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Las regulaciones en materia ambiental están cada vez más cerca de incidir sobre la política de comercio exterior de los países centrales. La Comisión Europea presentó días atrás una propuesta para aplicar un impuesto a la importación de insumos como acero, aluminio, fertilizantes y cemento siempre que en los países de origen la producción involucre más emisión de carbono que el límite impuesto por la propia UE. Una iniciativa similar fue presentada el Partido Demócrata en los Estados Unidos.
Estas propuestas se inscriben en un escenario de urgencia por la crisis climática. Están acompañadas por ambiciosos proyectos de descarbonización en las economías centrales, planes de forestación y protección de los ecosistemas. El tema se juega al máximo nivel diplomático global, ya que las principales afectadas en términos absolutos son las exportaciones de potencias como China, Rusia y Turquía. Sin medidas paliativas para los países periféricos, traerían nuevos condicionamientos y una profundización de las desigualdades.
Nuevo impuesto
Días atrás, la Comisión Europea envío al Parlamento regional una propuesta para aplicar un impuesto a la importación de insumos como acero, aluminio, cemento, fertilizantes y electricidad siempre que su producción haya implicado una emisión de carbono superior a determinados límites definidos por la Unión Europea. Si bien hay un camino político por transitar, los antecedentes de la UE en materia ambiental permiten avizorar una perspectiva favorable para la implementación.
Se trataría de la primera medida de comercio exterior anclada en un criterio ambiental. Comenzaría a regir en 2026. Hasta ese momento, las empresas y los gobiernos de la UE tendrán que ir adaptándose a estándares cada vez más exigentes de control de las emisiones de carbono.
El grado de emisión de carbono depende de la matriz energética nacional junto con el tipo de producción de energía por parte de la empresa si la hubiere, eficiencia de procesos, economía circular, métodos de captación de carbono y reutilización de desechos, entre otras variables. Como sea, las empresas perderían competitividad al realizar la adaptación para reducir sus emisiones. Entonces, el "impuesto a la importación de carbono" evitaría que dichas firmas se vayan de la UE para producir en el exterior.
Incógnitas
Hay varias dudas sobre el posible funcionamiento del "proteccionismo verde". Por un lado está el hecho de que el criterio para definir cuánta emisión de carbono supone determinada producción va a recaer en la UE con parámetros aún no definidos, aunque se deja la puerta abierta a que las empresas o países puedan contratar un servicio propio de medición. Dicho control es clave porque puede definir si un producto sufre o no el impuesto y por lo tanto queda adentro o afuera del mercado.
Tampoco se sabe si el impuesto irá acompañado por un trato especial favorable a los países periféricos, tanto en términos comerciales y de financiamiento para apalancar la transición energética como de la transferencia tecnológica.
Otro de los frentes que se abrirá si prospera este impuesto es en la OMC. "Hay un escenario incierto para alcanzar consenso sobre esta temática en el plano multilateral ante la resistencia de países como China, Rusia, India y Brasil, que consideran que se trata en realidad de una restricción encubierta del comercio internacional. Este avance unilateral por parte de la Unión Europea probablemente sea impugnado por otros Miembros dentro del sistema multilateral de comercio", explica Juan Manuel Padín, investigador de la Universidad de Quilmes.
La escalera
"Más allá de la situación acuciante en materia climática, la UE quiere beneficiarse de hacer el primer movimiento y definir ella las reglas. Esto obliga a la Argentina a empezar a contemplar la variable climática como un eje de la planificación porque de lo contrario el costo de la adaptación en materia de normas será todavía más alto", considera Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario.
Por su parte, senadores del Partido Demócrata en los Estados Unidos presentaron un proyecto similar que busca aplicar desde 2024 una suerte de arancel sobre el 12 por ciento de las importaciones en petróleo, carbón, aluminio, acero, hierro y cemento. El arancel irá acompañado por un impuesto a las emisiones de carbono de las empresas locales.
La lectura favorable a las nuevas regulaciones es que van a incentivar en forma global la transición energética hacia tecnologías más limpias. Sin embargo, la falta de recursos y de financiamiento en otros países implica que si el esquema se extiende en el hemisferio Norte, va a amplificar las desigualdades con el Sur. En otras palabras, sería una nueva "patada a la escalera del desarrollo".
"El debate sobre los temas ambientales se inserta en un marco general de revisión de las reglas del comercio internacional que es poco receptivo de las preocupaciones de los países de la periferia pero cuyo impacto podría tener consecuencias gravosas para el desarrollo, particularmente en el caso argentino", concluye Padín.
