construya la segunda audiencia pública más grande de la historia de la ciudad", dijo Javier Andrade, vicepresidente del bloque del FdT y de la Comisión de Planeamiento, en referencia a la masiva audiencia realizada en el marco de la discusión de la privatización de Costa Salguero.
La reunión informativa fue encabezada por el secretario de desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, que presentó el convenio con una serie de filminas. "Gracias a herramientas de gestión de políticas públicas podemos recuperar más de 50 hectáreas para el disfrute de los vecinos de la ciudad", inició García Resta, en relación al 67,5 por ciento del predio de 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors que, a cambio de poder construir torres de hasta 145 metros de alto, IRSA "cederá" al GCBA. En palabras del propio funcionario, se trata de "la parcela privada más grande de la ciudad".
El cuestionamiento a la composición del porcentaje "cedido" fue uno de los ejes en que se centraron las intervenciones de la oposición. Como advirtió este diario, los legisladores mencionaron que el porcentaje del total del terreno que el convenio establece para "Urbanización Parque", figura con que el Código Urbanístico define a los parques públicos, es solo del 36,7 por ciento, poco más de la mitad del publicitado 67,5. El resto de lo "cedido" estará compuesto de calles o peatonales y por "bañados y/o espejos de agua existentes de uso público", es decir, el río que ya llega a las costas del predio o que IRSA podría hacer llegar a los terrenos de forma artificial. "Será una laguna interior al mejor estilo Nordelta, para usos comerciales o de deportes acuáticos", señaló Andrade.
También Andrade advirtió sobre otra inquietud que genera el proyecto: la posibilidad de que las calles internas estén cerradas al acceso público. Es que el convenio que debate la Legislatura establece que la parcela urbanística será dada de alta en base a la última actualización de la Ley de Catastro, cuestionada por la oposición por tener artículos tendientes a habilitar los barrios cerrados en la ciudad, como el reemplazo de la figura "calle" por "vía pública".
"Los condicionantes que antes aplicaban a las calles en general ahora aplican solo a la vía pública. Con esta diferenciación que hace el proyecto podrían existir calles que no fueran de dominio público sino del dominio privado", había explicado Andrade entonces, y ahora sostuvo que el convenio, al incluirse en los lineamientos de la nueva normativa, "contempla que puede haber vías que no sean públicas, dar de alta la parcela y construir vías internas del emprendimiento".
En tanto, Barroetaveña coincidió en que "si va a haber calles privadas, estamos hablando de barrio cerrado, llámenlo como quieran, pero no se va a poder circular ahí". Además, el legislador consideró que el convenio es "inconstitucional": "La Constitución de la Ciudad en su articulo 8 es clara al hablar del acceso público de la costanera", dijo. A la hora de las respuestas a los cuestionamientos de los legisladores, Nicolás Pakgojz, jefe de Gabinete de la Secretaría, aseguró que "no va a ser barrio cerrado, todas las calles que se abran serán de dominio público".
En las intervenciones de la oposición también se mencionó la falta de estudios sobre el impacto que la construcción de las torres podría tener en la zona, tanto en la aledaña Reserva Ecológica como en el vecino Barrio Rodrigo Bueno. "Se habla de rellenos del río y de aperturas de canales de agua en el predio, ¿han tenido en cuenta el impacto ambiental?", se preguntó Andrade, mientras que Barroetaveña agregó que "no hay ningún plan de integración con el Barrio Rodrigo Bueno".
