Tres oficiales de la ya extinta Policía Metropolitana serán enjuiciados, el miércoles próximo por su accionar en el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín en 2013, que dejó como saldo tres personas heridas con balas de plomo. Un equipo de coordinación compuesto por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y varias agrupaciones políticas confirmó el inicio del proceso judicial y aclaró que “es un juicio contra la policía de Macri, ya que no hay diferencia entre Metropolitana o de la Ciudad, son los mismos integrantes”. Los tres efectivos son acusados de tentativa de homicidio calificado, cuya pena puede llegar hasta los 25 años de prisión.
“Esa noche hubo una clara intención de reprimir, de tirar a matar”. El relato le pertenece a Esteban Ruffa, uno de los dos periodistas baleados, la madrugada del 13 de marzo de 2013, cerca del Centro Cultural San Martín cuando realizaban una cobertura del desalojo dispuesto por la Policía Metropolitana. En la Sala de Prensa de la Legislatura porteña, el mismo Ruffa –fotógrafo de AnRed– volvió a recordar aquella noche, algo que hace habitualmente, incluso hasta cuando camina: en su pierna todavía conserva el plomo de la escopeta Mossberg 12/70 que fue gatillada por un oficial de la policía. “La orden era que no registremos nada del desalojo que sufrían los residentes de la Sala Alberdi. Por eso, ni bien me acerqué al San Martín fui perseguido, varias cuadras, por los policías que disparaban. El tiro lo recibí cuando estaba de espaldas, en la avenida Corrientes, sacando fotos”, comentó Ruffa.
A la represión del 13 de marzo de 2013, contó María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, le siguió una acción similar once días después, para desalojar definitivamente a los ocupantes de la Sala Alberdi. “Luego se abrió de oficio una causa judicial de la que sólo se pudo avanzar contra los autores materiales, en este caso, los policías que dispararon las balas de plomo. Sin embargo, la fiscalía no quiso profundizar e investigar a los responsables políticos: el jefe de gobierno de la Ciudad de aquel entonces, Mauricio Macri, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y Hernán Lombardi, quien desde la cartera de Cultura porteña impulsó el desalojo en el San Martín”, explicó Verdú a PáginaI12.
Los oficiales mayores de la Policía Metropolitana Gabriel Pereyra De La Rosa y Miguel Antonio Ledesma, y el oficial Nelson Acosta, de la misma fuerza, fueron imputados, luego de la represión, por tentativa de homicidio calificado. El último agravante, que aumenta la condena en caso de ser declarado culpable, se corresponde por pertenecer a una fuerza de seguridad. “Como querellantes vamos a pedir la pena máxima para este delito, que es de 25 años. Tenemos las imágenes, videos y las evidencias que comprueban que los policías dispararon balas de plomo. Es más, en el allanamiento de la casa de Pereyra De La Rosa encontraron miles de cartuchos de la misma escopeta que usó aquella noche”, dijo la abogada de Correpi.
El juicio se iniciará el próximo miércoles, en la sala que le corresponde al Tribunal Oral N°7 en lo Criminal, en el sexto piso de Tribunales. Sin embargo, los representantes de las entidades aseguraron que “por motivos políticos, la fecha fue movida durante varios meses”. “Querían que la sentencia salga cuando la Metropolitana ya no existiera más, así el impacto es mucho menor”, argumentó Verdú, quien luego cedió la palabra a Germán de los Santos, el otro periodista baleado en el desalojo. “No importa el nombre de la fuerza, la policía que reprimió fue la de Macri. Esta política represiva no es casualidad: se repitió en el Borda, en el Indoamericano y en este último tiempo con los docentes y la manifestación de mujeres”, indicó el “Polaco” –así se presentó– de los Santos. Aquella noche de 2013, el periodista de RNMA fue herido en su muslo por el mismo grupo de policías que habían disparado, cinco minutos antes, contra Ruffa.
“Vine a apoyar a estas víctimas de la represión policial. Cuatro años atrás estuve en las calles luchando con ellos para evitar el desalojo y ahora estoy nuevamente acá”, dijo a este diario, mientras esperaba el comienzo de la conferencia de prensa, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. La dirigente remarcó que “hay que prestar atención al momento actual que estamos viviendo” y agregó que “hoy, es el propio Estado que no quiere que salgamos a la calle para reclamar por nuestros derechos”.
Los últimos discursos correspondieron a los legisladores porteños que apoyaron la causa durante estos años. En su exposición, Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, nombró los últimos casos de corrupción policial que salieron a luz en las últimas semanas y explicó que “los negociados de la Policía son un vuelto que ellos mismos reciben de los políticos, para efectivamente tener esta postura de represión contra los trabajadores”.
Informe: Jeremías Batagelj.
