El gobierno nacional amplió la denuncia que realizó por el contrabando agravado de armamentos enviados por el expresidente Mauricio Macri, junto a algunos de sus exministros como Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), y que fueron entregados a los golpistas bolivianos. En esa ampliación, que ya se encuentra en el despacho del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, hay algunos elementos que bien pueden considerarse clave a la hora de probar el contrabando. Tal como anticipó Página/12, allí figura --entre otros-- uno de los elementos más contundentes y que no es otro que el manifiesto de vuelo del Hércules C-130 donde se transportó a los gendarmes y el material bélico. Ese documento no incluye las 70 mil balas de goma y mucho menos los 100 spray de Gas lacrimógeno y casi 600 granadas de gas que se distribuyó --según informó la justicia de Bolivia-- entre la policía y la Fuerza Aérea de ese país. Incluso allí se encuentra identificado el oficial de Gendarmería que coordinó la entrega del armamento con los golpistas bolivianos. Elementos que complican, por ahora, a los responsables de esas fuerzas y también a la conducción política de los ministerios que autorizaron todas las maniobras.

Tanto el juez López Biscayart como el fiscal Claudio Navas Rial recibieron de manera presencial la ampliación de la denuncia, un escrito de 23 fojas que incluye quince documentos oficiales que, para los ministros denunciantes, comprueban el delito de contrabando. En ese mismo acto, el juez incorporó como querellante a la Dirección General de Aduanas.

Para el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el hallazgo de parte del armamento argentino en depósitos de la policía boliviana "confirma que las autoridades argentinas falsearon los permisos y las declaraciones juradas aduaneras y administrativas" porque resultó falaz la finalidad de la misión encomendada a los efectivos del grupo Alacrán, que era brindarle "seguridad y protección" al embajador argentino y la embajada.

En ese sentido señalan que la máxima autoridad estatal de entonces, Mauricio Macri junto a sus ministros, configuraron "una maniobra engañosa y premeditada" para ocultar el envío de armamentos que tenían como verdadero objetivo "enviar parte de ese material a las Fuerzas Armadas bolivianas, en el marco de un golpe de estado llevado a cabo por esas mismas fuerzas". 

Por supuesto que, como afirmó la titular de Dirección General de Aduanas, Silvia Traverso, es necesario confirmar de manera fehaciente que las municiones exhibidas por el gobierno de Bolivia son efectivamente los que se transportaron en el avión de la Fuerza Aérea Argentina en la noche del 12 de noviembre de 2019. Esto es: que lo encontrado en Bolivia coincida con la documentación aportada en la ampliación de la denuncia que realizó el gobierno de Alberto Fernández.

Según el escrito en poder de López Biscayart, el lote de cartuchos antitumulto Nº 08-2018 que aparecen en las imágenes emitidas por el gobierno de Bolivia "fue adquirido" por la entonces ministra Patricia Bullricha en noviembre de 2018 a la sede Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares.

El manifiesto

Quizá el punto más importante de la documentación presentada es el manifiesto del vuelo que realizó el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Ese documento "incluye, dentro de un cuantioso listado de armamentos y municiones, únicamente 3.600 cartuchos de calibre 12/70, con remitente y destino GNA, y ninguna granada".

El manifiesto es del 12 de noviembre de 2019, el día que partieron los integrantes del grupo Alacrán. Ese mismo día, comandante mayor Fabián Manuel Salas, jefe de dicha agrupación, envió un fax a la Fuerza Aérea donde afirma que sus subordinados trasladarán, además de lo ya declarado, 70 mil cartuchos, los spray de gas lacrimógeno más 61 granadas de mano gas de hostigamiento; 160 granadas de mano; y 360 granadas de mano. 

El dato paródijo y que resaltan los denunciantes es que Salas afirma que esta cantidad de material extra que llevan "son los utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración al orden público”. Pese al aviso de Salas, en el manifiesto de vuelo no aparece mencionado ese armamento. Entonces es posible pensar que hubo intención de ocultarlo y si la justicia argentina prueba que el material bélico es el que se halló en Bolivia, el delito de contrabando estaría básicamente probado.

Por otra parte, la demanda incorporó un documento que muestra que el vuelo “fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa ‘de forma verbal’ al por entonces Jefe de Estado Mayor General de la FAA”. Para los denunciantes esto representa la prueba de la participación del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El rol de Caliba

Tal como anticipó este diario, en la ampliación de la denuncia aparece la figura del comandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, quien según consta en la demanda fue el responsable del retiro de la carga del Hércules. Cuatro días después, el 17 de noviembre Caliba le informa al entonces jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, que había participado de una reunión convocada "por la nueva conducción de la Policía Boliviana", esto es, la fuerza de seguridad que respondía a la golpista Jeanine Áñez. 

En ese informe, Caliba afirma que el tema a tratar fue "la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición". En esa nota, Caliba sostiene que "conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”.

Para los denunciantes esto representa "la primera documentación oficial" de la intención de la policía de Bolivia de obtener material represivo pero, sobre todo, "el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas".

Entre los uniformados de Gendarmería hay preocupación por el avance de la investigación judicial y, por supuesto, la posibilidad de quedar acusados. Según trascendió, hubo contactos con quienes fueron sus autoridades civiles de entonces pero hasta ahora no obtuvieron respuesta.