El Congreso se abocará a indagar qué rol jugó la inteligencia argentina en el golpe de Estado de Bolivia, cuya intervención fue señalada por el propio Evo Morales. Después de que estallara el escándalo por el envío de municiones a Bolivia por el que terminó imputado por contrabando agravado el propio Mauricio Macri, ahora la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, quiere saber si agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y enviados de la Gendarmería aportaron a la desestabilización del gobierno de Morales.

En la primera semana de agosto, la Bicameral se reunirá para abrir un nuevo sumario de investigación sobre el capítulo Bolivia. La pesquisa quedará en manos de una subcomisión, como la que en mayo del año pasado se dedicó a investigar el espionaje durante el gobierno de Macri que derivó en la presentación de un informe que denunció la existencia de un Estado mafioso.

Por el momento, la comisión que conduce Moreau está recolectando información. Le pedirá a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, los legajos de los hombres de la Agencia que estuvieron apostados en Bolivia. La información preliminar indica que se trataría de dos agentes: uno que estaba destinado a La Paz y otro a Santa Cruz de la Sierra.

El nombre del agente que estaba apostado en La Paz y que habría tenido una fluida comunicación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) salió a la luz por una filtración en un portal llamado Behind Back Doors. Se trata de José Sánchez, quien pasó a retiro a principios de la intervención de Caamaño. Según la información filtrada, Sánchez aportó perfiles ideológicos de diplomáticos a la inteligencia de Estados Unidos y, para hacerlo, pidió la colaboración de otras agencias de inteligencia de la región. Todo esto sucedió antes del golpe, ya que lo devolvieron al país en octubre de 2019. Una de las curiosidades es que Sánchez fue gendarme antes de incorporarse a la exSIDE.

El otro agente que prestó funciones en Bolivia sigue en actividad. Qué sucedió en Bolivia es parte de lo que debe desentrañar la investigación administrativa que lleva adelante la AFI y, en las próximas semanas, la Bicameral de Inteligencia. Dentro de las facultades de la Bicameral está citar tanto a agentes en actividad como a aquellos que ya pasaron a retiro.No se descarta que eso pueda pasar con los dos que funcionaron como enlaces en Bolivia. Ninguno de los dos agentes entró a los servicios durante la gestión de Gustavo Arribas, por lo que pudo reconstruir este diario.

Los gendarmes

La Bicameral tiene otro punto en agenda: la ligazón de la Gendarmería con los servicios. En ese sentido, la comisión que preside Moreau le pedirá al Ministerio de Seguridad que informe si había agentes de inteligencia de esa fuerza apostados en Bolivia y a la AFI qué exgendarmes se incorporaron a sus filas. Además de Sánchez, se conoce un caso de un gendarme que saltó de la zona de influencia de Patricia Bullrich al corazón de la propia AFI: Jorge Domínguez. El “Potro” Domínguez fue el jefe de Inteligencia de la Gendarmería, fuerza a la que ingresó en 1984 y dejó en 2019 para sumarse a la Agencia. Allí fue directo al Departamento de Delitos Complejos, que funcionaba bajo la órbita de la dirección operacional de Contrainteligencia. Ahora, los diputados y senadores quieren saber si hubo otros casos.

La Gendarmería quedó en el centro de la escena de todo el episodio de Bolivia porque fue la fuerza que envió efectivos y la que sacó las 70.000 balas antitumulto que habrían terminado en manos de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Policía de Bolivia. Ya están imputados por contrabando agravado su exjefe de la fuerza Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski (que fue quien pidió las autorizaciones para sacar el material represivo en noviembre de 2019) y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde, quien informó en julio del año pasado que los gendarmes se habían gastado los 70.000 cartuchos en entrenamientos.

Después de que el gobierno ampliara la denuncia contra Macri y compañía, otros dos gendarmes quedaron en la mira de la justicia: el exjefe del Grupo Alacrán Fabián Salas --que justificó en un fax que envió a la Fuerza Aérea Argentina la salida de las municiones-- y Adolfo Caliba, que oficiaba de agregado de la Gendarmería y sería el nexo con la Policía de Bolivia. La ministra Sabina Frederic dispuso la realización de un sumario interno y pasó a disponibilidad tanto a Yavorski, Recalde, Salas y Caliba hasta en tanto se aclare su participación en el envío de municiones para apoyar el golpe en Bolivia. En el juzgado de Javier López Biscayart esperan los avances de ese sumario mientras el fiscal Claudio Navas Rial decide si amplía el conjunto de investigados.

La coordinación regional

El gobierno de Bolivia denuncia que se está ante un nuevo Plan Cóndor, como se conoció a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años ‘70. Uno de los elementos que tiene la Bicameral de Inteligencia para desentrañar es el rol que pudo haber jugado la llamada Red de Inteligencia Sudamericana frente al Crimen Organizado y Terrorismo (RISCOT).

La red RISCOT se conformó en 2019. “Por iniciativa mía y con una profunda colaboración del sistema brasileño”, se jactó Arribas ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Esa red está integrada por Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. Durante el último año de la gestión Arribas, la red tuvo sus dos únicas reuniones: una que se hizo el 28 de agosto de 2019 en Río de Janeiro y otra que tuvo lugar entre el 17 y 18 de octubre de 2019 en Chile. Había un encuentro en agenda que no llegó a hacerse y su sede iba a ser en Colombia. La última reunión coincidió con las masivas movilizaciones sociales en Chile y fue menos de un mes antes del golpe de Bolivia. Nadie volvió a convocarla, quizá por el cambio de signo político en alguno de los países que la integran.

A priori, en las actas de la red RISCOT no surge ningún informe sobre Bolivia, aunque nadie descarta que no haya estado en el temario del organismo sponsoreado por Arribas, que, como el Cóndor de los ‘70, incluso tenía una red cifrada y secreta de comunicación, según publicó el diario chileno La Tercera. En el gobierno de Bolivia cuentan con informes preliminares que dan cuenta de la participación de la inteligencia argentina en favor del golpe.