Los vecinos que desde agosto de 2013 luchan por la recuperación del Cine Teatro Urquiza hallaron otro obstáculo en su camino: la Legislatura porteña desestimó un proyecto para la protección del edificio, presentado por la Defensoría del Pueblo. “Quieren archivarlo. Y para ello invocaron un informe trucho, falaz y arbitrario. Sentimos desprotección y vergüenza ajena”, protestó Octavio Martín, quien impulsó esta lucha. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió. El objetivo de los vecinos es la creación de un “multiespacio cultural” en el otrora cine–teatro de Parque Patricios.

El último capítulo de esta larga y entreverada historia sucedió el jueves de la semana pasada: una reunión de diputados de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, en la que fue desestimado un proyecto presentado por el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, que busca proteger el edificio de Avenida Caseros 2826. Según relataron los vecinos en un comunicado, los legisladores del Pro no hablaron. Simplemente, uno de ellos leyó un informe del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (Caap) y, gracias a la mayoría parlamentaria, definió archivar la iniciativa. “Ahora debería pasar a Planeamiento Urbano, con una recomendación negativa”, explicaron.

El edificio fue cine-teatro desde la década del 20 hasta la del 70. Después hubo una concesionaria de autos, propiedad de Juan Manuel Fangio, y en los últimos tiempos un supermercado chino. Pertenece a la firma Establecimientos Campana y permanece cerrado desde 2013. A partir de entonces, vecinos que no se conocían las caras se movilizaron para recuperarlo. Presentaron montones de proyectos a la Legislatura porteña que quedaron en la nada. Lograron que el inmueble quedara momentáneamente protegido por una medida cautelar y aguardan un amparo. Incluso y pese a esta cautelar, tuvieron que frenar varias veces a la Guardia de Auxilio del gobierno porteño en ataques al edificio. El informe del Caap, “realizado desde el exterior del cine-teatro”, es el argumento del macrismo para sentenciar que carece de valor patrimonial.

“Se basa en dos fotos que tomaron desde la vereda. Son un par de renglones. Dice que, como funcionó ahí un supermercado, el edificio no está en condiciones de ser catalogado”, añadió Karina Cicovin, otra vecina involucrada en el movimiento por la recuperación. Tanto el proyecto de Amor como otro redactado por los vecinos buscan salvar al inmueble de una posible demolición, ya que existe el temor de que sus dueños lo tiren abajo para construir un edificio de oficinas de nueve pisos. Hay un tercer proyecto de ley que, esperan, sea tratado en la Comisión de Cultura, con otro objetivo: la expropiación. La catalogación para la protección es, entonces, el primer paso para la recuperación.

Personalidades de la cultura, espacios culturales, profesionales y otras entidades se han sumado al reclamo en todos estos años. De la reunión del jueves participó la arquitecta Laura Weber, en representación de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, quien sostuvo que el viejo cine presenta “indudables” valores arquitectónicos y una “indiscutible impronta de significancia” para la historia y la cultura de Parque Patricios. También estuvieron los arquitectos Carlos Blanco y Bárbara Rossen (de Basta de Demoler y la Defensoría del Pueblo, respectivamente) y el ingeniero Manuel Vila García (presidente del Foro de la Memoria de Parque Patricios). Al pedido se sumaron la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Amigos de la zona y el Club Atlético Huracán. “El conflicto abarca lo patrimonial, lo cultural e incluso lo comercial. El sector comercial sostiene que es necesario este espacio para que haya más movimiento en el barrio”, contó Martín. “Quieren desarrollar un polo tecnológico. Los negocios inmobiliarios son más fuertes. No somos inocentes”, sostuvo Cicovin. El pedido de los vecinos se apoya en la Constitución, el artículo 3 de la Ley de Comunas, la ley porteña 4104 (de teatros y cines teatros), pronunciaciones internacionales y de la UNESCO.

“Con esta actitud, el Pro –único bloque que no ha apoyado nuestro reclamo– está favoreciendo a un presunto negocio inmobiliario en perjuicio del restablecimiento de un bastión cultural y social. El Caap desestima el valor patrimonial, los legisladores se apoyan sólo en un informe y la Dirección General de Interpretación Urbanística (Degiur) da las autorizaciones para demoler. Dicen también que el edificio está en malas condiciones. Con ese criterio, te pueden tirar abajo el Coliseo Romano”, se quejó Martín. “El jueves no hubo debate. Lo que quieren es cansarnos. Pero, de ser necesario, iremos a la Corte Suprema de Justicia”, adelantó. De momento, según indicó Cicovin, exigen que se rehaga el informe de la Caap, “con una inspección en el lugar y con la presencia de todas las partes”.